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El kirchnerismo analiza ampliar la base para que más personas paguen el impuesto a la riqueza

El Frente de Todos anunció que el llamado “impuesto a la riqueza” para afrontar gastos generados por el COVID-19 sería presentado en el mes de junio. Junio ya comenzó. La iniciativa aún no pasó por Mesa de Entradas. Las razones son dos. La primera, la búsqueda de consenso. Y la segunda es un detalle de último momento: en estos días el kirchnerismo analiza si amplía la base para que paguen lo que ellos no llaman impuesto sino un aporte patriótico.

La idea original era que pagaran quienes declararon bienes al 31 de diciembre del año pasado por $ 200 millones. Incluso el diputado del Frente de Todos Carlos Heller, autor del proyecto junto con Máximo Kirchner, jefe del bloque, le había comentado a Infobae que prefería no arrancar con un piso de $150 millones. Consideró en su momento que el aporte no era significativo en términos económicos. Sin embargo altas fuentes del bloque admiten que se retomó la discusión interna y que parte del kirchnerismo prefiere que más gente contribuya con el financiamiento de los gastos extraordinarios que demanda la pandemia.

Máximo Kirchner viene siguiendo de cerca la situación en algunos municipios, como los gobernados por referentes de La Cámpora. De todos modos los problemas económicos de la administración de Mayra Mendoza, de Quilmes, o de Leonardo Nardini de Malvinas Argentinas, son los mismos que sufren intendentes de toda la provincia: una caída de 50% en la recaudación por alumbrado, barrido y limpieza y cerca de un 60% de caída en la coparticipación. Algunos intendentes ya dijeron que tienen dificultades para pagar sueldos.

El Ejecutivo asumió ayudas extraordinarias para las empresas que tienen dificultades en el pago de salarios y hasta Aerolíneas Argentinas, la compañía aérea estatal, que viene realizando vuelos para traer a argentinos varados en el exterior, decidió la suspensión de gran parte de su personal.

El Presidente aún no promulgó ni reglamentó las tres primeras leyes votadas en forma remota por el Congreso: la ley Silvio que establece protocolos y equipamientos para garantizar la seguridad del personal sanitario, pensiones para familiares de personal esencial fallecido por contagiarse COVID-19 en el marco de su trabajo y exención de Ganancias para horas extras y guardias de personal sanitario, de recolección de residuos y fuerzas de seguridad, entre otras. En el Ejecutivo no dicen aún por qué Alberto Fernández no promulgó esas dos leyes y los acuerdos con la Cruz Roja pero todo implica más carga para el erario público.

El Presidente ha dicho que “la cuarentena durará lo que tenga que durar”. La decisión implica un alto costo financiero justo cuando se renegocia el pago de la deuda.

Máximo Kirchner conversa por estos días no solo con intendentes propios sino también con legisladores de otros bloques en búsqueda de consenso.

Aunque en el Frente de Todos dicen que el proyecto no crea un nuevo impuesto sino un aporte extraordinario por única vez, la cámara de inicio será la de Diputados. De los 257 integrantes de la cámara baja, 119 pertenecen al Frente de Todos. Juntos por el Cambio tiene 116; el Interbloque Federal tiene 11; la izquierda dos; el Movimiento Popular Neuquino una y Unidad y Equidad Federal, ocho. Los no oficialistas suman 138.

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