El Senado le dio media sanción a la reforma judicial: qué modificaciones hicieron al proyecto

Fue por 40 votos a favor y 26 en contra. Hubo chicanas y roces durante el debate. La oposición buscará bloquear la iniciativa en Diputados.

Para el Presidente fue un empate: ganó la pulseada interna con el kirchnerismo duro y la media sanción de la reforma judicial pero pagó un alto costo político por la falta de consenso y la seguidilla de reproches y críticas opositoras. El mismo hizo gestiones de último momento con Horacio Rodríguez Larreta, Martín Lousteau, Alfredo Cornejo y otros dirigentes opositores con los que pudo abrir un diálogo aunque no sumó apoyo para la ley.

La sesión terminó a las 00:45 de la madrugada con la marcha atrás de un agregado kirchnerista, algún roce entre oficialismo y oposición y la denuncia por una amenaza de muerte contra Cristina Kirchner que hizo Anabel Fernández Sagasti. La mendocina, como los demás senadores del Frente de Todos en la última semana, sufrió el acoso vía redes y cadenas de whatsapp que convocaron a escraches y viralizaron sus números de teléfonos celulares.

Fue la sesión vía teleconferencia más extensa: hubo diez horas de discursos y 43 oradores. Mientras se sucedían unos a otros circulaban listas de cambios de último momento a la ley como la creación de Cámaras, juzgados, defensorías y fiscalías en las provincias para afianzar votos en el Senado y con la expectativa de sumar en Diputados donde el proyecto tendrá un trámite difícil. El resultado fue el previsible: el Frente de Todos logró 40 votos a favor y 26 en contra.

Lo más significativo y sorpresivo, aunque no tanto después del planteo del presidente Alberto Fernández, fue que Oscar Parrilli accedió a bajar su agregado al artículo 72 que obligaba a los jueces a denunciar presiones “mediáticas”. El dato no es menor: finalmente se impuso la palabra del jefe de Estado.

El neuquino, que es la voz de Cristina Fernández en el Senado (ella por no ser senadora no puede hablar más que para ordenar la sesión) dio marcha atrás con su propuesta en la última tanda de discursos. Cuando ya la mayoría de los opositores se había expresado en contra y había denunciado un intento por “amordazar” al Poder Judicial y coartar la libertad de expresión, Parrilli justificó su “enmienda”. El artículo de los “poderes mediáticos” fue “un anzuelo”, arrancó el senador y agregó: “El Presidente dijo la verdad, que era sobreabundante, pero el objetivo que tuvimos sirvió porque salieron todos: los grupos mediáticos y los políticos que son voceros de ellos”. Con un tono calmo inusual en él rompió el letargo en que había entrado la sesión: “Para sacar los fantasmas y porque el objetivo se cumplió: se tragaron el anzuelo, la línea, la caña, todo… Pero la discusión se dio y ese era el objetivo voy a proponer a mis compañeros senadores una nueva redacción”. A continuación leyó el nuevo texto: “Comunicar en forma inmediata al CONSEJO DE LA MAGISTRATURA de la Nación cualquier intento de influencia indebida, en sus decisiones por parte personas, grupos de poder, miembros del Poder Judicial, Ejecutivo o Legislativo, amistades o grupos de presión de cualquier índole, y solicitar las medidas necesarias para su resguardo. La influencia indebida no requerirá contenido económico para configurarse”.

También sobre el final hubo un roce entre Anabel Fernández Sagasti que calificó como “vagos” a los senadores de la oposición y Luis Naidenoff que le respondió sin enojo: “Quisiera creer que no quiso tratar de vagos e ignorantes, una descalificación que no amerita. Cada uno hace el mayor esfuerzo para tratar de que el Senado esté a la altura de las circunstancias y la cuarentena”.

A diferencia de la estrategia planteada en Diputados donde Juntos por el Cambio frenó las sesiones para evitar el tratamiento de la ley, los senadores de esa fuerza política y los del bloque Federal se presentaron al debate y hablaron alternativamente durante tres horas con 44 minutos que fue el tiempo que les correspondió en forma proporcional al número de senadores. Se concentraron en denunciar un intento de “impunidad” a favor de la Vicepresidenta, ex funcionarios y empresarios K que enfrentan causas en la justicia federal. Y apuntaron a la creación de cargos judiciales en las provincias a cambio de votos en la Cámara de Diputados donde hasta ahora el proyecto no tiene chances de ser convertido en ley y al costo que tendrá su instrumentación.

El kirchnerismo sin embargo confía en la posibilidad de convencer a diputados de las fuerzas políticas con menor representación pero dilatarán las definiciones para sumar consenso. Hoy el Frente de Todos no lograría los votos suficientes por lo que en la Cámara baja las exposiciones de expertos durarían un par de meses.

“Durante el gobierno de Macri se instaló una ‘mesa judicial’, como si fuera un órgano extrapoder creado por la Constitución. Recuerdo artículos periodísticos naturalizándola, dando cuenta que desde esa mesa se planteaba ir por un juez por el sentido de una sentencia”, arrancó, fuerte, María de los Angeles Sacnun, presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales, y miembro informante del oficialismo. Ella y los camporistas Martín Doñate y Matías Rodríguez denunciaron tareas de inteligencia ilegales durante la gestión anterior y “manipulación judicial y utilización de la Justicia”. “Asistimos a un verdadero escándalo donde agentes orgánicos e inorgánicos de la AFI, fiscales, jueces y periodistas formaron parte de un esquema para perseguir opositores. Eso es el ‘lawfare’, la guerra judicial”, apuntó Sacnun desde Santa Fe.

A pesar de su duro discurso varios opositores le agradecieron y la felicitaron por la coordinación y moderación del debate durante los plenarios de comisiones. Sacnun destacó que “hemos agregado trasparencia a los sorteos de causas. Había causas que eran atrapadas automáticamente por los mismos jueces. Con este proyecto podrán ser controlados por las partes, grabados con medios técnicos de manera que pueda ser revisados”.

En nombre de Juntos por el Cambio abrió Laura Rodríguez Machado expresó el “total y absoluto” rechazo a la reforma judicial. “Este festival de cargos, es simplemente un engranaje más en un todo un plan estratégico para avanzar en el manejo de la Justicia Penal Federal”.

Ella y varios senadores denunciaron la creación de cargos judiciales en las provincias “para conseguir votos en Diputados”. Como miembro informante indicó que “el proyecto original creaba 279 cargos, pero después en el despacho que firmó el oficialismo se establece que serán creados 908 cargos. Apareció milagrosamente este festival de cargos, que seguramente han estado negociando con aquellos que esperan voten a favor el proyecto en la Cámara de Diputados”. Lo repitió Esteban Bullrich: “Este canje de votos por cambios es una canallada”. “¿Quién es el autor? No es el proyecto que buscaba el Poder Ejecutivo, no es el proyecto que buscaba el doctor Gustavo Béliz ni el de Vilma Ibarra, tampoco parece ser el de la ministro Losardo que no lo defendió cuando vino a la comisión. Y la misma Vicepresidenta dice que no es el proyecto de Reforma Judicial que nos debemos”, agregó el bonaerense en los diez minutos que le correspondieron.

En cambio desde el Frente de Todos se defendió el debate, aun cuando esta misma semana Cristina Fernández de Kirchner consideró que “el país se merece una reforma judicial que no es la que vamos a tratar”. A pesar de sus palabras la respaldaron entre otros el pampeano Daniel Lovera, que justamente agradeció la creación de una cámara en La Pampa y el santiagueño José Neder quien afirmó que “el reordenamiento de esta ley intenta agilizar la justicia y darle practicidad. Es una herramienta muy importante para el mejor funcionamiento de la Justicia en el marco de la institucionalidad”. La chubutense Gladys González reclamó a los opositores que “sean responsables, no sigan sacando la gente a la calle” y reprochó la falta de propuestas. Como otros senadores subrayó que el artículo 14 prueba “que no damos impunidad a nadie” ya que, repitió, las actuales causas seguirán en manos de sus jueces naturales.

Matías Rodríguez, de La Cámpora de Tierra del Fuego, también dijo que “es un buen proyecto” y volvió a asegurar que no es posible la “impunidad” y citó el mismo artículo 14 que establece que las causas en trámite seguirán a cargo de los jueces naturales que hoy las llevan adelante. “Insisten con que haya marchas y que la gente se ponga en riesgo” apuntó como González y pidió “responsabilidad en el aislamiento y la distancia social” mientras fuera del Congreso había una manifestación en contra de la reforma. Varios senadores apuntaron como positiva la creación de fiscalías y juzgados por los que reclamaban, dijeron, desde hace años.

“De uno y otro lado nos tiramos las cosas sin encontrar soluciones en conjunto” repitió como en una entrevista a Infobae el senador Martín Lousteau quien le apuntó a la ’grieta’ y le preguntó a los demás senadores “si somos capaces de trabajar juntos, parece que no” y cuestionó que la reforma solucione problemas cotidianos, algo que charló en privado la semana pasada con el propio presidente Alberto Fernández. “La diferencia está en las correcciones generales o si hay que hacer pequeñas reformas al proyecto” justificó la falta de propuestas de la oposición que criticó pero no pidió cambios a la iniciativa. “Es increíble que en el medio de la pandemia sigamos dándole aumentos por debajo de la inflación a los jubilados cuando a los jubilados de privilegio les venimos dando por encima de esa ecuación”, apuntó tras señalar que los magistrados no aportan Ganancias.

Justo cuando terminaba de hablar Lousteau regresó al recinto la Vicepresidenta que, como suele hacer, volvió para escuchar los discursos más fuertes de su bancada como el de Mariano Recalde que fue el siguiente. La reemplazaron en distintos momentos Claudia Ledesma de Abdala y Maurice Closs que nunca se quitó el barbijo.

“Es una ley que desconcentra el poder, que agiliza las causas, una ley que no solamente va permitir la transparencia de los sorteos, va a dar muchas más garantías y seguridad, una ley que es más federal y da más acceso a la Justicia de todo el país”, remarcó Recalde sobre el proyecto que lleva de 12 a 46 el número de juzgados de la Justicia Federal Penal porteña y crea y amplía Cámaras de Apelaciones Federales en las provincias. “No es una solución definitiva pero mejora un poco el sistema judicial que tenemos”, terminó su alocución.

Jorge Taiana le contestó a Lousteau: enumeró los delitos federales como evasión fiscal y los incendios en el Delta y la creación de juzgados en el Conurbano como beneficios. ”La gente sabe que Comodoro Py ha sido una cueva de espías”, exclamó.

El Frente de Todos sumó a la misionera Madgalena Solari Yrigoyen (Frente de la Concordia)y a Alberto Weretilneck, ex gobernador por Juntos Somos Rio Negro. Celebró que si sale la ley la ciudad de Buenos Aires tenga su propia Justicia y que “no tengamos que pagarla los que vivimos en el interior”. En su caso logró la ampliación del poder judicial penal federal en Río Negro y hasta dijo que Parrilli, presidente de la comisión de Justicia, sumó al proyecto una sala multifuero a la Cámara que existe en General Roca en lugar de crear una en Neuquén.

A las 00.31 hubo un nuevo roce entre oficialismo y oposición. Sacnun leyó durante diez minutos las modificaciones al dictamen. Naidenoff y Lousteau reclamaron. “Ahora nos enteramos. Es muy difícil trabajar así”, reprochó Lousteau por desconocer hasta hasta ese momento “lo que parece la reforma de la reforma”. “No hable por nosotros, conocemos los cambios” se oyó la voz de un peronista. Cristina Fernández se molestó pero le dio la palabra “porque después empiezan las operaciones de prensa y dicen que no los dejamos hablar”. “Pero si van a votar en contra”, espetó antes de que se votara.