Denuncian recortes por $67 millones para políticas contra la violencia de género
Las organizaciones ELA, ACIJ, CAREF, FEIM, MEI y Siglo 21 presentaron un amparo ante la Justicia para que declare la inconstitucionalidad de la medida adoptada por el jefe de Gabinete, que -según denuncian- redujo en 67 millones de pesos el presupuesto asignado por el Congreso al Consejo Nacional de las Mujeres (CNM) y al Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (PNA).
Esta decisión, que se tomó invocando facultades extraordinarias, es parte de la Decisión Administrativa 12/2017, que fue publicada en el Boletín Oficial con fecha 11 de enero de 2017.
“Decidimos recurrir a la Justicia no sólo para revertir la sustracción ilegal de las partidas del PNA y del CNM, sino también para que se establezcan los mecanismos de monitoreo para la ejecución del presupuesto que impedirán que esta situación se repita”, explicaron ante una mesa de diálogo con periodistas que fue convocada hoy al mediodía.
Cada año, el Congreso Nacional debate el presupuesto y se decide cuántos recursos se destinarán a implementar las diversas políticas públicas. En esa discusión, que se llevó adelante a fines de 2016, las diferentes agrupaciones sociales mencionadas anteriormente remarcaron que los fondos que se planteaban asignar no eran suficientes para poder llevar adelante el PNA.
En el programa se establece que “el primer año de implementación requiere de una partida de 47 millones de pesos (sin contar los fondos que demandará la construcción de los hogares integrales de protección o refugios que el Poder Ejecutivo estimó en 600 millones de pesos)”, según se detalla en el amparo presentado.
Los reclamos fueron contemplados y, en consonancia con ese pedido, en el presupuesto votado en el Congreso -el 3 de noviembre de 2016- se incrementó el presupuesto previsto para el CNM en 20 millones de pesos. Así se pasó de $96.500.250 a $116.500.250. Además, se estableció una partida concreta para la implementación de políticas contra la violencia de género por una suma de 47 millones de pesos.
Sin embargo, esos 67 millones de pesos no figuran en la publicación mencionada anteriormente. “A tan sólo once días de iniciado el ciclo presupuestario 2017, la Decisión Administrativa que impugnamos dejó sin efecto los cambios sancionados por el Congreso, afectando gravemente los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes, así como la más elemental concepción que se tenga del principio de división de poderes, convirtiendo la discusión presupuestaria del Congreso en una mera puesta en escena”, denuncian las agrupaciones en el escrito presentado ante la justicia.
“En realidad hubo un error y en los próximos días se arreglará el acto administrativo con la publicación correcta. Pero yo estoy ejecutando desde el 1 de enero con el presupuesto aprobado por el Congreso”, explicó Fabiana Tuñez, presidenta del Consejo Nacional de las Mujeres.