El Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) presentó un pedido formal ante la Unidad de Información Financiera (UIF) para que analice la evolución patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, luego de la publicación de su declaración jurada 2025 y de las explicaciones que brindó sobre fondos que no habían sido incluidos en presentaciones anteriores.
La organización solicitó la apertura de un expediente de inteligencia financiera para determinar la trazabilidad, origen y consistencia económica de los bienes y fondos declarados por Adorni y su esposa, Bettina Angeletti. Además, pidió que, en caso de encontrar elementos suficientes, la UIF evalúe la posibilidad de realizar una denuncia penal por presunto lavado de activos.
El planteo fue presentado ante la UIF
El pedido fue dirigido al titular de la UIF, Matías Gabriel Álvarez, y reclama la aplicación de mecanismos de control reforzado debido a que tanto Adorni como su esposa son considerados Personas Políticamente Expuestas (PEP).
Desde el CIPCE sostienen que corresponde realizar un análisis integral del patrimonio del funcionario para verificar si existe correspondencia entre sus ingresos declarados, sus bienes y las operaciones financieras realizadas durante los últimos años.
Las operaciones inmobiliarias bajo análisis
Entre los principales puntos observados por la organización aparecen la compra de una vivienda en un barrio privado durante noviembre de 2024 y la adquisición de un departamento en la Ciudad de Buenos Aires un año más tarde, cuando Adorni ya ocupaba funciones públicas.
También se mencionan importantes sumas de dinero en efectivo declaradas, viajes en aviones privados junto a contratistas del Estado y operaciones crediticias realizadas por fuera del sistema bancario tradicional.
Según el escrito presentado, algunos de estos movimientos patrimoniales ameritan un análisis más profundo para determinar si existe coherencia económica entre los ingresos informados y el crecimiento patrimonial registrado.
Las declaraciones sobre ahorros “en negro”
Uno de los puntos centrales del planteo está vinculado a las declaraciones realizadas por el propio Adorni durante una entrevista televisiva, donde reconoció que había omitido declarar aproximadamente 500.000 dólares correspondientes a ahorros familiares.
En aquella oportunidad, el jefe de Gabinete aseguró que esos fondos provenían de ahorros acumulados durante años y de inversiones realizadas en criptomonedas, especialmente Bitcoin.
La frase “ahorramos en negro como todos los argentinos”, pronunciada por el funcionario, fue incorporada por el CIPCE como uno de los elementos que justifican la necesidad de una investigación financiera más exhaustiva.
Sospechas sobre posibles subdeclaraciones
La organización también incluyó testimonios incorporados en la investigación judicial que, según afirma, indicarían que al menos una operación inmobiliaria podría no haberse escriturado por su valor real.
De confirmarse esa situación, el CIPCE sostiene que podría configurarse una maniobra de simulación susceptible de ser analizada bajo la legislación de prevención del lavado de activos.
El contexto internacional y las exigencias del GAFI
El escrito presentado por la entidad también menciona la situación internacional de la Argentina en materia de control financiero.
Según el CIPCE, el país continúa bajo seguimiento reforzado por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo que exige mayores niveles de control en la detección e investigación de posibles maniobras de lavado de dinero vinculadas a hechos de corrupción.
Por ese motivo, la organización considera que una intervención rápida y exhaustiva de la UIF en un caso que involucra a un funcionario de alto rango sería una señal de cumplimiento de los estándares internacionales de transparencia y control financiero.
Qué podría ocurrir ahora
La UIF deberá evaluar el pedido presentado y determinar si corresponde abrir una investigación financiera específica sobre el patrimonio de Adorni y su esposa.
Mientras tanto, el jefe de Gabinete sostiene que todos sus bienes tienen origen lícito, que regularizará cualquier inconsistencia detectada en sus declaraciones juradas y que abonará los impuestos correspondientes sobre los fondos omitidos.
La controversia se produce en medio de una creciente presión política y judicial sobre el funcionario, quien en los últimos días quedó en el centro del debate público tras reconocer errores en sus declaraciones patrimoniales y explicar el origen de parte de su patrimonio familiar.