Mediante una denuncia por nota recibida en sede gubernamental, un grupo de personas dio cuenta de irregularidades en el seno administrativo de once cooperativas.

Aparentemente, al momento de cobrar por los servicios prestados en la ejecución de proyectos encuadrados en el Plan de Contingencia “Jujuy Asiste y Reactiva”, los trabajadores habrían sido objeto de retenciones. Sobre los 6.000 pesos que debía percibir cada trabajador, se habría practicado una retención de 300 pesos, medida ilegal que habría alcanzado a un número indeterminado de personas.
Se sabe que aproximadamente 200 trabajadores se desempeñan en las cooperativas a investigar.

Frente a esta situación, el gobernador impartió precisas instrucciones a Fiscalía de Estado para formular las correspondientes denuncias, ratificando así su compromiso de combatir y erradicar toda práctica ilícita de opresión.