Investigan presunto fraude de hasta $100 millones con jubilaciones del Servicio Penitenciario Federal

El juez federal Claudio Bonadio investiga una increíble defraudación al Estado Nacional por la cual, más de 250 agentes retirados del Servicio Penitenciario Federal, perciben jubilaciones hasta tres veces superiores a lo que ganaban estando en actividad. La diferencia en desmedro de la Anses por estas maniobras irregulares es de casi 4.000.000 pesos por mes. Es decir unos 50.000.000 por año.

De la presunta asociación ilícita para realizar este ardid delictivo, según la denuncia que realizó el propio Departamento de Asuntos Internos del Servicio Penitenciario Federal, a cargo del Alcalde Mayor Miguel Ángel Perrotta, participarían jueces federales, secretarios letrados, abogados e integrantes de Gendarmería Nacional que eran los encargados de verificar los domicilios denunciados por los ex carceleros que fijaban direcciones falsas en Formosa y Chaco, porque en esos juzgados los magistrados fallaban rápidamente a favor de medidas cautelares para “reajustes de haberes” presuntamente “mal liquidados” por la ANSES. En esos expedientes, se daban por cierto los dichos de los “actores” y no se investigaba, no se solicitaban antecedentes, por ejemplo al Servicio Penitenciario Federal.

La maniobra madre era la siguiente: se sumaban cada uno de los decretos que le otorgaban el aumento a esa fuerza federal. Cuando, en realidad, cada nuevo decreto invalida al anterior.

De esa manera, los funcionarios retirados conseguían multiplicar varias veces el sueldo que les correspondería cobrar según su escalafón y que los autoriza a percibir, a través de la Anses el 82% móvil.

En el expediente ya está acreditado que el secretario de un juzgado era amigo personal del abogado –casualmente otro un ex miembro del Servicio Penitenciario Federal- que representaba a la mayoría de los que reclamaban; y que uno de los beneficiados, que cobraba una jubilación mayor a los 150.000 pesos, era beneficiario de “un Programa Hogar (GARRAFA SOCIAL) desde octubre de 2017”.

Otro, en cambio, fijó su domicilio en la ciudad de Formosa, en la casa de dos abogadas, que además era funcionarias públicas.

La causa que instruye Bonadio –y a la cual Infobae accedió de manera exclusiva- investiga la posible existencia de “una organización coordinada para perjudicar al erario público valiéndose de figuras como la ‘mala fe procesal’, el incumplimiento de los deberes de funcionario público y la estafa procesal para malograr tendenciosamente el dinero destinado al pago de los retiros del personal penitenciario”.

Antecedente nefasto

La maniobra contra el Estado Nacional recuerda a una causa judicial que terminó, en 2012, con la destitución dos magistrados correntinos, la jueza Graciela Beatriz Duarte y el juez Humberto de Biase Echeverría, por otorgar más de 17.000 medidas cautelares en favor de gendarmes y prefectos a los que se habilitaba a cobrar sueldos y jubilaciones onerosas, por ejemplo, por haber estado apenas tres meses en el ejercicio de la función pública.

Por entonces, el gobierno nacional que estaba en manos de Cristina Kirchner denominó a la maniobra como “la industria del juicio en las fuerzas de seguridad”. Ahora, según la denuncia del propio SPF y que instruye Bonadio, sucedería algo similar.

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