Chile negó las acusaciones de tortura que hizo Evo Morales
Chile negó anoche que los nueve ciudadanos bolivianos detenidos en la frontera hace casi tres meses -a quienes el gobierno de Michelle Bachelet acusa de robo con violencia- hayan sido torturados, como denunció el presidente Evo Morales, quien mañana llevará el tema a una reunión de la OEA.
El ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Heraldo Muñoz, dijo a los periodistas que “casi nada nos sorprende de lo que dice el gobierno boliviano”.
“Son nuevas acusaciones infundadas que carecen de credibilidad y que no merecen más respuestas”, enfatizó el jefe de la diplomacia chilena.
El presidente de Bolivia anunció que presentará mañana una denuncia ante la OEA por “torturas y hostigación” por parte del Estado chileno contra los nueve ciudadanos bolivianos que fueron detenidos en Alto Hospicio, en el norte de la nación austral.
Morales explicó que en el recurso se detallará la “injusta detención, no otorgación de visas, expulsión y veto a periodistas, y discriminación racial a madres de detenidos”.
El canciller Muñoz negó las acusaciones de tortura y afirmó que Chile “es un Estado de Derecho con garantías para todos los procesados y todos los detenidos, y eso lo sabe todo el mundo, si no fuese así, habría un verdadero escándalo internacional”.
Explicó que tras la detención de los ciudadanos bolivianos, ellos mismos relataron a la Defensoría Penal Pública -que los representó inicialmente- que no tenían lesiones producto del trato policial, reseñó la agencia de noticias EFE.
Los nueve bolivianos fueron detenidos por agentes de Carabineros el 19 de marzo cuando, según las autoridades del país austral, se encontraban en territorio chileno e iban a robar camiones con mercancías.
El gobierno boliviano, en cambio, afirma que los militares y los funcionarios de aduanas estaban en su territorio luchando contra el contrabando que pasa de Chile a Bolivia.
La Fiscalía chilena acusó a los detenidos de robo con violencia, porte y tenencia de armas prohibidas y contrabando, por lo que un juzgado chileno decretó prisión preventiva, un período que debe durar 120 días mientras avanza la investigación.