El Gobierno de Colombia anunció el alto al fuego definitivo con las FARC
El Gobierno de Juan Manuel Santos, en rumbo para concretar la paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), dio el jueves los primeros pasos hacia un plebiscito sobre el crucial acuerdo con esa guerrilla para superar un conflicto armado que a lo largo de medio siglo ha dejado cientos de miles de víctimas.
Antes de la votación el 2 de octubre, que busca refrendar lo negociado desde noviembre de 2012 en Cuba y sin una tregua en el terreno, el presidente Juan Manuel Santos dispuso el fin de la confrontación militar con las FARC.
“Como jefe de Estado y como comandante en jefe de nuestras fuerzas militares he ordenado el cese al fuego definitivo con las FARC a partir de las cero horas del próximo lunes 29 de agosto”, anunció Santos en medio de aplausos en la escalinata del Congreso, adonde asistió a iniciar el trámite de convocatoria al plebiscito. “¡Se termina así el conflicto armado con las FARC!”, añadió.
Aunque desde julio de 2015, esta guerrilla ha mantenido un alto al fuego unilateral, al que el gobierno respondió con la suspensión de los bombardeos en el marco del desescalamiento del conflicto, las fuerzas militares se reservaban hasta ahora su función de combate a grupos armados como las FARC.
Santos, un político de centroderecha que ha apostado todo su capital político a la pacificación del país, entregó al presidente del Senado, Mauricio Lizcano, el texto de 297 páginas del acuerdo, que ya ha sido publicado por el gobierno. “Le estamos entregando al pueblo la última palabra sobre la paz de Colombia”, enfatizó el presidente al referirse a la consulta electoral.
Para ser aprobado, el acuerdo debe cosechar al menos 4,4 millones de votos afirmativos (13% del padrón electoral) y que estos no sean superados por el “No”. Previo al plebiscito, Santos y el líder de las FARC, Timoleón Jiménez (Timochenko), firmarán la paz en un lugar y fecha aún por definir.
Confiado en un resultado favorable, el jefe negociador del gobierno, Humberto de la Calle, indicó el jueves que no “hay espacio para renegociar” en caso de que gane el “No”. Según explicó, la firma del acuerdo será el “Día D” que dará comienzo a la concentración de los rebeldes en 23 zonas y ocho campamentos en Colombia y al consiguiente desarme, que será supervisado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y observadores internacionales.
Con el cierre de la negociación en Cuba, las FARC se preparan para presentar el texto a sus tropas.
Lo pactado con la mayor guerrilla de Colombia, surgida de una sublevación campesina en 1964, permitirá dejar atrás en gran parte el conflicto entre grupos armados de izquierda, paramilitares de derecha y fuerzas estatales, con un saldo de 260.000 muertos, 45.000 desaparecidos y 6,9 millones de desplazados.
El cuarto proceso de paz con las FARC tras intentos en 1984, 1991 y 1999, prevé compromisos para solucionar el problema agrario y enfrentar el del narcotráfico, combustible de la violencia. Además, establece mecanismos de reparación a las víctimas y de justicia, así como de participación política de los excombatientes.
Celebración mundial
El acuerdo fue aplaudido por la comunidad internacional, desde el secretario de la ONU, Ban Ki Moon; la alta representante de la Unión Europea (UE), Federica Mogherini; el jefe de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro; y el secretario de la Unsaur, Ernesto Samper; pasando por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama; y la candidata presidencial demócrata de ese país, Hillary Clinton.
“Este gran paso” de Colombia fue además celebrado por los garantes del proceso de paz, Cuba y Noruega, y acompañantes, Venezuela y Chile, así como por las ONG Amnistía Internacional y el Comité Internacional de la Cruz Roja.
Pero aunque el mundo elogia el pacto, no todos los colombianos lo ven con buenos ojos. Un sector influyente liderado por el expresidente derechista Álvaro Uribe (2002-2010) se opone firmemente a la paz negociada en La Habana, por considerar que traerá impunidad.
El pacto señala que quienes confiesen crímenes atroces ante un tribunal especial podrán evitar la cárcel y recibir penas alternativas. Si no lo hacen, y son declarados culpables, serán condenados a penas de ocho a 20 años de prisión.