Gils Carbó rechazó irregularidades en la compra de un edificio
La procuradora general de la Nación presentó un escrito ante la comisión bicameral parlamentaria de Seguimiento y control del Ministerio Público, donde rechaza que existieran irregularidades en la compra de un edificio para ese organismo, aunque señala que tuvo que suspender preventivamente a un funcionario.
La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, presento un escrito ante la comisión bicameral parlamentaria de Seguimiento y control del Ministerio Público, donde rechaza que existieran irregularidades en la compra de un edificio para ese organismo, aunque señala que tuvo que suspender preventivamente y abrir un sumario contra un funcionario de la Procuración para investigar si hubo un “uso indebido de información”.
A menos de una semana de que el grupo parlamentario, que conduce la massista, Graciela Camaño, analice la citación de Gils Carbó, solicitada ayer por los legisladores de Cambiemos, la Procuración entregó un escrito de 33 páginas donde detallada los motivos de la compra de un nuevo edificio para el Ministerio Público.
Los diputados oficialistas piden la urgente citación de la funcionaria -sobre quien pesan varios pedidos de juicio político- para que explique la compra de ese inmueble cuya transacción investiga el juez Julian Ercolini, así como supuestas irregularidades en la designación y traslados de fiscales y en el manejo del personal.
La presentación sucedió en la misma jornada que Gils Carbó concurrió al Congreso -pero no hizo declaraciones- para presentar en el edificio Anexo el libro que detalla la tarea realizada por las Agencias Territoriales de Acceso, que son oficinas con impronta judicial en los barrios más vulnerables, con equipos profesionales para brindar asesoramiento a la población.
En su escrito, Gils Carbó defiende la compra del edificio: “Era una necesidad institucional adquirir un inmueble de esa características que ya había sido expresado por los titulares de este organismo, desde, al menos, el año 2011”, pero reconoce que debieron abrir una investigación para determinar si un funcionario utilizó información calificada para el beneficio de un familiar.
La dueña del inmueble, Arfinsa, pagó comisiones por 7,7 millones de pesos, y uno de los que cobró una factura es Juan Carlos Thill, hermano de Guillermo Bellingi, quien, como subdirector general de la Procuración, participó en el proceso licitatorio por la compra del edificio de la calle Perón.
Gils Carbó señaló que la compra se hizo mediante “un procedimiento que contó con la intervención de todos los órganos de control internos y externos competentes, se alcanzó la adquisición de un inmueble con las características técnicas buscadas y a un valor inferior al precio de mercado”.
En ese sentido, la funcionaria señaló que, por el inmueble de 5.312 m2, se abonaron 43.850.000 pesos, mientras que el Tribunal de Tasaciones de la Nación calculó que ese edificio valía 45.050.000.
Agregó que “si bien esas instancias de control y el riguroso cumplimiento de los pasos administrativos impidieron todo perjuicio patrimonial al erario público, las investigaciones en curso demostrarán si un eventual uso indebido de información privilegiada para ostentar una aparente influencia generó un beneficio personal en desmedro de la transparencia de la administración del organismo”.
“Es así que, tras el primer indicio acerca de la existencia de tal irregularidad, esta Procuración General tomó todas las medidas a su alcance para un pronto y eficaz esclarecimiento de los hechos”.
En el escrito se señala que la Procuración dice que se enteró por una información periodística de la presunta existencia de irregularidades en la adquisición del inmueble de la calle Perón y que cuatro días después recibió una orden del juez Ercolini para que presenten la documentación de esa adquisición.
Detalló que, posteriormente, se inició una actuación administrativa para esclarecer cualquier irregularidad que haya podido suscitarse y que, a los pocos días, el portal de noticias Infobae publicó una información de que surgía que una persona identificada como Juan Carlos Thill, mediante la utilización de información privilegiada suministrada por un funcionario de esta Procuración General, se habría beneficiado con el cobro de un alta suma de dinero por tareas de asesoramiento brindadas a la inmobiliaria que realizó la oferta del inmueble finalmente adquirido”.
En el escrito, Gils Carbó agrega que, luego de verificar esa información, se “dispuso la suspensión preventiva de Bellingi y el inicio de un sumario administrativo orientado a dilucidar la responsabilidad del nombrado”.