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La Justicia busca determinar cómo se financió la operación y quiénes intervinieron en la adquisición del inmueble del jefe de Gabinete.


La Justicia avanzó en la investigación contra Manuel Adorni y ordenó allanamientos en tres inmobiliarias vinculadas a la compra de uno de sus inmuebles, en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito.

Los procedimientos se realizaron en distintas zonas de la Ciudad de Buenos Aires, en locales asociados a la inmobiliaria Rucci, que intervino en la operación del departamento ubicado en el barrio de Caballito.

Qué busca la Justicia

El foco de la investigación está puesto en reconstruir cómo se concretó la compra del inmueble y, especialmente, cuál fue el origen de los fondos utilizados.

Según la causa, el departamento fue adquirido por un valor cercano a los 230.000 dólares, y parte de la operatoria habría sido financiada mediante préstamos privados otorgados por personas sin capacidad económica acorde a ese monto.

Además, los investigadores intentan identificar a un intermediario mencionado en el expediente como “Pablo”, que podría haber tenido un rol clave en la transacción.

Qué se llevaron de los allanamientos

Durante los operativos, la Justicia secuestró documentación y registros vinculados a la compraventa del inmueble, con el objetivo de analizar si la operación se realizó dentro de los parámetros legales o si existieron irregularidades.

Las medidas fueron ordenadas para reconstruir la cadena completa de la operación inmobiliaria, incluyendo a todos los actores que participaron en la negociación.

Un caso que escala

La investigación sobre el patrimonio de Manuel Adorni se viene ampliando en las últimas semanas y suma nuevos elementos que ponen el foco en sus bienes y en la forma en que fueron adquiridos.

El avance judicial se da en paralelo a cuestionamientos políticos y mediáticos sobre la evolución patrimonial del funcionario, en un contexto de alta exposición pública.


El caso sigue en desarrollo y ahora la clave estará en el análisis de la documentación secuestrada, que podría definir si hubo irregularidades en la operación.

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