Una ONG de derechos humanos denunció ante un juez argentino al príncipe de Arabia Saudita que vendrá a Buenos Aires para el G20
Una ONG estadounidense pidió hoy a la Justicia argentina investigar la responsabilidad del príncipe heredero de Arabia Saudita Mohammed Bin Salman por crímenes de lesa humanidad. Se trata del príncipe que llegará a la Argentina en los próximos días por la cumbre del G20 y que está bajo la mirada mundial por su supuesta vinculación al crimen del periodista saudita Jamal Khashoggi en Turquía, asesinado el 2 de octubre pasado.
Según la documentación al a que accedió Infobae, la presentación de 14 páginas fue hecha hoy por Kenneth Roth, en nombre de la ONG Human Rights Watch. Quedó radicada en el juzgado federal de Ariel Lijo. Si bien la presentación no solicita la detención, la ONG pide que se tome en cuenta los estándares internacionales, a la luz de las obligaciones de la Argentina.
En las próximas horas, el tema será remitido al fiscal Ramiro González, para que evalúe el caso y defina si abre una investigación penal, indicaron a Infobae fuentes judiciales
En la argumentación, la ONG solicitó que los tribunales argentinos intervengan en base al criterio de justicia universal y habló de las obligaciones del Estado argentino en materia de derechos humanos.
Se trata de la jurisprudencia que permitió detener, por ejemplo, a los ex militares argentinos en distintos puntos del mundo, cuando aquí regían las leyes de obediencia debida y punto final; o en la que se basó la jueza María Servini para analizar los crímenes del franquismo.
La denuncia de la ONG de Estados Unidos apunta ahora contra “Mohamed Bin Salman, príncipe heredero, viceprimer ministro y ministro de Defensa de Arabia Saudita, ante su inminente llegada al país por el G20 por delitos de lesa humanidad en Yemen”.
El escrito menciona como un factor a considerar las “torturas y malos tratos infligidos por autoridades sauditas a mujeres, incluyendo descargas eléctricas azotes en los muslos y agresiones sexuales”, y la muerte del periodista Jamal Khashoggi, que conmocionó al mundo.
Mohammed está sospechado de ser el organizador de haber torturado, golpeado, descuartizado y disolvió en ácido el cadáver del periodista opositor en la embajada del reino en Estambul. Arabia Saudita reconoció el asesinato aunque rechazó que el poderoso príncipe heredero esté vinculado con él.
Para la ONG de Estados Unidos, “hay pruebas que sugieren que el renombrado periodista saudita fue torturado antes de ser asesinado en el consulado saudita de Estambul”, se sostuvo y tras hacer alusión a una grabación que registró el ataque se añadió que “la Agencia Central de Inteligencia Estados Unidos habría concluido con un alto grado de certeza que Mohammed Bin Salman ordenó personalmente el asesinato de Khashoggi”.
Sin embargo, el escrito hace especial hincapié en los crímenes ocurridos en Yemen, “un país ubicado en la península arábiga que en los últimas semanas presenta serios conflictos políticos y civiles que han provocado la muerte de aproximadamente 650 personas y más de 2000 heridos, según informó la ONU”.
A criterio de la ONG, “existe amplia evidencia de que la coalición liderada por Arabia Saudita que ha llevado a cabo una campaña militar en Yemen desde marzo de 2015 es responsable de graves violaciones al derecho internacional humanitario incluido ataques aéreos indiscriminados contra civiles y el uso de municiones prohibidas que han afectado hogares, mercados, hospitales, escuelas y mezquitas”.
La denuncia señaló también que “desde 2015 Arabia Saudita ha mantenido impuesto un bloqueo naval y aéreo sobre Yemen que ha restringido severamente el acceso a la población civil de alimentos, combustible y medicamentos”. Detalló que 14 millones de personas pueden estar en riesgo de morir de hambre.
La denuncia asegura que existe “una guerra cívico militar en la cual Arabia Saudita” lleva adelante una lucha contra un grupo étnico con ataques a la población civil y por eso el príncipe, como responsable militar, “controlaría y dirigiría las fuerzas”.
La ONG destacó que la Constitución argentina habilita los planteos de “derecho internacional en virtud de que se trataría de crímenes de lesa humanidad de trascendencia internacional que a su vez no estarían siendo investigados de manera creíble en Arabia Saudita”.