Los fiscales Pollicita y Mahiques piden indagar a Cristina por fraude al Estado

Los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques pidieron el martes la indagatoria de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por presunto fraude al Estado en la concesión de obras públicas al empresario Lázaro Báez.

Los fiscales argumentaron que entre 2003 y 2015 “se montó una estructura funcional orientada a la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación discrecional” de obras públicas adjudicadas a favor de Báez por más de 16 millones de pesos. Fuentes judiciales informaron que los fiscales presentaron ante el juez Julián Ercolini un dictamen de más de 180 carillas en el que además solicitan la inhibición general de bienes de la exmandataria así como un total de 34 indagatorias.

“Los últimos doce años existió una decisión desde la cúpula del Poder Ejecutivo de enriquecer con fondos públicos al empresario Lázaro Antonio Báez y su planificación tuvo origen días antes a la asunción del expresidente Néstor Carlos Kirchner en el año 2003”, sostuvieron los fiscales. En ese sentido, remarcaron que días antes de la asunción de Néstor Kirchner en la Presidencia, el empresario Báez, por aquel entonces monotritubista, con sólo 3 mil pesos conformó junto a dos socios la empresa Austral Construcciones, el primer paso de una trama que los fiscales describieron en cuatro etapas.

El segundo paso de la maniobra, por la cual la fiscalía acusó a Cristina por administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública, consistió en nombrar una serie de funcionarios públicos de confianza del exmatrimonio presidencial que los “acompañaban desde la Intendencia de Río Gallegos y la Gobernación de Santa Cruz para cubrir los puestos clave en materia de elaboración de la política nacional en obra vial, y de adjudicación, ejecución y control de las obras públicas”. Entre estos funcionarios de confianza se menciona a Julio De Vido, entonces ministro de Planificación Federal; José López, secretario de Obras Públicas; Nelson Periotti, en la Dirección Nacional de Vialidad; y Carlos Kirchner, en la Subsecretaria de Coordinación de Obra Pública.

Luego, según la acusación fiscal, le siguió la concentración económica de las obras públicas en Santa Cruz, de donde los Kirchner son oriundos, pues se le concedió el 11,2% del presupuesto entre 2003 y 2015, lo que equivale a los fondos que recibieron en total por el mismo concepto otras ocho provincias: La Pampa, Tierra del Fuego, Jujuy, San Luis, Catamarca, Tucumán, Neuquén y Misiones.

“La cuarta etapa consistió en llevar adelante un plan sistemático y permanente para beneficiar a Lázaro Báez mediante la asignación direccionada de la obra pública vial de la provincia de Santa Cruz”, sostuvo la Fiscalía. En ese sentido, remarcó que el grupo Báez concentró el 80% de obras viales en Santa Cruz, amén de que se le concedía un “canal preferente de pago” a diferencia de otras empresas, así como había “ausencia total” de control sobre los trabajos otorgados. “Menos de la mitad de las obras contratadas al Grupo Austral se encuentran finalizadas, a pesar de que hasta el momento ya se le ha abonado a la constructora prácticamente 9.000 millones de pesos, de los más de 16 mil millones de pesos asignados”, remarcaron.

Para los fiscales, Néstor y Cristina “tuvieron la decisión política” de favorecer con gran cantidad de obras a la provincia de Santa Cruz y que las mismas quedaran en poder de Báez.

Además, recordaron que entre Báez y los Kirchner existe un “vínculo personal y extrema confianza que lo une” e hicieron énfasis en los negocios en común que tuvieron a raíz que el empresario alquilaba hoteles del matrimonio presidencial a través de la firma Hotesur. Al respecto, recordó que Valle Mitre, empresa de Báez, alquiló habitaciones en los hoteles Alto Calafate, Las Dunas y Aldea del Chaltén “que le reportó a la familia presidencial ingresos millonarios”.

La fiscalía mencionó que tan sólo entre 2008 y 2013 Báez pagó en canon por el alquiler de Alto Calafate la suma de cuatro millones de dólares estadounidenses y doce millones de pesos. Por ello, la fiscalía sostuvo que el direccionamiento de obra pública generó que Austral Construcciones pasara de tener un capital social de 12 mil pesos en 2003 a unos 1.700 millones anuales y un patrimonio neto de 300 millones de pesos.

Los fiscales pidieron que en calidad de “coautores” del fraude la indagatoria de la expresidenta, De Vido, Periotti, López, los exsubsecretarios de Obras Públicas Graciela Oporto, Raúl Rodríguez, Hugo Rodríguez, y Abel Fatala; así como el empresario Báez y su hijo Martín.