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ATE reclama créditos “sin privilegios” tras la polémica en el Banco Nación

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) lanzó un reclamo a nivel nacional para que sus afiliados accedan a créditos del Banco Nación con las mismas tasas, montos y plazos que —según denuncian— fueron otorgados a funcionarios y allegados al oficialismo.

La medida surge en medio de la controversia por la adjudicación de préstamos hipotecarios a dirigentes vinculados a La Libertad Avanza, lo que para el gremio podría derivar en una causa judicial por presuntas irregularidades.

En este contexto, ATE impulsa que más de 1.000 delegados y trabajadores de la administración pública concurran durante la semana a sucursales del Banco Nación en todo el país para solicitar créditos en igualdad de condiciones.

Críticas al Gobierno

El secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar, cuestionó duramente la situación y apuntó contra el Gobierno nacional.

“No vinieron a destruir el Estado, vinieron a servirse de él. Ahora los trabajadores somos los que queremos créditos de los mismos montos, con las mismas tasas de interés y los mismos plazos”, sostuvo el dirigente.

Además, planteó que existe una contradicción entre el discurso oficial de ajuste y la entrega de préstamos millonarios a funcionarios, y reclamó explicaciones públicas.

Denuncias y pedido de investigación

Desde el gremio sostienen que los créditos otorgados a dirigentes oficialistas podrían configurar un esquema de privilegios y eventuales irregularidades en el uso de recursos públicos.

En ese sentido, ATE exigió la apertura de una investigación administrativa y no descartó avanzar con denuncias penales en caso de comprobarse irregularidades.

También cuestionaron que, a diferencia de los trabajadores comunes, en algunos casos no se habría exigido estabilidad laboral para acceder a montos elevados.

El reclamo se da en paralelo al escándalo por créditos hipotecarios del Banco Nación que involucran a funcionarios, legisladores y asesores, con montos que en algunos casos superan los $500 millones.

La polémica reavivó el debate sobre el acceso al crédito en Argentina, en un contexto donde amplios sectores de la población encuentran dificultades para acceder a financiamiento para vivienda.

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