Detuvieron a siete prefectos por torturar y secuestrar a dos adolescentes
Siete integrantes de Prefectura Naval fueron detenidos acusados de haber golpeado y secuestrado a dos jóvenes integrantes del colectivo La Garganta Poderosa en Villa Zavaleta, entre los barrios porteños de Barracas y Nueva Pompeya. En tanto, desde esa fuerza federal adelantaron que darán de baja a los siete efectivos involucrados que, por ahora, permanecerán detenidos en el penal de Marcos Paz.
La revista La Garganta Poderosa denunció que el hecho ocurrió el sábado pasado cuando un adolescente de 15 años (cuyas iniciales son E.V.M.) fue a visitar a su abuela y de regreso fue frenado por policías de la Policía Federal para revisarlo.
Un amigo del joven, Iván Navarro, de 18 años, pasaba justo por el lugar y se acercó para saludarlo cuando los oficiales comenzaron a denigrarlos con amenazas y chicanas por su vestimenta. “Yo me acerqué para darle un abrazo a Eze y un oficial, así, de la nada, directamente vino y me pegó una trompada”, dijo Navarro.
Según La Poderosa, una vez que los dejaron ir, a unos 30 pasos fueron interceptados nuevamente por tres móviles de Prefectura, con cuatro efectivos en cada uno. “Nos tiraron adentro de un coche y nos llevaron hasta la garita de Osvaldo Cruz e Iguazú para cagarnos a palos”, contó el mayor de los chicos. Luego agregó que “nos subieron a otro auto, pero primero nos taparon la cabeza y nos obligaron a sentarnos uno encima del otro”.
Desde la revista pudieron reconstruir que, desde allí, se los llevaron hasta un descampado lindero al Riachuelo, detrás de una fábrica, sobre el Camino de Sirga. Luego de recibir más golpes y amenazas, les quitaron sus pertenencias y los liberaron obligándolos a salir corriendo.
“Corrieron, corrieron a sus casas, corrieron a nuestra redacción, corrieron a la Procuraduría contra la Violencia Institucional y se presentaron en la fiscalía de Pompeya, para prestar declaración. ¿Y adivinen qué? Sí, estaba ahí, uno de ellos estaba ahí, el prefecto Leandro Adolfo Antúnez estaba ahí. Lo vieron, lo señalaron y lo denunciaron. Acto seguido, el fiscal Marcelo Munilla Lacasa pidió la orden de detención y la remoción de los agentes que integraban el móvil”, destacaron en la revista.