Levantaron el secreto fiscal de Cristina y sus hijos en la causa Hotesur
El juez federal Julián Ercolini dispuso el lunes el levantamiento del secreto fiscal para que se pueda acceder a toda la información impositiva reservada de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y de sus hijos, Máximo y Florencia, en el marco de la causa “Hotesur”, en el que se investigan presuntas maniobras de lavado de dinero entre empresarios ligados al kirchnerismo y la firma hotelera propiedad de la familia.
El magistrado respondió con este fallo a un pedido del fiscal federal Gerardo Pollicita, que había considerado “necesario recabar información fiscal de las personas físicas y jurídicas que se encuentran vinculadas a aquella maniobra materia de pesquisa”. La medida solicitada por Pollicita incluye además a los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López y al expresidente Néstor Kirchner, al considerar que, si bien falleció en 2010, es relevante analizar su situación económica para la causa por haber sido accionista de Hotesur.
“Considero que en los términos propuestos por los representantes de la vindicta pública, resulta oportuna, pertinente y útil al curso de la pesquisa la medida impetrada, por lo que dispondré de conformidad el levantamiento del secreto fiscal (Art. 101 de la Ley 11.683), respecto de las personas físicas y jurídicas que a continuación se detallarán, y con relación a los períodos de interés”, expresó Ercolini.
En su resolución, el juez federal especificó que el secreto se levanta sobre 21 empresas, entras las cuales están “Austral Construcciones S.A., Badial S.A., Alucom Autral S.R.L., Loscalzo y Del Curto construcciones S.R.L., La Aldea del Chalten S.A., Hostería el Retorno S.A., y Alcalis de la Patagonia S.A.”. En cuanto a personas físicas, la medida alcanza, además de la familia Kirchner, a Lázaro Báez, Martín Báez, Leandro Báez, Adrián Berni, Romina Mercado, Osvaldo Sanfelice, Patricio Pereyra Arandia, Ricardo Albornoz, Cristóbal López, Edith Gelvez, Fernando Butti, Carlos Franchi, Andrea Cantin, Emilio Martín, Roberto Gómez, José Del Curto, María Andreuzzi Yansen, Francisco Anglesio y María Anglesio, entre otros.
“En virtud de ello, en atención al levantamiento del secreto fiscal, líbrese oficio dirigido al titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, a efectos de poner en conocimiento que deberá arbitrar los medios necesarios para remitir directamente a la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 11″ datos sobra las personas indicadas”, señaló Ercolini.
El fiscal Pollicita había pedido el levantamiento del secreto el viernes pasado, para poder acceder a toda la información impositiva reservada de la expresidenta y de sus hijos. La intención del fiscal es saber el estado patrimonial y la evolución económica de los investigados y determinar las relaciones entre las sociedades y personas investigadas en la causa.
En la causa Hotesur se investigan maniobras de lavado de dinero a raíz de que la firma Valle Mitre, de Báez, alquilaba habitaciones a aquella firma de Alto Calafate, de Cristina, pero que las mismas nunca se ocupaban realmente. En el pedido de Pollicita se reclamó información sobre los implicados como contribuyentes, los bienes registrables (ya sea automotres, aeronaves o embarcaciones), participaciones societarias, locación de bienes y transferencia contables electrónicas.
Stolbizer amplió su denuncia contra Cristina
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue denunciada el lunes como líder de una “asociación ilícita” destinada a cometer delitos relacionados con la obra pública durante su gestión. La presentación la hizo la diputada Margarita Stolbizer a través de su abogada Silvia Martínez, tanto en la causa Hotesur como Los Sauces, a cargo de los jueces Julián Ercolini y Claudio Bonadio, respectivamente.
En ambos casos, se investigan posibles retornos millonarios por parte de empresarios como Lázaro Báez o Cristobal López a los Kirchner, a cambio de la adjudicación de obras estatales o la evasión de impuestos.
“Desde el año 2003 y en el período que corresponde a las Presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, diferentes funcionarios públicos (inclusive los presidentes mencionados) y empresarios privados claramente identificados por sus vínculos personales con aquellos, conformaron una asociación ilícita vinculada a la obra pública”, sostuvo Stolbizer. Según su denuncia, “existía una organización interna con roles y deberes determinados cuyo jefe o cabeza de la banda era la familia Kirchner”.
La abogada precisó, al respecto, que están involucrados distintos ministros y miembros de su Gabinete, entre los cuales mencionó al detenido exsecretario José López, al exministro de Planificación Julio De Vido, al exadministrador de Vialidad Nacional Nélson Periotti, así como el empresario patagónico Báez. “Creemos que se otorgaba obras a Báez con sobreprecios y después él lo devolvía”, explicó.
Cristina ya venía siendo investigada en ambas causas, pero por los delitos de “lavado de dinero” y “cohecho”. Ahora Stolbizer, que es querellante en los dos expedientes, reclama una figura más grave: la de asociación ilícita. Una vez hecha la presentación en ambos juzgados, los magistrados darán vista a la Fiscalía (Gerardo Pollicita por Hotesur y Carlos Rívolo por Los Sauces), para que determine si corresponde ampliar las investigaciones e imputar a la expresidenta por este delito, que prevé hasta diez años de prisión.
“El responsable principal de esa organización (ya que no sólo se unieron para cometer delito, sino que efectivamente los cometieron) fue hasta el año 2010 Néstor Kirchner y con posterioridad Cristina Fernández de Kirchner”, añadió. Stolbizer aseguró que “la mayor inversión en obra pública se destino a la provincia de Santa Cruz y el 80% de esas obras las ganó el empresario Lázaro Báez, hoy procesado por lavado de dinero e investigado por varios otros delitos”.
Según la investigación, se sospecha que Lázaro Báez y Cristobal López pagaron millones de pesos en alquiler de plazas hoteleras y/o complejos habitacionales de firmas que pertenecen a los Kirchner y que no se ocuparon.
Respecto a Báez, la denuncia sostiene que fueron un total de 51 obras públicas que recibió de manos del Gobierno, que representan un valor de más de 16.386 millones de pesos, y que “sólo se han finalizado 24”. Una de ellas fue la construcción de la ruta provincial 47 que une la ruta 3 con Puerto Deseado, y “la cual es la más cara del mundo”.
En tanto, López está acusado de retener 8 mil millones de pesos que debía pagar de Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC) por cada litro de combustible que vendía a través de su red de estaciones de servicio de la marca Oil.
Se sospecha que los alquileres que pagaba a los Kirchner por departamentos que supuestamente no usaba eran un modo de retribuirle sus servicios por no demandarle el cobro de deudas impositivas.
Tras la presentación, la diputada Stolbizer desestimó que “sea necesario unificar las causas Hotesur y Los Sauces”, al tiempo que insistió en que durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner hubo empresarios que “facilitaron el enriquecimiento” de funcionarios. “No creo que sea necesario unificar la causa Hotesur y Los Sauces”, sostuvo Stolbizer, al tiempo que evaluó que “el Banco Nación le permitía acceder a préstamos a los que nadie accedía a Lázaro Báez”.
En declaraciones a AM 950 Belgrano, la líder del GEN también advirtió que “la UIF (Unidad de Información Financiera) fue funcional o cómplice de Báez” y agregó: “Para que eso fuese posible hizo falta una organización y una asociación entre varias personas, que se armó con la finalidad de cometer el delito”.
Fuente: Noticias Argentinas