La abogada argentina Agostina Páez podrá regresar al país luego de la audiencia judicial que enfrentó en Río de Janeiro, en el marco de la causa en la que está acusada de injuria racial.
La joven permanecía retenida desde enero bajo medidas judiciales en Brasil, tras un episodio ocurrido en un bar de la ciudad carioca que derivó en denuncias por presuntos actos discriminatorios.
Una audiencia clave para su situación
La instancia judicial que se llevó a cabo fue determinante para definir el futuro de la causa. En el sistema brasileño, este tipo de audiencias concentra en una misma jornada la presentación de pruebas, testimonios y la posibilidad de avanzar directamente hacia una resolución.
Durante este proceso, el juez analiza si existen elementos suficientes para continuar con el juicio o dictar una decisión en el corto plazo, lo que puede derivar incluso en un veredicto en el mismo día.
La acusación y las posibles penas
Páez enfrenta acusaciones por injuria racial, un delito que en Brasil puede contemplar penas de hasta cinco años de prisión por cada hecho. En su caso, al existir múltiples denuncias, la pena teórica podría haber alcanzado un máximo significativamente mayor.
El caso tomó notoriedad pública luego de la viralización de un video en el que se la acusa de realizar gestos ofensivos hacia trabajadores de un bar en la zona de Ipanema.
Regreso a la Argentina
Tras la audiencia, se resolvió que la abogada no permanecerá detenida y podrá regresar a la Argentina mientras continúa el proceso judicial, una de las principales solicitudes de su defensa.
La propia Páez había manifestado en las horas previas su intención de volver al país por cuestiones de seguridad personal, asegurando que no se sentía en condiciones de permanecer en Brasil mientras avanzaba la causa.
Un caso con repercusión internacional
El episodio generó fuerte repercusión tanto en Argentina como en Brasil, no solo por la gravedad de la acusación, sino también por las diferencias entre ambos sistemas judiciales.
Además, volvió a poner en agenda el tratamiento de los delitos vinculados a discriminación racial en Brasil, donde la legislación contempla sanciones más severas que en otros países de la región.