El Senado aprobó el proyecto de la ley antidespidos
La oposición impuso el miércoles su mayoría en el Senado y aprobó finalmente con 48 votos a favor y 16 en contra el proyecto de ley que prohíbe por 180 días los despidos, pese al rechazo del Gobierno de Mauricio Macri.
Tras casi seis horas de debate, el proyecto que declara la “emergencia ocupacional” en todo el país impulsado por el PJ-FPV y respaldado por casi todo el arco opositor fue aprobado sin cambios y girado a la Cámara de Diputados.
El respaldo del PJ-FPV, del Interbloque Federal, los tres massistas y los legisladores del GEN, la Coalición Cívica y Proyecto Sur tuvo sus matices, referidos principalmente a la situación de las pequeñas y medianas empresas (pymes). Senadores como el salteño Rodolfo Urtubey, del PJ-FPV, y los aliados del oficialismo Roberto Basualdo y Juan Carlos Romero, del Interbloque Federal, pidieron excluir de la prohibición a las pymes con el argumento de que en caso de incurrir en despidos no podrían afrontar el pago de la doble indemnización, mismo planteo que realizaron los tres massistas, pero que no tuvo éxito.
El proyecto prohíbe los despidos y las suspensiones en el sector privado y en el sector público nacional por 180 días y le otorga a los trabajadores que fueran echados luego de la entrada en vigencia de la ley el derecho de optar por la reincorporación o el cobro de la doble indemnización. También aclara que estas condiciones no serán aplicables para las contrataciones celebradas con posterioridad a la eventual entrada en vigencia de la ley, es decir, que no se verán alcanzadas las empresas que tomen nuevo empleo.
En nombre del oficialismo, Pinedo señaló que el proyecto implica un “cambio de las reglas de juego” que no genera “condiciones” para crear empleo a partir de las inversiones que el Gobierno espera para este año y calificó la iniciativa opositora como una “propuesta acotada que no se preocupa por la situación del trabajo en negro, ni por las pequeñas empresas”. “Es facilísimo levantar la mano y hacerse el simpático, más difícil es crear puestos de trabajo”, sostuvo Pinedo, quien advirtió en declaraciones a la prensa que van “cuatro años que no se generan puestos de trabajo genuino” y agregó: “Nuestro trabajo como Gobierno no es ser simpáticos, sino generar empleo”.
El pampeano Daniel Lovera, (PJ-FPV), autor del proyecto, aseguró que “no es cierto” que el proyecto sea “un cepo a la generación de nuevo empleo, porque exceptúa a todos aquellos que tomen nuevos trabajadores”. “El objetivo de este proyecto es tan claro como contundente. Queremos preservar los empleos durante un tiempo limitado esperando que cambien las condiciones socio-económicas en el país”, señaló Lovera.
A su turno, el jefe del bloque PJ-FPV, Miguel Ángel Pichetto, sostuvo que “el Gobierno cree que si tienen un diálogo con empresarios y trabajadores se debilita, al contrario, se fortalece” y agregó: “Si los empresarios y los trabajadores hubieran hecho un acuerdo para frenar despidos, tal vez hoy este Senado no estaría tratando esta ley”. “Nosotros dijimos claramente que el Senado no se va a alejar de los trabajadores. Acá vinieron los sindicatos con un discurso uniforme sobre la pérdida de empleo”, subrayó Pichetto al fundamentar el impulso del proyecto.
Adolfo Rodríguez Saá (Interbloque Federal) expresó su preocupación por el tema del empleo y sostuvo que “el país no se levanta con una ley”, al tiempo que calificó el proyecto como “una herramienta para frenar despidos” y le dio su apoyo.
En la postura intermedia, la fueguina Miriam Boyadjian, del interbloque massista UNA, advirtió que “este proyecto va a generar gravísimos problemas, sobre todo a las pymes, que no van a poder pagar una doble indemnización”, aunque adelantó el voto positivo en general de esa bancada.
Como aliado del Gobierno, el salteño Juan Carlos Romero (Interbloque Federal) se expresó en contra de la propuesta, a la que calificó como “poco práctica” y también alertó sobre posibles complicaciones para las pymes.
El Senado aprobó por unanimidad el proyecto que condiciona el endeudamiento externo
El Senado aprobó el miércoles por unanimidad con 60 votos a favor un proyecto de ley del peronismo que obliga al Poder Ejecutivo a pedir autorización del Congreso, mediante el envío de una ley especial, para tomar deuda pública luego del pago a los holdouts.
La iniciativa fue presentada por los jefes del PJ-FPV, Miguel Ángel Pichetto, y del Interbloque Federal, Adolfo Rodríguez Saá, y obtuvo dictamen de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economía Nacional semanas atrás, con la firma de los senadores de todos los bloques. El proyecto se presentaba como un fuerte condicionamiento del Congreso al Poder Ejecutivo para el endeudamiento externo futuro, pero durante su discusión en la Comisión de Presupuesto y Hacienda se suavizó con una serie de modificaciones, lo que hizo que el oficialismo también acompañara su aprobación.
La iniciativa plantea que el Gobierno deberá enviar una ley especial al Congreso cuando quiera salir a tomar deuda, salvo en los casos en que se trate de una préstamo con organismos internacionales de crédito de los cuales la Argentina forme parte, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial (BM) o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). También establece que las empresas con participación mayoritaria del Estado deberán presentar un plan financiero anual ante el Congreso.
El senador del PJ-FPV Juan Manuel Abal Medina, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, destacó que el proyecto apunta a “fortalecer el control parlamentario” y responde a la “necesidad de que la Argentina no vuelva a caer en ciclos de endeudamiento”.
La iniciativa de Pichetto y Rodríguez Saá fue presentada en medio del debate sobre la ley que habilitó el pago a los holdouts, como una forma de limitar al Gobierno en su afán por salir a tomar deuda en el mercado internacional.
La idea inicial compartida por todo el arco peronista era que esto sirviera para asegurarse de que el Poder Ejecutivo enviara una ley especial cada vez que quisiera tomar deuda, para controlar que el dinero se destinara a obras de infraestructura y no a gasto corriente. Sin embargo, las modificaciones introducidas lo suavizaron al punto tal que el oficialismo acompañó el dictamen en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. La exclusión de las empresas estatales y la libertad para que el Gobierno se endeude con los organismos multilaterales de crédito de los cuales forme parte fueron los dos cambios que el oficialismo había solicitado.
Fuente: Noticias Argentinas