La Justicia de Jujuy dictó una condena por caza ilegal de vicuñas y estableció medidas ejemplificadoras. El Gobierno provincial anunció que avanzará como querellante en causas ambientales para reforzar la protección de la biodiversidad.
Un fallo que marca precedente en la provincia
Un fallo judicial fue calificado como “ejemplificador” en Jujuy tras la condena a dos personas por caza furtiva de fauna silvestre, específicamente vicuñas.
La sentencia, homologada el 7 de abril de 2026 por la jueza Laura Flores, estableció dos años de prisión de ejecución condicional en el marco de un juicio abreviado.
Desde el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Jujuy destacaron el carácter ejemplar de la resolución, en un contexto donde la caza ilegal sigue siendo una amenaza para la biodiversidad.
Multas, reparación y medidas de concientización
Además de la pena, la Justicia dispuso medidas de reparación ambiental para los responsables.
Entre ellas se incluyen:
- Donación de insumos médicos a centros de salud de Santa Catalina y Cieneguillas
- Aportes económicos para campañas de concientización sobre la protección de la fauna
Estas acciones buscan no solo sancionar el delito, sino también generar impacto social y educativo sobre la importancia de preservar especies protegidas.
El rol del Estado en la causa
El Ministerio de Ambiente participó activamente durante todo el proceso judicial, en articulación con el juzgado ambiental y el Ministerio Público de la Acusación.
Funcionarios como Ana Rodríguez y Malvina Quintana formaron parte del seguimiento del caso, reafirmando el compromiso institucional con la protección de la fauna silvestre.
Además, el organismo anticipó que se presentará como querellante en futuras causas vinculadas a delitos ambientales.
Marco legal y protección de las vicuñas
La vicuña es una especie protegida por normativa internacional, nacional y provincial.
En Argentina, la caza está prohibida por leyes como la de Conservación de la Fauna Silvestre, mientras que en Jujuy solo se permite su aprovechamiento sustentable mediante prácticas tradicionales como la esquila en vivo (chakus).
La caza furtiva, en cambio, constituye un delito ambiental que afecta tanto a los ecosistemas como a las economías comunitarias de la Puna.
Un antecedente clave contra los delitos ambientales
El fallo sienta un precedente en la provincia y refuerza el rol de la Justicia en la protección del patrimonio natural.
Desde el Gobierno sostienen que este tipo de decisiones apuntan a evitar la impunidad en delitos contra la fauna y a fortalecer las políticas de conservación en Jujuy.
La expectativa ahora está puesta en que se multipliquen las acciones judiciales y de control para frenar la caza ilegal y proteger especies clave del ecosistema.