Cristóbal López se entregó en el Edificio Centinela
Está acusado de evadir $8 mil millones de pesos del impuesto a los combustibles a través de su empresa OIL.
Cristóbal López se entregó tras la orden de captura que libró el juez Julián Ercolini después de procesarlo por administración fraudulenta con prisión preventiva. Según confirmaron desde el entorno de López, “viajó desde el sur” y se presentó en el edificio Centinela del personal de Gendarmería donde pasará la noche y en el transcurso de la mañana se realizará su traslado, después de una serie de chequeos médicos.
Después de siete horas, el empresario kirchnerista se entregó. Después de ser procesado ayer por la tarde, personal de Gendarmería fue a buscarlo a su departamento de Puerto Madero, donde no se encontraba. Por ello, Ercolini ordenó su captura. Cristóbal López, según señalaron desde su entorno, se encontraba en el sur y desde allí se dirigió durante la noche Buenos Aires, para finalmente entregarse.
Cristóbal López se convirtió en el kirchnerista número 17 con una orden de prisión preventiva de la justicia federal. El juez Julián Ercolini lo procesó junto a su socio Fabián De Sousa por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, por no pagar a la AFIP $ 8.000 millones correspondientes al Impuesto a los Combustibles, dinero con el cual “se capitalizó y financió su grupo empresarial”. La maniobra se realizó durante el gobierno de Cristina Kirchner y fue facilitada por Ricardo Echegaray quien fue procesado sin prisión preventiva. A todos se les trabó un embargo de más de $ 17.000 millones.
La causa inició el 16 de marzo de 2016 con una denuncia de la diputada Elisa Carrió, en la que señaló que las anteriores autoridades de la AFIP permitieron a Oil Combustibles SA (OCSA) “no abonar en tiempo y forma” el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC) y el “uso indebido del dinero para capitalizar las demás sociedades” del Grupo Indalo. La AFIP bajo la conducción de Alberto Abad reveló que Cristóbal López se quedó con $ 8.000 millones que debían ir al Estado.
Después de 21 indagatorias tomadas por Ercolini y el fiscal Gerardo Pollicita, el juez se declaró incompetente al entender que se estaba ante un delito tributario. La Cámara de Casación hace un mes consideró que esto no era así, y que se debía investigar como una hecho de corrupción.
En este contexto, el magistrado procesó con prisión preventiva a López y De Sousa, dueños del Grupo Indalo. Ambos según el juez, realizaron “un aporte imprescindible” a la maniobra defraudatoria, “junto a su consorte de causa Echegaray, al aportar la estructura societaria necesaria para beneficiarse ilegítimamente”.
Para la justicia, los propietarios de Indalo “tenían el dinero para hacer frente al pago” del impuesto a los combustibles “en tiempo y forma”, pero optaron por “acogerse sistemáticamente a diversos planes de pago que fueron concedidos irregularmente por la AFIP”.
Cristóbal López contó “con la venia” del ente recaudador y sólo pagó 7 de los 55 períodos fiscales investigados, a “sabiendas de que le serían concedidos sistemáticamente beneficios de pago y así evitar el cobro compulsivo de esas obligaciones”.
Así, los empresarios K “se beneficiaron -en su carácter responsables de Oil- al recibir, a través de aquella firma, de modo sistemático y deliberado “por parte de Echegaray” planes de facilidades de pago vinculados al impuesto al combustible”, fondos que utilizaron “indebidamente y en beneficio propio” para capitalizar a las demás sociedades de Indalo en perjuicio del Estado.
La deuda de capital que generaron fue de $5.144.538.391,07 que ascendió con los años y una implementación “sistemática” de la maniobra, a $ 8.000 millones. Para el Gobierno la cifra supera los $ 10.000 millones contabilizando intereses y punitorios.
Para la Justicia los plantes de pagos, se encontraban plagados de irregularidades: “carencia de documentación que acredite la situación de crisis económica y financiera de las empresas, ausencia de revisión de cumplimiento de las condiciones en las que fueron otorgados los planes, y “la laxitud en los controles dirigidos hacia la empresa en cuestión”. Ricardo Echegaray “convalidó estos trámites” cuando “no correspondía”.
Por ello, el juez procesó al ex titular de la AFIP, como autor del delito de administración fraudulenta, al “violar sus obligaciones como funcionario al omitir controlar el pago en tiempo y forma de las obligaciones relativas al ITC y el adecuado otorgamiento de los planes de facilidades de pago -generales y especiales-, lo que sucedió sistemática y deliberadamente”.
Esta maniobra permitió que López y De Sousa -a través deOil Combustibles SA- “financiaran a otras sociedades de su propio grupo empresario, obteniendo así un beneficio económico indebido”.
Fue Echegaray quien otorgó de manera “irregular y en forma consistente, sistemática y deliberada, mediante la inobservancia de los deberes inherentes a su cargo” los planes de pago -especiales y generales- a Oil Combustibles SA -entre mayo de 2013 a agosto de 2015. Pero para el juez, siempre estuvo a derecho y “no registra antecedentes condenatorios, como así tampoco declaraciones de rebeldía vigentes a su respecto”.
Las consideraciones sobre López y De Sousa fueron diferentes. Para el juez ambos empresarios tuvieron acciones “dirigidas a obstruir la labor de la justicia”. Citó así la venta que buscaron realizar del Grupo Indalo a favor de OP Investiment “cuando les estaba vedado con anterioridad a haber solicitado autorización para ello”. Cuando esta operación fue rechazada por Ercolini, el fiscal Pollicita y la AFIP, “no dejaron sin efecto la operatoria en cuestión; lo que demuestra a todas luces su voluntad de apartarse de la manda judicial”. Además, se recordó que intentaron abrir un concurso preventivo de Oil Combustibles “en Chubut” algo que fue calificado de “fraudulento” ya que la firma está radicada en Buenos Aires.