La mitad de la población activa tiene problemas de empleo
Las oportunidades laborales en la Argentina escasean desde que la actividad económica se estancó después de 2011, el último año con crecimiento importante. Solamente el empleo público mantuvo estabilizados los indicadores del mercado de trabajo, que aún muestran mucha debilidad, con proliferación del empleo precario e informal, dificultades para la inserción laboral de los jóvenes y amplias franjas de población que desisten de la búsqueda de un puesto remunerado ante la falta de posibilidades.
Un informe del IERAL (Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana) de la Fundación Mediterránea especificó que “cuatro de cada diez ocupados desarrolla su actividad laboral en condiciones informales y con altas dosis de precarización”.
Si bien los trabajadores informales o “en negro” representan al 33,8% de los asalariados, el IERAL especifica que “siguiendo una clasificación definida por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el 43% de los ocupados se desempeña en empleos precarios, inestables y de baja retribución, incluyendo en este conjunto a unas 7,9 millones de personas”, al sumar los asalariados informales, cuentapropistas no profesionales, empleadores en microempresas con baja retribución y trabajadores sin salarios.
Al añadir otras 1,7 millones que están desocupadas, aunque buscan trabajo, “prácticamente la mitad de la población económicamente activa (47,8%) enfrenta serios inconvenientes de empleo”, señaló el informe. Se trata de 9,6 millones de personas, sobre un total de población de 43,5 millones en todo el territorio nacional.
Estas cifras son aún más delicadas desde el punto de vista social, si se considera que la Argentina tiene una tasa de actividad relativamente baja, de apenas 46% de la población total. Esta fuerza laboral que es la población económicamente activa (20 millones de personas) comprende a aquellas personas dispuestas a trabajar, tengan o no empleo.
Dentro del grupo de población inactiva cobran notoriedad los llamados “Ni Ni”, unos 984 mil jóvenes de entre 14 y 24 años de edad que no estudian ni trabajan, ni buscan empleo. Según el análisis del IERAL su “incidencia se fue incrementando desde el año 2003” y en su composición, “7 de cada 10 de éstos son mujeres y el 62% habitan en hogares en condición de pobreza”.
El mapa laboral en la Argentina tuvo un drástico cambio en la última década, a partir de la expansión del empleo público, que hoy representa el 21% del total de asalariados (poco más de 2,9 millones de personas), cuando era del 12% en 1996. “Este hecho representa singulares consecuencias adversas sobre la dinámica futura del empleo, la productividad, el salario real y el desarrollo productivo a nivel federal”, consideró la institución de la Fundación Mediterránea.
La entidad argumentó que “cambió significativamente la composición histórica del mercado de trabajo” luego de que el sector público absorbiera trabajadores que antes se desempeñaban básicamente en la actividad privada “transable” y que desde el Estado generan, en muchos casos, bienes y servicios “no transables” (que solo pueden consumirse en la economía en que se producen y no se pueden importar ni exportar) relativos a la administración pública, seguridad y gasto público social.
Al analizar los números se puede observar que durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner (2011-2015) el empleo privado transable (cuyo fruto puede importarse o exportarse) decreció 0,7%, mientras que el privado “no transable” creció apenas 0,3 por ciento. En el mismo período el empleo público tuvo un aumento del 3 por ciento. Esa dinámica se profundizó en los últimos dos años, con una caída del empleo privado transable (-3,1%) y no transable (-1,2%), y un aumento del público (+1,4%).
En síntesis, el empleo público equilibró y compensó el retroceso de los puestos privados, pero no significó un aporte al crecimiento económico, dadas las características de los bienes y servicios que se producen o proveen en uno y otro ámbito. Esta dinámica pone en riesgo la sustentabilidad de este modelo, frente a un déficit fiscal que no deja de crecer y es financiado con inflación y deuda pública, tal como ocurrió en los últimos cinco años.
“Si bien la inserción laboral en el sector no transable (servicios y construcción) es significativa por su dimensión y la caracterización propia de ser sectores mano de obra intensivos, el descuido sobre la competitividad y la generación de puestos de empleo formales en el sector transable constituye un riesgo que puede afectar significativamente la captación de divisas para la economía, la incorporación en mercados internacionales con productos de alto valor agregado, la productividad sectorial y sistémica, y el desarrollo productivo a nivel federal”, detalló el informe.