Nuevo cruce entre el Gobierno y la Corte: esta vez, por el sueldo de los judiciales
La relación del Ejecutivo con el máximo tribunal de justicia se encuentra en un momento crítico tras las presiones para que no se suspenda el juicio contra Cristina Kirchner.
El Gobierno intentó limitar los fondos presupuestarios destinados al incremento de salarios de los empleados públicos que debería recibir en mayo un aumento de 15% correspondiente a la actualización paritaria de 2019, pero no encontró apoyo ni en el presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkratz, quien se sumó al resto de sus pares para reclamar la totalidad de las partidas.
La relación del gobierno con la Corte Suprema se encuentra en un momento crítico, después de la presión que ejerció el oficialismo sobre el tribunal oral que juzga a la ex presidenta Cristina Kirchner para que no suspenda el inicio cuando la Corte le pidió la totalidad del expediente para analizar los diversos recursos que elevaron la defensa de los imputados por las irregularidades durante la instrucción de la causa.
La presión llegó hasta los jueces supremos, quienes vieron cómo se difundían sus direcciones personales en las redes sociales y se escrachaba a familiares directos. No hay antecedentes de una acción tan abierta de presión sobre jueces desde el regreso de la democracia y que se consideró mucho más que un ataque político.
La Corte había acordado con el Gobierno un aumento general de salarios del 15% para aplicar a mayo y hace un par de semanas envió a la jefatura de Gabinete el pedido formal para que haga el giro de los fondos.
Pero el jefe de Gabinete, Marcos Peña, respondió la semana pasa que iban a girar en dos tramos correspondientes a incrementos de 7,5% en mayo y 7,5% en julio. La estrategia oficial es dividir el incremento para que tenga menor incidencia en el medio sueldo complementario que debe abonarse en julio, de tal manera de realizar un ahorro extra.
Además, Peña informó a la Corte que esos recursos debían sumarse a un incremento del 10% que se concretó en marzo, de tal forma de que quedaba cubierta la cuota de incremento salarial correspondiente a este año.
Cuando la comunicación oficial llegó a la secretaría de la Presidencia de la Corte generó una inmediata reunión de los cinco integrantes para fijar posición, que quedó reflejada en una respuesta que llegó el mismo día a manos de Peña. En ella, la Corte respondió que el 10% que se pagó en marzo correspondía a 2018, que se había pospuesto el pago por falta de fondos y que esperaban que se cumpla con el compromiso de girar antes de fin de mes los fondos necesarios para cumplir con el incremento de 15% acordado.
El sindicato de los Judiciales está al tanto de la negativa del Gobierno a girar los fondos y por eso hubo la semana pasada dos paros, el 22 de mayo en los juzgados y cámaras de todo el país, que alcanzó también a Tribunales, la sede del Poder Judicial. El jueves el paro se extendió a nivel nacional.
La confrontación del Gobierno con la Corte encontró esta vez al bloque unificado de jueces. El presidente Rosenkratz se sumó a Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton. Fue también un intento de Rosenkratz de reconciliarse con sus pares que identifican como el autor intelectual de todo el discurso oficial para atacar a la Corte.
La semana pasada, en un fallo sorpresivo y con la firma de los cinco miembros la Corte declaró ilegal el pago de sumas no remunerativas a un empleado de Gendarmería. El caso, aunque es individual, se multiplica a todos los empleados de las fuerzas de seguridad en actividad y jubilados generando un costo fiscal que llegó a estimarse en $80 mil millones.
Fue la respuesta del máximo Tribunal a la presión ejercida por el oficialismo y su aparato paraestatal que maneja redes sociales en la causa del juicio a Cristina.
La campaña electoral incluye a CFK en el banquillo, pero también y más importante cumplir el déficit cero y mostrar control político. Y la Corte tiene la llave para complicar al Gobierno.