El plan de ajuste del presidente Temer crea tensiones en Brasil
El nuevo gobierno brasileño de Michel Temer busca acelerar un programa de ajuste para contener el déficit y reactivar la economía, pero el anticipo de reformas del régimen de jubilaciones y del mercado laboral pusieron en alerta a la población y a sus aliados en el Congreso.
El ascenso del conservador Temer, tras el “impeachment” (destitución) de Dilma Rousseff, fue apuntalado por un amplia base de partidos que ahora miran las elecciones municipales de octubre como una posibilidad de ampliar su dominio territorial y no quiere que medidas impopulares desgasten sus chances.
El gobierno ya envió una propuesta de enmienda constitucional para limitar por 20 años el gasto público al aumento de la inflación, levantando cuestionamientos por posibles recortes en salud y educación.
El martes próximo, el gobierno también dará el primer paso de su programa para reducir la presencia estatal en la economía, con anuncios de concesiones en infraestructuras. “La desestatización” de Brasil, como la llamó Temer, comenzará con proyectos por unos 6.000 millones de dólares, adelantó un asesor de prensa del gobierno.
El Congreso
Las reformas a los regímenes de seguridad social y de trabajo, cuyo contenido no ha sido divulgado oficialmente, tocan temas de alta sensibilidad, como el aumento de la edad de retiro y la flexibilización de las jornadas laborales, que podrían llegar hasta 12 horas, dijo el ministro de Trabajo, Ronaldo Nogueira.
El anuncio generó polémica y el gobierno negó tajantemente el viernes en un comunicado que esté estudiando un aumento de la carga horaria semanal de 44 horas, sino que evalúa la posibilidad de distribuir esas horas de manera diferente.
El Partido de los Trabajadores (PT) empezó a foguear a la opinión pública con ese tema y prometió hacer frente a estas propuestas.
Temer deberá lograr que el Congreso acepte administrar estos tragos amargos a una población cansada por una larga crisis y por la corrupción política. Y las tres reformas (jubilación, trabajo y techo del gasto) exigen enmiendas constitucionales con el respaldo de tres quintos de los legisladores de ambas cámaras.
Ante el temor de que las presiones terminen diluyendo las medidas, el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), aliado al oficialismo pero con ambiciones propias de poder en 2018, dejó en claro que no es momento de ambigüedades.
“No sirve de nada tener popularidad y adoptar decisiones simpáticas. Si hay que tomar medidas amargas hay que tomarlas”, dijoel senador Paulo Bauer. “Tenemos 12 millones de desempleados; gobernadores y alcaldes con grandes dificultades; la industria y el comercio están sufriendo y los funcionarios reclaman mejoras salariales. No hay forma de atender eso si antes no damos vuelta el juego”, agregó.
De finanzas y derechos
Para algunos economistas Brasil está frente a una opción binaria: o frena los gastos o se vuelve insostenible.
Los gastos en seguridad social crecen continuamente porque las jubilaciones se corrigen según aumenta el salario mínimo, que a su vez está indexado a la la inflación y acrecentado por una ganancia extra si la economía crece.
Según el Ministerio de Hacienda, entre 1991 y 2015 los gastos primarios del Estado (antes del pago de intereses de la deuda) pasaron de 10,8% a 19,5% del Producto Bruto Interno (PBI). Las jubilaciones, la asistencia social y los seguros de desempleo representaron 5,6 de los 8,7 puntos de esa expansión.
Con la caída de la recaudación (la economía se contrajo 3,8% en 2015 y se prevé una caída de 3% en 2016) y un rojo fiscal de 2,1% del PBI, Brasil deberá luchar para controlar su deuda sin dejar de pagar sus obligaciones.
El perfil de la deuda pública brasileña saltó de casi 52% del PBI en 2013 a más del 66% en la actualidad.
“Si no se hace la reforma previsional, la enmienda del techo del gasto no podrá por sí sola frenar el aumento del gasto primario”, advirtió un estudio de la Cámara de Diputados.
Pero las protestas que siguieron al “impeachment” de Rousseff y que acusan a Temer de orquestar un “golpe parlamentario” son una amenaza latente para el mandatario, que tiene solo un 13% de aprobación.