La medida dispone una intervención en grado de veeduría para revisar balances, contratos y movimientos financieros de la entidad que conduce Claudio Tapia.
El Gobierno nacional resolvió designar veedores en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por un plazo de 180 días, con el objetivo de auditar su funcionamiento administrativo y financiero.
La decisión fue firmada por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, a partir de un pedido de la Inspección General de Justicia (IGJ), que venía reclamando información a la entidad.
Qué investigarán los veedores
Los funcionarios designados —un contador y un abogado— tendrán acceso a la documentación interna de la AFA, incluyendo:
- Libros contables y registros administrativos
- Balances financieros
- Contratos comerciales
- Movimientos económicos
Además, deberán analizar los estados contables correspondientes al ejercicio cerrado en junio de 2025 y verificar el cumplimiento de obligaciones impositivas y previsionales.
También estarán bajo revisión vínculos comerciales con empresas y la documentación relacionada con proyectos como la denominada “Universidad de la AFA”.
Facultades y alcance de la medida
Los veedores podrán emitir informes parciales si detectan irregularidades y deberán presentar un informe final al concluir el período de auditoría.
La resolución establece que la intervención es en grado de veeduría, por lo que no implica la intervención directa ni modifica el funcionamiento cotidiano de la AFA, aunque sí habilita un control más estricto sobre su administración.
Un conflicto en desarrollo
La medida se da en el marco de tensiones entre el Gobierno y la conducción de la AFA, encabezada por Claudio Tapia.
Desde la entidad rechazaron la decisión, la calificaron como una “veeduría ilegítima” y anticiparon que podrían recurrir a la Justicia para frenarla.
Por qué se tomó la decisión
El pedido de la IGJ se basó en irregularidades detectadas y en la falta de entrega de información contable clave, lo que motivó la apertura de actuaciones administrativas y el refuerzo del control estatal.
La auditoría podría derivar en nuevas medidas administrativas o en un conflicto judicial más amplio, dependiendo de los resultados que arroje el análisis.