Seis estados pelearán en los tribunales el nuevo veto migratorio de Trump

En una movida calcada a la que terminó con la suspensión del primer veto migratorio de Donald Trump, cinco estados -Nueva York, Washington, Oregón, Massachusetts y Minnesota- anunciaron hoy que se sumarán a Hawai en desafiar en los tribunales al nuevo decreto presidencial que prohibió el ingreso al país de refugiados y ciudadanos de seis países de mayoría musulmana.

“Es mi deber, es mi responsabilidad actuar y no nos vamos a dejar intimidar por amenazas del gobierno federal”, explicó hoy en una conferencia de prensa el fiscal general de Washington, Bob Ferguson, al anunciar que, otra vez, se enfrentará al Ejecutivo nacional en tribunales para frenar su política migratoria.

El estado de Washington junto con el Minnesota habían sido, a finales de enero pasado, los impulsores de la ofensiva legal que terminó suspendiendo de manera definitiva el primer intento de Trump por vetar por decreto el ingreso de millones de musulmanes.

Ferguson adelantó que se presentará frente al juez del distrito oeste del Washington, James Robart, y contó que los estados de Oregón y Nueva York se sumarán a su denuncia, informó la agencia de noticias EFE.

Por su parte, el fiscal general de Nueva York, Eric T. Schneiderman, confirmó esto en un comunicado que él y agregó que la fiscal general de Minnesota, Lori Swanson, también se unirá a la demanda del fiscal de Washington.

“El último decreto del presidente Trump es una prohibición musulmana con otro nombre”, sentenció hoy Schneidermam al argumentar su decisión.

Más tarde, la fiscal general de Massachusetts, Maura Healey, anunció que también se sumará a los estados que desafían en tribunales el nuevo veto migratorio de Trump, informó la cadena de noticias CNN.

Además, los estados de California, Connecticut, Delaware, Illinois, Iowa, Maine, Maryland, Nuevo Mexico, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont y Virginia incluyeron por escrito su apoyo en la demanda que presentará el fiscal general de Washington.

El nuevo decreto de Trump mantiene el veto para ingresar al país para todos los refugiados por 120 días y establece una prohibición de tres meses para los ciudadanos de seis países de mayoría musulmana: Irán, Somalia, Sudán, Siria, Yemen y Libia.

A diferencia del veto anterior, esta vez Trump exceptuó a Irak, país aliado de Washington después de la invasión estadounidense de 2003 y la posterior ocupación militar que duró hasta 2011.

El aluvión de anuncios de los estados detractores de la Casa Blanca fue iniciado en realidad ayer por el pequeño estado de Hawai, de donde es originario el ex presidente Barack Obama.

Hoy el fiscal general de Hawai, Douglas Chin, explicó la decisión del estado y dijo que sus autoridades no podían quedarse calladas frente al veto migratorio de Trump debido a “la historia y cultura específica” del distrito.

Chin destacó que la isla depende mucho del turismo, un sector económico que sufrirá directamente por el veto migratorio, pero también recordó que el decreto fue firmado el mismo día que el país conmemoraba el 75 aniversario del decreto del entonces presidente Franklin Roosevelt que ordenó enviar a miles de japoneses-estadounidenses a campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial.

Ese decreto de 1942 fue una consecuencia directa del ataque japonés a la base de la Marina en Pearl Harbour y, por eso, Hawai fue uno de los lugares elegidos en Estados Unidos para levantar uno de los campos de concentración.

“Las cortes necesitan escuchar que existe un estado en donde la diversidad étnica es la norma y donde las personas son bienvenidas con un aloha y con respeto”, concluyó Chin.

Con el pasar de los días, la oposición contra el nuevo veto migratorio de Trump aumenta e incluye a nuevos estados, asociaciones religiosas, defensores de derechos civiles y todo un arco heterogéneo de personas y grupos muy similar al que se movilizó hace poco más de un mes para frenar el primer decreto presidencial que apuntó contra la comunidad musulmana.

A diferencia del segundo veto migratorio que fue anunciado esta semana, el primero fue ejecutado de inmediato, sin avisarle a las fuerzas de seguridad involucradas y al propio Congreso. Esto provocó un caos, especialmente cuando comenzaron a conocerse las noticias de detenciones de extranjeros y hasta de residentes legales de Estados Unidos en los principales aeropuertos del país.

Las protestas y el repudio se hicieron escuchar enseguida e, inclusive, llegaron a superar las fronteras nacionales y se instalaron en las calles de países lejanos como Reino Unido.

Esta vez, el gobierno de Trump intentó ser más prolijo.

Pulió el vocabulario del decreto -por ejemplo no menciona la religión musulmana como característica de los países vetados-, removió a uno de sus aliados, Irak, y le avisó con anticipación a los otros dos poderes -el Legislativo y el Judicial- y a todos los órganos estatales involucrados en la ejecución de la norma.

“Nos sentimos muy confiados con cómo fue redactado y con los aportes que incluye”, aseguró hoy el vocero de la Casa Blanca, Sean Spicer, al pronosticar que esta vez el decreto se mantendrá en pie.