Aranguren dijo estar “aprendiendo sobre la marcha” a definir las tarifas de luz y gas

El ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, admitió el miércoles estar “aprendiendo sobre la marcha” a definir la política tarifaria del gas y la electricidad, por lo que la oposición reaccionó y denunció que eso genera un “profundo drama social”. Aranguren se presentó en el plenario de comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Derechos y Garantías, en el Senado de la Nación, donde habló de los alcances de las resoluciones 99/2016 y 111/2016 referentes al ajuste de precios, cuadro tarifario, límites y tarifa social.

Ante el cuestionamiento del senador Juan Abal Medina (FPV) en la Cámara alta al denunciar un “tarifazo”, el ministro macrista admitió que el equipo económico del Gobierno está “aprendiendo” a definir las tarifas que pagan los usuarios por la luz y el gas. Señaló que, por ese motivo, el Gobierno está abierto a los planteos que hagan los gobernadores e intendentes de todo el país por el impacto que el “reordenamiento de los cuadros tarifarios” pueda generar en sus territorios, y aclaró que cada día evalúa con su gabinete los criterios de inclusión y exclusión para recibir la tarifa social.

El funcionario dijo estar trabajando con el Ministerio de Desarrollo Social para sumar al subsidio a aquellos asentamientos urbanos, considerados indigentes o muy pobres, que por trabajar en negro no entran en los criterios para recibir tarifa social.

La senadora Graciela de la Rosa (FPV-Formosa) se mostró molesta por la “decisión política” del Gobierno de Mauricio Macri de “avanzar con un tarifazo sin antes prever qué ocurriría con la economía del país”. “Es tremendo el impacto social que tiene el tarifazo en medio del proceso recesivo que se observa. No hay plata en la calle, a la gente no le alcanza para pagar lo que dicen las facturas”, expresó la senadora kirchnerista y denunció que “esto es un brutal para la gente” dado que no se trata de un ajuste parejo porque la suba de tarifas está afectando principalmente a las familias más humildes tanto del Gran Buenos Aires como de Formosa y el resto de las jurisdicciones.

La Tarifa Social Federal fue anunciada en enero de 2016 y brinda un consumo de 150 kilovatios por hora por mes por los que sólo se pagarán los costos fijos y la distribución. Según De la Rosa, esa tarifa social representa sólo 58 pesos en cada factura mensual de energía eléctrica en un hogar de una familia tipo en el NEA, por lo que a partir de los 150 kilovatios por hora, los usuarios deben afrontar el ajuste de hasta el 600%.

Aranguren asintió con que el reordenamiento de tarifas fue “una decisión política” tomada por Macri y argumentó que no había otro camino porque la Argentina se estaba quedando sin electricidad y gas, dado que en la actualidad importa el 14% de la energía total que consume. “Si manteníamos el plan energético anterior, nos íbamos a quedar sin energía muy pronto. Vimos la necesidad de sincerar las tarifas para que haya disponibilidad energética para encarar el desarrollo económico”, expresó el funcionario.

El senador pampeano Daniel Lovera (PJ) le pidió a Aranguren que acelere la toma de decisiones y su instrumentación para otorgar subsidios a las entidades sociales y de bien público (como los clubes de fútbol) porque algunas ya han tenido que cerrar sus puertas, lo que se convierte en un “verdadero drama social”.

El ministro dijo además que el objetivo del Gobierno para este año es encarar una “revisión tarifaria integral” que contemple un análisis de los precios de producción, pero también la calidad del gas y la electricidad y las inversiones de las empresas.

El ministro aseguró que de un total de 13,5 millones de hogares en la Argentina ya hay 3.200.000 que ya adhirieron a la tarifa social para la energía eléctrica y de 8,5 millones, 1,3 se inscribió para recibir ese beneficio, que se suman a los 2,6 millones que acceden a la garrafa social.

 

La Oficina Anticorrupción advirtió que el caso del ministro Aranguren es “complicado”

La jefa de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, admitió el miércoles que es “complicado” el caso del ministro de Energía, Juan José Aranguren, quien posee unos $16 millones de dólares en acciones de la petrolera Shell, y adelantó que le harán al funcionario una “recomendación preventiva” vinculada con una posible incompatibilidad con el cargo.

La oficina encargada de controlar casos de corrupción en el Estado investiga a 22 miembros del Gobierno, pero el caso de Aranguren es el más controversial por su doble rol de ministro de Energía y poseedor de acciones de una empresa que en teoría debe controlar.

“El caso de Aranguren es complicado”, reconoció Alonso, en declaraciones a La Once Diez y adelantó que en las próximas semanas finalizará la investigación. Alonso precisó que el funcionario “posee acciones de una compañía que es del sector petrolero y él es ministro de energía, se está estudiando si alguna de sus decisiones podrían beneficiar a Shell o a él mismo”.

“Esperamos tener una recomendación preventiva para que él evite caer en un conflicto de intereses”, señaló la funcionaria respecto del encargado de Energía, quien hasta diciembre fue CEO de la petrolera de origen angloholandesa.

Sobre el mismo caso, sostuvo: “Él tiene acciones de la compañía a nivel internacional. El caso es el más complicado que tiene la Oficina Anticorrupción porque no es tan blanco ni tan negro”. No obstante, aclaró que el paquete accionario en manos de Aranguren es “minimísimo (sic)”, en el contexto de la multinacional.

Explicó que según el procedimiento habitual se envía una recomendación para “que se abstengan de realizar determinadas cuestiones o se deshagan de compromisos laborales que pueden tener de su vida, antes de ser funcionarios”. Al respecto, alertó que “si no lo hacen, un juez podría condenarlos por mal desempeño o abuso de autoridad”.

Cuando se hizo público que Aranguren tenía acciones de la petrolera, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, intentó formular una explicación. “La ley es muy clara, no hay incompatibilidad, estamos hablando de acciones que no tienen que ver con Shell Argentina, es de Shell internacional, que son ínfimas respecto a la empresa y donde él como ministro no tiene ninguna vinculación con Shell internacional ni ninguna decisión de él tiene ningún impacto sobre eso”, indicó el funcionario.

 

Fuente: Noticias Argentinas