Piden investigar a Macri, Aranguren e Iguacel por la privatización de dos centrales termoeléctricas
Los denunciantes advirtieron que además de enajenar bienes del Estado, el proceso licitatorio estuvo plagado de irregularidades y que los grandes beneficiados fueron Nicolás Caputo, amigo de Macri, y Angelo Calcaterra, primo del Presidente.
La justicia imputó y comenzó a investigar al presidente Mauricio Macri y a los ex ministro de Energía y Minería Juan José Aranguren y Javier Iguacel por el intento de privatizar a precio vil las centrales termoeléctricas Ensenada de Barragán y Brigadier López.
Además se conoció este lunes que en el proceso privatizador la de Central Puerto, la empresa del cónsul honorario en Singapur y “hermano del alma” de Macri, Nicolás Caputo, fue la única oferta admitida para quedarse con la usina Brigadier López mientras que en la disputa por Ensenada de Barragán, preclasificaron las ofertas de YPF y, una vez más, Central Puerto.
La denuncia fue presentada en noviembre pasado por los diputados nacionales Rodolfo Tailhade, María Emilia Soria, María Fernanda vallejos y Adrián Grana. Además de Macri, Aranguren e Iguacel, también están siendo investigados por la justicia el presidente de Ieasa -la ex Enarsa-, Mario Dell Aqua; el director ejecutivo y gerente de termoeléctricas de Ieasa, Alberto Raúl Brusco; el gerente de control de proyectos de Ieasa, Adolfo Marcelo Piccinini; el ex presidente de Enarsa, Hugo Balboa; y el empresario Ángelo Calcaterra, primero hermano del Presidente y ex dueño de Iecsa, histórica empresa del Grupo Macri que pasó a manos de Marcelo Mindlin, propietario de Pampa Energía.
Las privatizaciones, duramente cuestionadas en su momento incluso por la UCR, fueron establecidas por el decreto 882/2017, publicado el 1° de noviembre de 2017 y firmado por el propio presidente Macri.
La central Barragán fue tasada por el Estado en 305,9 millones de dólares y un monto mínimo de oferta en efectivo de 229 millones de dólares. Para el caso de Brigadier López, la valuación oficial fue de 207 millones de dólares con un mínimo de oferta en efectivo de 155 millones de dólares.
En total, serían casi 400 millones de dólares menos que el valor real de las usinas. “¿Cómo puede admitirse que el Estado Argentino enajene activos públicos estratégicos por casi 267 –Barragán- y 110 –Brigadier López- millones de dólares menos de lo que valían en 2012?”, se preguntaron los legisladores en la denuncia.
Los propios resultados operativos financieros publicados por ENARSA relativos a las dos usinas muestran que el Estado está enajenando dos centrales rentables a precio vil para que Caputo continúe haciendo millonarios negocios: el resultado EBITDA (sin deducir impuestos) de Barragán para 2017 registró una ganancia de 121,4 millones de dólares, y de 62 millones de dólares para Brigadier López.
Los denunciantes advirtieron además que en el proceso licitatorio se registraron numerosas irregularidades,. Por ejemplo, Iecsa -que junto a Isolux había ganado la licitación para la construcción de las centrales- dejó sin terminar las obras y fue indemnizada con 1.600 millones de pesos por el Estado. Es decir Macri autorizó pagar una indemnización multimillonaria a su primo por una obra inconclusa.
Dos de los imputados, Brusco y Piccinini, trabajaron durante más de una década para Calcaterra y el grupo Macri, y a fines de 2017 desembarcaron en Enarsa de la mano de Aranguren y Balboa, con lo cual estuvieron en los dos lados del mostrador en la negociación que le reportó una indemnización de 1.600 millones de pesos a Calcaterra.
Según los denunciantes, “resulta evidente que los antiguos empleados de la familia Macri han sido allí designados para direccionar y/o influir sobre el procedimiento de privatización de las centrales térmicas y favorecer económicamente a distintas personas cercanas al Presidente”.
La causa está a cargo del juez Daniel Rafecas y Gerardo Pollicita es el fiscal encargado de llevar adelante la investigación.