El Gobierno se volvió a reunir con la oposición por el Presupuesto y avanza la aprobación del consenso fiscal

Cambiemos dio un paso más en su objetivo de lograr la media sanción del Presupuesto 2018 en la Cámara de Diputados antes de noviembre y su aprobación final en el Senado antes de que comience el G20. El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, encabezaron una reunión con diputados del bloque Argentina Federal -que representa a los gobernadores no kirchneristas- y sus respectivos ministros de Economía para delinear los últimos detalles de la adenda al Consenso Fiscal.

El resultado fue que se avanzará “paso a paso”, aunque con buena predisposición. El primer eslabón es dictaminar sobre la adenda y una vez obtenido esto se hará lo propio con el Presupuesto. Si bien no se habló de fechas, la meta es que el jueves 18 salga el acuerdo fiscal y el martes 22 la “ley de leyes”, para luego realizar una sesión el 24 o a lo sumo el 31 para que se aprueben ambas iniciativas juntas. Esto igual está por verse, porque los legisladores de Argentina Federal quieren ir con cautela antes de dar el visto bueno.

Del encuentro participaron, además de Frigerio y Monzó, Mario Negri, Nicolás Massot, Luciano Laspina, Alejandro Finocchiaro, ministro de Educación, y Emilio Basavilbaso, titular de la Anses. Por el lado de la oposición, estuvieron Pablo Kosiner por Salta, Martín Llaryora por Córdoba, Walberto Allende por San Juan, Sergio Ziliotto por La Pampa, Juan José Bahillo por Entre Ríos, Elda Pertile por Chaco, Jorge Franco por Misiones y Danilo Flores por La Rioja. También estuvieron Rodrigo Pena, secretario de Hacienda, y los funcionarios de Interior Alejandro Caldarelli y Sebastián Garcia De Luca.

La presencia de Finocchiaro y Basavilbaso se debió a que los representantes de las provincias dejaron inquietudes para cuando se discuta el Presupuesto. Por el lado de educación, apuntaron contra el financiamiento de las universidades por transferencias que según los gobernadores no se cumplieron este año y necesitan una compensación en 2019. Con la Anses, le plantearon ciertas transferencias que el ente realiza a las provincias para no desfinanciarlas. Ambos se comprometieron a evaluarlas.

Los tres ejes centrales fueron la adenda fiscal, el impuesto a los Bienes Personales y el ajuste por inflación de las transferencias de la Nación a las provincias. Si bien no hubo mayores definiciones sobre lo qué pasará con la parte impositiva, desde el Gobierno explicaron que lo más probable es que prospere la propuesta de gravar los bienes en el exterior, incluyendo a los que entraron al blanqueo de 2017.

Miguel Ángel Pichetto se había opuesto a esto, pero la mayoría de las provincias está de acuerdo. Para esto, habría que suspender una cláusula del Consenso Fiscal 2017 que establecía que no se iban a “crear nuevos impuestos nacionales sobre el patrimonio ni incrementar la alícuota del impuesto sobre los bienes personales”.

Otro punto caliente de la reunión, que acaparó casi la primera hora, fue qué sucederá con las ciudades grandes del interior que tienen transporte urbano. Sucede que con el nuevo Presupuesto la Nación deja de subsidiar a las empresas el boleto de los colectivos y le da ese dinero directamente a las provincias para que negocien.

Pero hay casos como Córdoba, en donde en la capital el intendente Mestre debería aumentar el boleto a 36-38 pesos sin el subsidio. La provincia usa el dinero de la Nación para subvencionar el boleto entre ciudades y así afecta a los grandes municipios -como la capital- que tienen su propio servicio de colectivo. Será un tema para seguir discutiendo porque no se despejó al duda de quién va a poner ese dinero.

Sucede que, a fin de cuentas, el objetivo de la adenda es que, a raíz de un paquete de medidas impositivas, se compense a las provincias por el ajuste de cerca de 100 mil millones de pesos que deberán hacer.

En la Casa Rosada están convencidos que la ley es “verosímil” y afirman que todas las provincias “están compensadas” respecto del ajuste que tienen que hacer. Las únicas que salen perdiendo son la provincia y la ciudad de Buenos Aires, esta última en casi 900 millones de pesos.

El recorte estimado es en los ingresos pasar de un déficit de 1,3% a 0% y en los gastos bajar de 2,7% a 1,3%. Para el Ejecutivo, esto lo “pagan” los exportadores de servicios, los industriales, las personas con bienes en el extranjero y los bancos con el impuesto a los sellos y cheques, en donde se hace una postergación de la baja.

Con respecto a los municipios, que pierden el 30% del Fondo Sojero, que se anuló por decreto, dicen en el oficialismo que compensan con el IVA, Ganancias, sellos y cheques, que ninguno coparticipa.

Hay optimismo en Cambiemos para avanzar favorablemente con la ley. Una vez que pase Diputados, en el Senado no esperan negociaciones tan arduas porque ya están trabajando “en tándem” desde que se presentó la norma. Además, consideran que las conversaciones son más lineales con las provincias y saben que cuentan con el apoyo de Miguel Ángel Pichetto, lo cual acelera las gestiones con los bloques peronistas.

FUENTE: Infobae.com

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