El jefe de Gabinete presentó declaraciones juradas rectificadas y sostuvo que los fondos provienen de ahorros privados y ganancias por criptomonedas. La explicación todavía no fue corroborada por la Oficina Anticorrupción ni por la Justicia, que continúan evaluando documentación y consistencia patrimonial.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, reconoció este miércoles que mantuvo fuera de sus declaraciones juradas aproximadamente USD 500.000 junto a su esposa y afirmó que se trató de un “error” vinculado al ahorro en negro y a inversiones en bitcoin realizadas antes de ocupar cargos públicos.
Durante una entrevista televisiva, el funcionario confirmó que presentó una declaración jurada actualizada y rectificaciones correspondientes a los años 2023 y 2024. También aseguró que regularizará su situación fiscal y pagará los impuestos que correspondan.
“Cometí el error de haber ahorrado en negro”, dijo Adorni, quien sostuvo que los fondos fueron generados en el sector privado y no durante su paso por el Gobierno.
La versión oficial: ahorros previos y ganancias por criptomonedas
Adorni explicó que comenzó a invertir “fuerte” en bitcoin alrededor de 2013 con unos USD 200.000 y que obtuvo ganancias por aproximadamente USD 300.000, las cuales habría empezado a liquidar desde 2018.
Según su relato, tanto él como su esposa acumularon esos ahorros antes de que él ingresara a funciones públicas.
Sin embargo, hasta el momento no se difundieron comprobantes públicos, registros fiscales ni documentación bancaria que permitan verificar de manera independiente el origen, la trazabilidad y la fecha exacta de esos fondos.
Qué está en discusión
La cuestión central no es únicamente si el dinero proviene de actividades lícitas, sino si fue declarado en tiempo y forma y si la explicación ofrecida resulta consistente con la evolución patrimonial del funcionario y su grupo familiar.
La presentación de declaraciones juradas rectificadas puede corregir omisiones administrativas, pero no equivale por sí sola a una validación oficial de la explicación sobre el origen del dinero. Esa verificación corresponde a los organismos de control y, eventualmente, a la Justicia.
La investigación sigue abierta
La regularización patrimonial se produce mientras continúan las investigaciones y los cuestionamientos políticos sobre el patrimonio de Adorni.
La Oficina Anticorrupción deberá analizar la nueva documentación y contrastarla con las declaraciones previas, los registros fiscales y los movimientos patrimoniales conocidos. En paralelo, la causa judicial continúa bajo evaluación de la Justicia federal, que puede requerir información bancaria, impositiva y societaria adicional.
Hasta ahora, Adorni niega cualquier hecho de corrupción o enriquecimiento ilícito y sostiene que la presentación de la documentación permitirá aclarar la situación. Sus críticos, en cambio, cuestionan la demora en regularizar los fondos y reclaman una auditoría completa sobre el origen y la declaración de esos activos.