Allanaron propiedades de Cristina por orden del juez Bonadio
El juez federal Claudio Bonadio dispuso el jueves la realización de 11 allanamientos en inmuebles propiedad de la firma Los Sauces de Cristina Fernández de Kirchner y ordenó obtener documentación en áreas de la Gobernación de Santa Cruz, en el marco de la causa en la que la expresidenta está acusada de presunto enriquecimiento ilícito y falsificación de documento público.
Los procedimientos fueron llevados a cabo por personal de la Policía Federal Argentina (PFA) en los distritos santacruceños de Río Gallegos, El Calafate y El Chaltén, sobre inmuebles de Los Sauces, empresa en la que son socios Cristina, Máximo y Florencia Kirchner.
En la capital santacruceña fueron allanados un complejo de departamentos. Además, se registraron procedimientos en inmobiliarias de Máximo Kirchner y oficinas del contador Víctor Manzanares, entre otras propiedades.
Personal especializado requisó la Municipalidad y la Gobernación de Santa Cruz en búsqueda de información catastral y de rentas sobre propiedades de la expresidenta.
Por orden del magistrado federal, la municipalidad de El Calafate también fue allanada para obtener documentación del mismo tipo, en tanto que en el Chaltén se realizó un procedimiento en el hotel La Aldea.
Cristina cuestionó fuertemente los operativos ordenados por Bonadio y denunció “abuso de poder” y “persecución política” en su contra. “Hacía tiempo, décadas diría, que no se veía un abuso de poder y persecución política semejante”, recalcó la exjefa de Estado en su cuenta de la red social Twitter.
La causa judicial, iniciada por una denuncia de la diputada nacional Margarita Stolbizer, investiga el presunto pago de millonarios alquileres de plazas hoteleras y/o complejos habitacionales de la firma Los Sauces, que pertenecen a la familia Kirchner, por parte de los empresarios Lázaro Báez y Cristobal López. El juez federal ya había ordenado allanamientos por Los Sauces en las administradoras de los consorcios de un edificio de Puerto Madero y de otro en Monserrat, donde la firma de los Kirchner tiene propiedades.
Inicialmente, la diputada Stolbizer había denunciado por enriquecimiento ilícito y falsificación de documento público a la expresidenta y su hijo Máximo, y luego con el aval del fiscal Carlos Rívolo sumó el delito de cohecho. Puntualmente, Stolbizer sostuvo que a través de los alquileres los empresarios vinculados al kirchnerismo pagaban “sumas millonarias” como sobornos, a cambio de la adjudicación de obras estatales o la evasión de impuestos.
Bonadio ya investiga a Cristina en la causa por la venta de dólar a futuro, por la cual fue procesada, y fue incluso denunciado por la exmandataria ante el Consejo de la Magistratura por presunto mal desempeño en sus funciones, por lo cual pidió sin éxito la destitución.
En la causa Los Sauces se investiga una maniobra similar a Hotesur, pero en lugar del alquiler de habitaciones de hotel, lo que se indaga es el alquiler de departamentos pertenecientes a Los Sauces que rentaban los empresarios Báez y López.
La Cámara Federal ordenó investigar a Cristina por presuntos negocios de obra pública con el grupo Báez
La Sala II de la Cámara Federal confirmó el jueves el procesamiento con prisión preventiva de Lázaro Báez y ordenó al juez Sebastián Casanello investigar a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por la “cuantiosa adjudicación de obra pública” al empresario patagónico.
“Sin perjuicio de lo que pudiera resultar de otros procesos, es de la lógica más elemental sospechar acerca de la íntima relación existente entre la cuantiosa adjudicación de obra pública a Báez (y su grupo económico) y las referidas relaciones del nombrado con los expresidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández”, sostuvo el Tribunal en el fallo.
La Cámara encomendó entonces a Casanello “que se avance sobre las sospechas que vinculan a la procedencia ilícita de los bienes, con la larga lista de adjudicaciones de obras públicas que beneficiaron a empresas de Lázaro Báez, en forma paralela a las relaciones, cuanto menos, personales y comerciales que lo unían con las más altas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional y a la posible decisión directa o influencia ejercida para que ello ocurra”. “Al respecto, la posibilidad de un acuerdo de voluntades, con permanencia en el tiempo y división de roles, fue hace tiempo introducida en la causa como hipótesis, sin que se la haya profundizado debidamente”, añadió la Cámara, definición esta que tipifica el delito de asociación ilícita.
Lázaro Báez está procesado por dos maniobras de lavado de dinero.
En una por la presunta utilización de facturación apócrifa, que se reflejó en los varios millones de pesos que se contaron en la financiera SGI, más conocida como “La Rosadita”. Por ese hecho está procesado con prisión preventiva el empresario y su contador Daniel Pérez Gadín; mientras que el Tribunal también ratificó el procesamiento pero sin detención de Martín Báez, de César Fernández, titular de SGI; Fabián Rossi; Walter Zanzot, de la empresa Top Air; y Sebastián Pérez Gadin.
Lázaro y su hijo Martín a su vez también están procesados por otra maniobra de auto lavado, que son los 208 millones de pesos que la firma suiza Helvetic Service Group depositó en las cuentas de Austral Construcciones, y que según el empresario se trataba de un préstamo para pelear la licitación para la construcción de las represas Jorge Cepernic y Néstor Kirchner.
La Cámara, que a su vez tiene para evaluar la recusación planteada por Leandro Báez contra el juez Casanello, confirmó así el primer procesamiento sobre Báez, por el cual se dispuso su detención el 5 de abril pasado.
En primer término, los jueces ratificaron la validez de las imágenes de las cámaras de seguridad de SGI, en donde se ve a los imputados contando millones de dólares, al rechazar los planteos de nulidad contra el video. “Resulta válido considerar como ilícito precedente al fraude impositivo proveniente de la utilización de facturas apócrifas de las empresas Calvento S.A; Grupo Penta S.A.; Terrafari S.A y Constructora Patagónica S.A. en la contabilidad de Austral Construcciones”, sostuvo la Cámara.
En ese sentido, el Tribunal remarcó que “las imágenes” de SGI “resultan elocuentes para documentar a quiénes pertenecía el dinero que se ve siendo manipulado por distintas personas que detentaban cargos y funciones de diversa importancia en una firma que sabían que no estaba habilitada para realizar ninguna transacción financiera con dinero de terceros y sin embargo recibieron bolsos con una abultada cantidad de moneda extranjera”.
Los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah, en reiteradas veces críticos hacia Casanello, recordaron que desde el primer requerimiento fiscal se “desdibujó ese cuadro fáctico y que a partir de entonces, la investigación fue llevada adelante desde una óptica segmentada lo que conllevó a múltiples recomendaciones de esta Sala en pos del desarrollo de una instrucción global y pareja”. El fallo del Tribunal coincide con el reclamo de Lázaro Báez y sus hijos para que no sólo se los investigue a ellos, sino también a exfuncionarios como Cristina, quien había sido imputada tras la declaración de Leonardo Fariña como “arrepentido”, al asegurar que la exmandataria habría reclamado dinero mal habido al empresario.
“La sospecha sobre el origen delictivo de esos fondos aparece expuesta claramente a partir de la fundamental actividad económica del principal imputado hasta ahora (la construcción), gestada a consecuencia y/o con estrecha relación de sus conocidos vínculos (personales y comerciales) con el exintendente de Río Gallegos, exgobernador de Santa Cruz y expresidente de la Nación Néstor Kirchner y su esposa, Cristina Kirchner”, añadió la Sala. Así remarcó que “es de sentido común concluir que resulta inviable pretender enfocar la instrucción en el extraordinario incremento patrimonial –ilícito- que exhibió Lázaro Báez, sin adentrarse a analizar su relación con el cuadro de conexiones y manejos mencionado”.
No es la primera vez que se pone bajo la lupa la relación Lázaro Báez y Cristina. A ambos se los investiga por presuntos negocios ilícitos en el caso Hotesur o “Los Sauces”, a raíz del alquiler de hoteles y complejos habitacionales, respectivamente; y en la mega causa por asociación ilícita iniciada ya en 2008. “Se torna necesario que se avance sobre las sospechas que vinculan a la procedencia ilícita de los bienes, con la larga lista de adjudicaciones de obras públicas que beneficiaron a empresas de Lázaro Báez, en forma paralela a las relaciones -cuanto menos- personales y comerciales que lo unían con las más altas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional”, concluyó la Cámara.
Fuente: Noticias Argentinas