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El Gobierno envió al Congreso el proyecto de “reparación histórica” para jubilados

El Gobierno envió la noche del martes a la Cámara de Diputados el proyecto de ley para realizar una “reparación histórica” a más de dos millones de jubilados e impulsar el blanqueo de capitales.

La iniciativa, que ingresó a las 21:15 a la Cámara baja, contempla los capítulos del Programa de Reparación Histórica, Consejo de Sustentabilidad Previsional, Pensión Universal para el Adulto Mayor, Ratificación de acuerdos con Provincias, y Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). También contempla los capítulos asociados al denominado “sinceramiento fiscal”, iniciativa con la que el Gobierno busca aumentar las arcas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para que pueda hacer frente al reajuste jubilatorio.

La iniciativa, que fue presentada ante la Mesa de Entradas de la Cámara baja, será analizada desde el jueves en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Previsión Social. La discusión tendrá la presencia del titular de la ANSES, Emilio Basavilbaso; del titular de la AFIP, Alberto Abad; del viceministro de Economía, Pedro Lacoste; y del secretario de Coordinación Interministerial, Mario Quintana.

El texto contempla el pago a los jubilados que tienen sentencia firme y la recomposición de los haberes mal liquidados en los últimos años, lo que beneficiará a más de dos millones de ciudadanos de la clase pasiva, y la creación de una pensión universal de vejez.

 

El gobierno podrá vender activos de la ANSES para pagar aumentos y juicios a jubilados

El proyecto que envió el Gobierno al Congreso establece que los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES podrán liquidarse para pagar los aumentos y los juicios de los jubilados.

Si se aprueba el proyecto, el FGS del ente previsional deberá adecuarse en un plazo máximo de cuatro años para establecer sus inversiones a una serie de nuevos parámetros de inversión.

El primero de los artículos que afecta al fondo es el 26, que establece que los recursos del FGS, incluida la liquidación de activos, podrán usarse para pagar lo que el Estado les debe a los jubilados por los juicios previsionales y para hacer frente al ajuste en los haberes.

Los lineamientos generales establecen que las inversiones se harán según “criterios de seguridad y rentabilidad adecuados”.

 

Al final, gobernadores, legisladores y jueces podrán adherir al blanqueo de capitales

El proyecto de blanqueo de capitales que empezará a ser discutido el jueves en comisiones del Congreso permite a gobernadores, legisladores y jueces adherir al plan de exteriorización de capitales, lo cual promete seguir desatando controversia en el seno de la alianza Cambiemos, donde algunos dirigentes reclaman excluir a todos los funcionarios de esa posibilidad.

Así surge de la iniciativa que el Gobierno nacional envió a la Cámara de Diputados y desde este jueves a las 13:00 en el Anexo C de la Cámara de Diputados será debatido en comisiones.

Este proyecto de ley ómnibus está destinado a saldar la deuda histórica con los jubilados, crear un régimen de blanqueo de capitales y formalizar el acuerdo con las provincias para la devolución del 15% de coparticipación retenido desde 1992 por el Pacto Fiscal para financiar a la ANSES.

Tras la reunión de comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Previsión Social, se espera que el debate continúe la semana próxima, con la posibilidad de emitir dictamen para ser tratado en sesión.

El Gobierno cedió a la exigencia formulada por la líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, y el radicalismo para que los funcionarios públicos no puedan acceder al blanqueo, restricción que alcanza a quienes hayan ocupado cargos desde el 1 de enero de 2010. Pero el proyecto presentado no dice nada sobre integrantes de los poderes legislativo y judicial y tampoco restringe a funcionarios o ex funcionarios provinciales, de los tres poderes estatales.

El presidente Mauricio Macri dejó en manos de los legisladores la autoexclusión de la iniciativa e incluso la decisión de sacar a los miembros del Poder Judicial de la posibilidad de exteriorizar capitales antes de enero.

En declaraciones radiales, el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Baja, el diputado oficialista Luciano Laspina, dijo que es para “debatir” en el Congreso que legisladores y jueces no puedan adherir al blanqueo. “La verdad es que tendría que verlo. Es para debatirlo. Tendría que revisar la redacción. Me cuesta pensar que no estén alcanzados en el caso de los legisladores”, dijo el legislador al ser consultado.

El artículo 81 de la iniciativa precisa que los excluidos son: Presidente y Vicepresidente de la Nación: Jefe de Gabinete de Ministros, Ministro, Secretario o Subsecretario; Interventor Federal; Síndico General de la Nación; embajador y cónsul; Personal de las fuerzas armadas y de seguridad con jerarquía no menor a coronel o equivalente; y Rector, decano o secretario de universidades nacionales. También quedan fuera funcionarios o empleados encargados de otorgar habilitaciones administrativas; integrantes de organismos de control de servicios públicos privatizados; y quienes pertenecen a comisiones de adjudicación de licitaciones o compras.

Tampoco pueden blanquear funcionarios que tengan a su cargo la administración de patrimonio público; y el personal de inteligencia, sin distinción de grados.

 

Fuente: Noticias Argentinas

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