Correo Argentino: para la Oficina Anticorrupción, Macri no cometió ninguna falta
La Oficina Anticorrupción (OA) sostuvo que el presidente de la Nación, Mauricio Macri, no cometió ninguna falta ética ni incurrió en conflicto de interés cuando su gobierno llegó a un acuerdo de pago con la empresa Correo Argentino, que pertenece a su familia, y que fue objetado por la Fiscalía del caso por “abusivo y perjudicial” para el estado. Así lo sostuvo la titular del organismo, Laura Alonso, en una resolución en la que también le indicó al primer mandatario que deberá de abstenerse de intervenir en esta causa y en cualquier otra que participe la compañía.
“No se advierte en el caso ninguna vulneración a las normas de ética en el ejercicio de la función pública por parte del Señor Presidente de la Nación”, señala la resolución dictada este jueves -a la que accedió Infobae– y que el lunes le será notificada formalmente a Macri.
La OA también concluyó que no hubo ninguna irregularidad ni conflicto de interés en la intervención en el caso de Oscar Aguad, ex ministro Comunicaciones, y de Juan Manuel Mocoroa, ex director general de Asuntos Jurídicos de esa cartera, que tenía la representación del Estado en el juicio con el Correo Argentino.
Por el acuerdo entre el Correo y el gobierno de Macri se abrieron varios expedientes. Uno de ellos penal, en el que están imputados Macri y Aguad y que está en trámite a cargo del juez federal Ariel Lijo. Y también administrativos. Junto con el de OA hubo otro en la Procuración del Tesoro de la Nación -el organismo que dirige a los abogados del estado- que también concluyó que no hubo irregularidades. Pero esa resolución fue apelada por el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, porque entendió que la investigación fue incompleta. Esa apelación, establece la ley, debe ser resuelta por Macri que se tendrá que excusar y la decisión quedará a cargo de la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti.
El Correo Argentino es una empresa de la familia Macri que en 2001 dejó de pagarle al estado nacional el canón y en 2003 fue estatizada por el entonces presidente Néstor Kirchner. Por la deuda, se inició una causa judicial por el saldo original de 296 millones de pesos. En ese expediente, el gobierno y la empresa llegaron en junio del 2016 a un acuerdo de pago. Pero la fiscal de la Cámara Comercial, Gabriela Boquín, lo objetó por “abusivo y perjudicial” para el estado y pidió que sea rechazado. Sostuvo que implicaba una quita del 98,2 por ciento de la deuda porque no se le aplicaban intereses y así la condonación a la empresa alcanzaba 4.227 millones de pesos. Aguad defendió el acuerdo porque señaló que en los concursos preventivos no se aplican los intereses al capital.
Pero el caso generó críticas políticas. Tanto la oposición como algunos dirigentes del oficialismo objetaron que desde el mismo Estado que encabeza Macri se haya hecho un acuerdo con una empresa familiar. Luego, el Gobierno retiró de la justicia el acuerdo con el Correo. La causa comercial sigue abierta y la deuda de la empresa vigente.
La fiscal Boquín también se refirió a eso. Sostuvo que el acuerdo beneficiaba a un interés particular y se violaba la ley de Etica Pública. Explicó que hay una “relación de dependencia jerárquica” entre el Presidente y sus Ministros y que la existencia de un conflicto de interés “surge palmaria”.
Así, la OA -que depende del Ministerio de Justicia y que también recibe críticas porque su titular pertenece al partido de gobierno y debe resolver sobre sus funcionarios- intervino de oficio en el caso porque se cuestionó la ley de Etica Pública.
Tras el análisis de la causa comercial y la actuación de la PTN, Alonso con la intervención de la áreas técnicas de la OA concluyeron que Macri y sus funcionarios no cometieron ninguna irregularidad.
La resolución señala que hay conflicto de interés cuando se da una confrontación entre la tarea pública y aspectos privados del funcionario. “El señor presidente de la nación no dirige, administra, representa, patrocina o asesora, ni de ninguna forma presta servicios, a la empresa Correo Argentino S.A. o a sus controlantes”, explicó.
La OA destacó que cuando se hizo el acuerdo entre el Gobierno y el Correo “el Señor Presidente de la Nación ya no tenía ninguna clase de intereses financieros en SOCMA AMERICANA S.A.” y que de la causa comercial “no surge intervención alguna del Señor Presidente de la Nación, ni en la aceptación de la propuesta de pago efectuada por Correo Argentino S.A., ni en ningún otro asunto vinculado a dicho concurso de acreedores”, ya que eso ocurrió por parte de los funcionarios del luego disuelto Ministerio de Comunicaciones.
El Correo Argentino es controlado por Sideco Americana S.A., que a su vez es controlada por Socma Americana, de la familia Macri. Franco Macri, padre del presidente, le transfirió a sus hijos todas sus acciones -ya no ocupa cargos y tiene acciones vitalicias- y Mauricio Macri hizo lo mismo en 2009 con tres de sus hijos (Agustina, Gimena y Francisco).
La ley de Etica Pública establece que hay causales para que los funcionarios se excusen o se abstengan de intervenir en casos que los involucren. El funcionario se debe abstener de intervenir en temas en los que estuvo alcanzado en los últimos tres años antes de asumir el cargo y Macri dejó el Correo en 2009.
Respecto a los motivos para excusarse Macri está alcanzado por uno de ellos: si el caso involucra a familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad. Y en el Correo, los hijos del Presidente son dueños de acciones. Por eso la OA le hizo saber a Macri que “deberá abstenerse de ejercer la facultad de avocarse al conocimiento de los procesos judiciales sobre dicha empresa en que sea parte el Estado Nacional”. En total son seis, según información de la PTN que tras el caso del Correo se dictó un decreto por el que se hizo cargo de todos los juicio del Estado -el del Correo también- y tiene la obligación de publicar en su sitio web un registro de “Conflicto de Interés”.
Sobre la relación jerárquica de Macri con Aguad señalada por la fiscal, la OA sostuvo que ninguna norma establece que “las causales de excusación (y la consecuente prohibición de intervenir) deban extenderse a los demás funcionarios públicos que dependen jerárquicamente del que se encuentra alcanzado por ellas”, por lo que “la situación particular de un funcionario, no se transmiten ´per sé´ a los funcionarios que dependen jerárquicamente de éste”. También fue criticada Boquín porque la entendió que la fiscal “omite cualquier referencia respecto de qué órgano o funcionario, según su particular punto de vista, podría válidamente ejercer la defensa de los intereses del estado nacional”.
La OA -que le dio intervención en el sumario a los tres involucrados y Macri fue el único que optó por no hacer un descargo- también desvinculó a Aguad, hoy ministro de Defensa, y a Mocoroa. Dijo que actuaron conforme a la ley y que no tenían ningún vinculo previo o actual con el Correo.
Otro expediente
El de la OA no fue el único expediente administrativo que se abrió en el Gobierno por el caso del Correo. También hubo otro en la PTN a instancias de del titular de la PIA Rodríguez. La auditoría que se hizo sobre la causa detectó varias irregularidades: que estuvo durante 10 años en período de exclusividad cuando la ley permite solo por 90 días, que los representantes del estado -primero a cargo del Ministerio de Planificación Federal de Julio De Vido y luego del de Comunicaciones de Aguad- nunca lo objetaron; que el acuerdo entre el Gobierno de Macri y el Correo no se hizo con la aplicación de intereses; y que la empresa inició juicios paralelos contra el estado por montos mayores. Pero defendió la actuación de los abogados del estado que intervinieron ya que lo hicieron a instancias de sus jefes políticos.
Más allá de las críticas al desarrollo de la causa, el procurador del Tesoro, Bernando Saravía Frías, cerró el tres de mayo pasado expediente porque no hubo reproches administrativas a los abogados, quienes dependen de la PTN, ni perjuicio fiscal para el estado porque el acuerdo fue retirado. Tuvo el mismo criterio que la OA.
Pero el fiscal Rodríguez apeló el cierre a través de un recurso jerárquico. Sostuvo que no se hizo una investigación integral porque no se realizaron muchas de las medidas de prueba que pidió la PIA ni se analizaron irregularidades y contradicciones que el organismo marcó. También señaló que hay abierta una causa penal contra Macri y Aguad donde también hay pendientes medidas de prueba que podrían servir al sumario de la PTN.
Esa apelación la resuelve el superior del procurador del Tesoro, que es Macri. Pero la OA le indicó que debe abstenerse de intervenir. Así, el caso quedará en manos de la vicepresidente Michetti. Posterior a esa decisión, la PIA tiene facultades para hacer una denuncia penal sobre el caso.