El oficialismo consiguió dictamen a favor de modificar la ley de migraciones
El oficialismo consiguió en la comisión bicameral de Trámite Legislativo el dictamen de mayoría para avalar el decreto de necesidad y urgencia dictado por el Poder Ejecutivo. El FPV-PJ firmó un dictamen en contra, en minoría, en reclamo de que la cuestión de fondo sea debatida por el Parlamento.
Los diputados nacionales de Cambiemos, Pablo Tonelli y Luis Petri, informaron que consiguieron emitir dictamen de mayoría con seis firmas para validar el decreto que modifica la ley de migraciones, con el objetivo de frenar el ingreso de extranjeros que hayan cometido delitos o acelerar sus procesos de deportación.
Sin embargo, el presidente de la comisión, el kirchnerista Mario Cleri, dijo a los periodistas al término de la reunión de hoy que la firma de los dictámenes aún no está cerrada, debido a que se había acordado pasar a un cuarto intermedio previamente para tratar el decreto sobre los feriados nacionales.
En la audiencia que se desarrolló en el salón Delia Parodi, Cleri había anunciado que se pasaría a la firma de los dictámenes para cerrar hoy el debate sobre migraciones y que el cuarto intermedio se establecía para debatir la semana próxima el decreto sobre los feriados nacionales y no sobre migraciones. Luego cambió de posición.
Consultado por esta agencia, el diputado Petri negó que la posibilidad de firmar haya quedado abierta y afirmó que Cambiemos suscribió el dictamen de mayoría con las rubricas de los senadores Luis Naidenoff y Silvia Giacoppo, y de los diputados Nicolás Massot, Pablo Tonelli y Martín Hernández.
El dictamen de minoría fue firmado por los senadores del FPV, Anabel Fernández Sagasti y Mario Pais y los diputados Diana Conti, Juliana Di Tulio y Marcos Cleri.
Los senadores que se ausentaron de la reunión y posibilitaron así que se impusiera la postura del oficialismo fueron el puntano Adolfo Rodríguez Saá (Peronismo Federal), el pampeano, Daniel Lovera (FPV), Graciela De la Rosa (FPV), Juan Manuel Irrazabal (FPV) y Reaúl Pérez, que representa al massismo.
Al defender el decreto ante la comisión, Petri aseguró que la política migratoria “no es materia penal” y que el gobierno nacional “no está criminalizando a los inmigrantes” si no que “lo que hace es establecer mayores controles y condiciones para el ingreso y permanencia en país, entre ellas, tener antecedentes penales”.
Recordó que en 2015 hubo “sólo cuatro expulsiones” de inmigrantes por delitos y consideró que “la ausencia de controles” que se registraba durante la gestión kirchnerista “terminaba condenando a muchísimos extranjeros a una situación irregular”.
En nombre del FPV-PJ, el senador Pais adelantó el rechazo del decreto presidencial al considerar que “está plagado de normas penales y eso está prohibido” y señaló que su espacio se opone a la forma y no a debatir la cuestión de fondo que, pidió, se de en el marco de un debate en las dos Cámaras y no a través de un DNU.
Previamente, expusieron ante la comisión una decena de miembros de organizaciones de defensa de los inmigrantes, del CELS y de Aministía Internacional, que cuestionaron la validez de la medida, y el director nacional de Migraciones Horacio García, según quien la Argentina es “el país de Latinoamérica con mayor grado de hospitalidad”.
García también admitió que hay “un problema de celeridad en el tema de las expulsiones” de los inmigrantes acusados de delitos”.
El funcionario reiteró la decisión del gobierno nacional de “expulsar a las personas que cometen delitos de envergadura” y afirmó que la Dirección Nacional de Migraciones es “un organismo de control”.
“No estamos divorciados de la integración y de la mirada hospitalaria, somos profundamente hospitalarios”, recalcó y puso de relieve que Argentina es “el país de Latinoamérica con mayor grado de hospitalidad”.