Presentan un proyecto de ley para que la Ciudad cobre por la salud y educación que brinda a los habitantes de las provincias
Dos legisladores del espacio que lidera el diputado Ricardo López Murphy presentaron un proyecto de ley, en la Legislatura porteña, para que la ciudad de Buenos Aires le cobre a cada provincia por sus habitantes que se atienden en hospitales y los alumnos que estudian en establecimientos públicos porteños.
Roberto García Moritán y Marina Kienast plantearon en ese proyecto que, si se cobrara por los servicios a las provincias cuyos habitantes se atienden o estudian en el sector público de la ciudad de Buenos Aires, el gobierno porteño podría ahorrarse en un año $13.906 millones del sector sanitario y $2.563 millones de educación.
“Lo importante es que el proyecto busca mejorar la gestión de los gobiernos, sin afectar a la persona que se atiende en un hospital o que manda sus hijos a la escuela. Para ellos seguirá siendo gratis la salud y la educación, pero sin que lo paguen los porteños”, dijo García Moritán a Clarín.
La propuesta de los legisladores porteños de Republicanos Unidos llega en medio del conflicto judicial entre la ciudad de Buenos Aires y el Gobierno nacional, por los fondos que le recortó el presidente Alberto Fernández y que tiene para resolver la Corte Suprema de Justicia.
López Murphy añadió que “los ciudadanos de CABA no deben recibir el costo de los servicios prestados a personas de otras jurisdicciones. Esto no va a generar ningún costo para quienes utilicen los servicios. Estamos planteando una transferencia entre provincias, para que se disminuya la carga fenomenal que se está poniendo sobre la Ciudad”.
El proyecto que presentaron en la Legislatura porteña García Moritán y Kienast, de Republicanos Unidos -en Juntos por el Cambio-, se titula Reciprocidad Sanitaria y Educativa Interjurisdiccional.
En diálogo con Clarín, la legisladora Kienast aseguró que “los servicios públicos no son gratuitos, los financia el Estado a través de los impuestos que cobra. Por eso nos parece injusto que los contribuyentes de la ciudad de Buenos Aires sostengan ese servicio para que sea utilizado por ciudadanos de otras jurisdicciones”.
El proyecto, al que tuvo acceso Clarín, sostiene que en el año 2015 -al no haber datos actualizados- los habitantes de la provincia de Buenos Aires representaron el 40% de las consultas médicas externas en centros públicos porteños.
Los legisladores porteños explicaron en el proyecto que lo mismo sucede en materia de internaciones, donde los habitantes de la provincia que gobierna Axel Kicillof representaron el 45% del total.
Para 2016, “esto implicaba un total de 71.187 egresos satisfactorios. Considerando que actualmente un día de internación cuesta $15.979 y el promedio es de 11 días, el costo total monetario de brindar el servicio de internaciones para residentes de otro distrito es de $11.406 millones anuales”.
Los legisladores de Republicanos Unidos plantearon que, en el año 2020, el 7% de los alumnos de escuelas públicas en los niveles inicial, primario y secundario residían “en la Provincia que rodea a la Ciudad. La mayor notoriedad en la disparidad se da en las Comunas 11 y 13, donde más del 17% del alumnado es no residente”.
Kienast y García Moritán contabilizaron el gasto por alumno en la ciudad de Buenos Aires. Y concluyeron que brindar el servicio de educación pública a los 20.627 alumnos de la provincia de Buenos Aires le cuesta al gobierno porteño “unos $2.805 millones anuales aproximadamente”.
“En síntesis, la ciudad está en pleno derecho de pedirle compensación económica por la inversión educativa realizada a otras provincias por alumnos no residentes”, añadieron en el proyecto de ley los legisladores que se referencian con López Murphy.
Y concluyeron: “La salud y la educación son ‘gratis’, pero para los porteños, ya que ellos son quienes abonan sus impuestos aquí. El resto de los argentinos podrán atenderse en la ciudad y su respectiva provincia deberá respaldar los gastos”.