Temer enfrenta una huelga nacional

El gobierno de Michel Temer enfrentará la primera huelga nacional convocada por las centrales sindicales opositoras y oficialistas en todo el país desde 1996, en rechazo a sus dos iniciativas más osadas, la reforma jubilatoria y la laboral, que esta madrugada logró media sanción en la Cámara de Diputados.
La polémica reforma laboral constituye la modificación más radical del área desde que en 1943, bajo la gestión de Getulio Vargas, entró en vigencia la Consolidación de las Leyes del Trabajo (CLT). Por 296 votos a 177, Diputados votó la iniciativa, apenas una de las reformas estructurales con las que el gobierno de Temer espera revertir la profunda crisis económica del país, cuyo Producto Interior Bruto cayó más del 7% en los dos últimos años.

El proyecto, aprobado por la “vía urgente” en Diputados y que elimina el pago obligatorio del aporte laboral a los sindicatos, pasará ahora al Senado, donde el apoyo oficialista es todavía más amplio, por lo que es muy probable que la reforma sea aprobada, aunque el jefe del bloque de senadores del partido de Temer, Renan Calheiros, advirtió hoy que el gobierno quiere “retirar derechos” a los trabajadores y anticipó que la Cámara alta hará muchos cambios al texto que obtuvo la media sanción.

“Mucha cosa va a ser cambiada aquí en el Senado, como este desmonte de los sindicatos”, dijo Calheiros, citado por el diario Folha de S.Paulo.

“Desmontar la legislación laboral de la noche al día es malo, es injusto, sobre todo en plena recesión, con 13 millones de desempleados”, agregó Calheiros, quien ha pasado de ser un estrecho aliado a un crítico intermitente de la administración de Temer.

El gobierno defiende la reforma porque asegura que flexibilizará el mercado laboral y detendrá la sangría de despidos que elevaron el desempleo a 13,5 millones de personas por primera vez en la historia del país. Como era esperable, la iniciativa oficialista tiene el respaldo de las cámaras empresariales, pero es rechazada con contundencia por los sindicatos, que se unieron para convocar el paro nacional de mañana.

Las centrales lograron consensuar una medida de fuerza nacional como no se veía desde 1996. A la convocatoria de la Central Única de Trabajadores (CUT), la mayor del país y vinculada al opositor Partido de los Trabajadores (PT), se sumó Fuerza Sindical, del diputado Paulo Pereira, un aliado de Temer y quien fue un activo legislador pro impeachment de la depuesta mandataria Dilma Rousseff.

Choferes de colectivos, trenes, docentes, médicos y los principales sindicatos industriales anunciaron la adhesión a la huelga, y el gobierno se apuró a redoblar la apuesta: Temer adelantó que descontará el día a los empleados públicos que no asistan a sus lugares de trabajo.

Además, el mandatario aprovechó para celebrar la media sanción de Diputados.

“Se inaugura un ciclo de prosperidad socioeconómica, que coloca a Brasil en el camino del crecimiento y el empleo”, sentenció.

Pero las palabras y los anuncios del mandatario no alteraron la determinación de los organizadores del paro de mañana.
Para Vagner Freitas, secretario general de la CUT, el presidente Temer “es el gran constructor de esta huelga general” y la reforma laboral que impulsa traerá “precarización y desocupación” en el país.

Por eso, el jefe de la CUT anunció que imprimirán volantes con los nombres de los 296 congresistas que ayer dieron media sanción a la reforma, para redoblar la campaña de presión.

“El paro resulta urgente y necesario para hacer la lucha de masas y detener esa ola conservadora que intentan impulsar un gobierno y un Congreso Nacional que no tienen legitimidad para eso, mediante la imposición de un nuevo modelo de Estado”, denunció la titular de la CUT en Mina Gerais, Beatriz Cerqueira, esta semana en plena convocatoria de la medida de fuerza.

Como en otras ocasiones, buena parte del éxito del paro dependerá de cómo funcione el transporte. Aunque la ley obliga a mantener servicios de emergencia, se descuenta que habrá problemas para viajar en el subte y en los aeropuertos.

En uno de sus puntos más controvertidos, la reforma laboral elimina la obligatoriedad de las negociaciones de convenios colectivos y abre la posibilidad de reemplazarlas por negociaciones intra empresa.

Asimismo, el proyecto incluye apartados sobre la contraprestación y demanda de las horas extra, la regulación del trabajo desde casa y la posibilidad de negociar la jornada laboral y hasta la hora de almuerzo, así como de dividir hasta en tres veces las vacaciones.

Además, las modificaciones también apuntan a la reducción del 50% en la multa que el empleador debe pagar por despedir a un empleado y la suspensión del seguro de desempleo público de cuatro meses, proporcional al salario del ex empleado.

“Es muy perjudicial para los trabajadores. Elimina derechos y además desmonta la estructura sindical. No tiene nada que ver con la generación de empleo. Es una falacia”, denunció en diálogo con la agencia de noticias EFE el presidente de Fuerza Sindical, Pereira.

El proyecto afecta también directamente a los sindicatos, a los que no sólo resta protagonismo en la negociación colectiva, sino que limita su poder al acabar con la “contribución sindical obligatoria”, que impone a los trabajadores el descuento de un día al año para destinarlo a su gremio.

De la vereda contraria, el presidente la Federación de las Industrias del Estado de Sao Paulo (Fiesp), Paulo Skaf, celebró la iniciativa del gobierno de Temer y aseguró que la reforma busca “un país más eficiente y moderno”.

El gobierno brasileño, que tiene su popularidad por el suelo, con un apoyo del 4%, según la encuestadora Ipsos, tendrá que probar otra vez en mayo próximo su base aliada en el Congreso cuando discuta la reforma del sistema de pensiones y jubilaciones, otra de las medidas que motivó la huelga en todo el país.

El gobierno de Temer ya comenzó a meter presión sobre el tema.

El ministro de Hacienda, Henrique Meirelles, advirtió hoy que el sistema colapsará en la próxima década sin una modificación en las pensiones y explicó que el gobierno espera poder ahorrar 135.000 millones de dólares hasta 2025 con su nueva versión del sistema.

Tras las protestas del 7 de abril pasado, que paralizaron las grandes ciudades del país, el oficialismo tuvo que cambiar su idea inicial de que iba ser obligatorio aportar por 49 años para cobrar la jubilación integral y lo redujo a 40 años. También bajó de 65 a 62 años la edad necesaria para jubilarse para las mujeres.