Jujuy iniciará acciones judiciales por el Pozo E 3
La ministra de Ambiente de la Provincia de Jujuy, María Inés Zigarán, anunció que presentará en sede judicial federal una demanda contra YPF por el pozo E 3 que se encuentra fuera de la jurisdicción del Parque Nacional Calilegua y cuyas aguas surgentes representan una amenaza ambiental. Asimismo, solicitará una medida cautelar para que se implemente una solución perentoria para controlar las aguas surgentes y cerrar el pozo a través de una tecnología ambientalmente aceptable.
Zigarán anticipó la novedad y precisó que la decisión fue adoptada por la provincia, luego de un extenso proceso de análisis de diversas alternativas y diálogo con YPF. No descartó incluso que la demanda pueda alcanzar a otras concesionarias.
Los diversos análisis realizados en el pozo E 3 coinciden en que tanto el suelo como el agua superficial monitoreadas presentan elevadas concentraciones de sales de potasio y sodio, y presencia de hidrocarburos totales de petróleo y cobre. Esta situación podría estar contaminando la cuenca del Arroyo Yuto.
YPF perforó el pozo E 3 Caimancito en los años 1969 y 1970, el que resultó estéril y fue abandonado conforme a la normativa vigente en ese momento. Dicho pozo presenta actualmente rotura de una válvula y estaría en estado de surgencia desde los años 90.
Las aguas surgentes tienen una temperatura entre 70° y 87°, y contienen altos niveles de sales, pero además se ha detectado la presencia de hidrocarburos, composición que representa una amenaza en términos de biodiversidad y de preservación de la cuenca del Arroyo Yuto.
“Hemos mantenido con YPF diversas instancias de diálogo, pero atento a que no hemos logrado construir un acuerdo que nos satisfaga es que se ha decidido llevar adelante una acción legal ante la justicia federal, porque tenemos la responsabilidad de garantizar la preservación del ambiente”, declaró la ministra.
Explicó que en materia ambiental existe el principio de responsabilidad, por el cual “el generador de efectos degradantes del ambiente, actuales o futuros, es responsable de los costos de las acciones preventivas y correctivas de recomposición, sin perjuicio de la vigencia de los sistemas de responsabilidad ambiental que correspondan”. Por ello, confió en que la justicia determinará las responsabilidades y urgirá a que se efectivice una solución.