La UCR presentó un proyecto para que jueces, legisladores y funcionarios paguen Ganancias
La Unión Cívica Radical (UCR) presentó un proyecto de ley para que jueces, legisladores y funcionarios electos paguen el Impuesto a las Ganancias desde el año próximo.
El radicalismo busca que la iniciativa se incorpore al Presupuesto Nacional de 2019, y “logre sustituir el Artículo 79, Inciso a, de la Ley Nacional 20628”, que dispone quiénes deben abonar ese tributo.
“Solicitar al Poder Ejecutivo de la Nación a través del Ministerio de Hacienda que incorpore al Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal de 2019, la sustitución del Artículo 79, Inciso a, de la Ley Nacional 20.628 que hasta el momento eximía a los empleados y magistrados judiciales”, según el texto difundido este miércoles por la UCR.
Hasta ahora, el inciso a del artículo 79 establece como Ganancias para el pago de este tributo a los ingresos procedentes: “Del desempeño de cargos públicos y la percepción de gastos protocolares”.
La intención del radicalismo es ampliarlo de la siguiente forma: “Del desempeño de cargos públicos nacionales, provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin excepción, incluidos los cargos electivos de los Poderes Ejecutivos y Legislativos y los Magistrados, Funcionarios y Empleados del Poder Judicial y de los Ministerios Públicos”.
Según cálculos realizados por el partido que integra el frente oficialista Cambiemos, la AFIP se pierde de recaudar por la exención de ingresos de magistrados y funcionarios del Poder Judicial -tanto nacional y como provinciales- el 0,06% del Producto Bruto.
En 2016, ese porcentaje representó 4.607 millones de pesos; en 2017, unos 5.759 millones y en 2018, 6.911 millones, indicó el radicalismo.
En 1996, la Corte Suprema de Justicia emitió una acordada para eximir a todos los integrantes de ese Poder del Impuesto a las Ganancias.
El Congreso sancionó la Ley 24.631 para que tanto los legisladores como los jueces y fiscales pagaran ese tributo, pero el máximo tribunal recurrió al concepto de “intangibilidad de los salarios” para eludir el pago.