La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la validez de la normativa ambiental que protege glaciares y ambiente periglacial. Desde el Gobierno nacional celebraron la decisión judicial y señalaron que aporta previsibilidad para el desarrollo de actividades productivas dentro del marco legal vigente.
La Cámara Federal de Casación Penal ratificó la vigencia de la Ley de Glaciares, una de las principales normas ambientales de Argentina, y rechazó planteos que buscaban cuestionar su constitucionalidad. La decisión fue celebrada por el Gobierno nacional, que destacó el fallo como un respaldo al marco regulatorio vigente para la protección de los recursos hídricos estratégicos del país.
La resolución judicial ratifica la plena validez de la Ley 26.639, sancionada en 2010, que establece presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglacial, considerados reservas estratégicas de agua dulce. Según destacaron fuentes oficiales, el fallo brinda mayor seguridad jurídica respecto de las reglas que regulan las actividades económicas en zonas alcanzadas por la normativa.
Qué establece la Ley de Glaciares
La Ley de Glaciares tiene como objetivo proteger los glaciares y ambientes periglaciales por su importancia como reservas de agua para consumo humano, agricultura, generación de energía y preservación de ecosistemas.
La normativa prohíbe determinadas actividades que puedan afectar estas áreas protegidas, entre ellas la liberación de sustancias contaminantes, la construcción de obras que alteren significativamente el ambiente glaciar y determinadas explotaciones industriales incompatibles con su conservación.
Además, creó el Inventario Nacional de Glaciares, una herramienta destinada a identificar y monitorear estos cuerpos de hielo en todo el territorio argentino.
El fallo de la Cámara Federal
La decisión judicial confirmó resoluciones previas que habían validado la constitucionalidad de la norma y rechazó nuevos cuestionamientos planteados en el marco de causas vinculadas a actividades productivas en zonas cordilleranas.
Los jueces consideraron que la protección de los glaciares constituye una política pública de interés general vinculada al resguardo de recursos naturales estratégicos y al cumplimiento de obligaciones ambientales establecidas en la Constitución Nacional.
De esta manera, la ley continúa plenamente vigente y mantiene sus alcances sobre las actividades desarrolladas en áreas protegidas.
La reacción del Gobierno nacional
Tras conocerse la resolución, desde el Gobierno destacaron la importancia del fallo para otorgar previsibilidad tanto a las provincias como a los sectores productivos que operan bajo el marco regulatorio actual.
Según señalaron, la decisión judicial contribuye a consolidar reglas claras sobre la utilización de recursos naturales y la protección ambiental, evitando incertidumbres respecto de la aplicación de la legislación vigente.
El pronunciamiento también fue interpretado como un respaldo institucional a los mecanismos de control y evaluación ambiental previstos por la normativa.
Un tema clave para las provincias cordilleranas
La Ley de Glaciares ha sido históricamente objeto de debate en provincias con fuerte actividad minera, especialmente en la región andina, donde conviven proyectos productivos con áreas protegidas por la legislación ambiental.
La confirmación de su vigencia vuelve a colocar en el centro de la discusión el equilibrio entre el desarrollo económico, la explotación de recursos naturales y la conservación de ecosistemas considerados estratégicos para el abastecimiento hídrico del país.
Con este nuevo fallo, la Justicia ratificó que la protección de los glaciares continúa siendo una política ambiental vigente y respaldada por el ordenamiento jurídico argentino.