Diputados abre la discusión para penalizar la corrupción de empresas contra el Estado
Iniciará este martes el debate a nivel de comisión del proyecto de ley que impone severas sanciones a la corrupción empresaria contra la Administración Pública, cuya aprobación fue solicitada por el presidente Mauricio Macri en la inauguración de apertura de las sesiones ordinarias.
La intención del interbloque Cambiemos, que conduce el radical Mario Negri, es definir el cronograma de reuniones informativas que se prolongará varias semanas, en las que expondrán la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, empresarios y jueces.
Por ese motivo, la presidenta de la comisión de Legislación Penal, la radical jujeña Gabriela Burgos, citó a las 15 a un plenario donde además de abrir el debate de este proyecto, se tratará otro conjunto de proyectos vinculados con el agravamiento de penas en caso de que la víctima sea un docente.
Además, en forma paralela a estas audiencias, el oficialismo buscará articular consensos con el massismo y el bloque justicialismo para conformar las mayorías que permitan entre abril y mayo sancionar esta iniciativa, que es clave para que la Argentina pueda ingresar en la Organización de Desarrollo Económico (OCED), informaron fuentes parlamentarias.
Alonso expondrá sobre esta iniciativa esta semana, cuando participe de la reunión en París de la Ocde, el organismo al que la Argentina aún no pudo ingresar porque -entre otras razones- pese ser uno de los 41 firmantes de la Convención Antisoborno, no tiene una ley que penalice la corrupción empresaria.
Hasta acá, la Argentina no tiene una ley que condene a una empresa por los delitos de corrupción contra el erario público, ya que hasta ahora la sanción solo se puede aplicar al responsable de la firma, pero esto no implica que esa firma deba interrumpir su actividad.
Por esa razón, la Oficina Anticorrupción envió en octubre un proyecto de ley para incorporar un artículo en el Código Penal que contemple penas a las empresas vinculadas a delitos de cohecho (coimas), tráfico de influencias y negociaciones incompatibles.
Para la diputada Burgos, el proyecto de ley elaborado por la Oficina Anticorrupción “va en consonancia con la OCDE, que además ha exhortado a nuestro país legislar en tal sentido”.
En ese marco, la iniciativa enviada por el gobierno nacional contempla multas de entre el 1 y el 20 por ciento de los ingresos brutos anuales de las compañías observadas, suspensión de actividades y pérdida de subsidios estatales a las empresas que cometan delitos contra la administración pública.
En cuanto a la suspensión total o parcial de actividades, el proyecto determina que no podrá superar los diez años; lo mismo sucede en caso de suspender la marca o patente donde se establece que la prohibición de operar no podrá superar la década.
A lo largo del proyecto se determina que si la empresa fue condenada se le podrán sacar hasta por el lapso de diez años los subsidios estatales, así como prohibir participar de las licitaciones públicas del Estado.
El proyecto establece además que las investigaciones abarcarán las sociedades, empresas, grupos empresarios, aún cuando existe un cambio de personas jurídicas en esa firmas, con lo cual al existir una condena se le aplicará al nuevo sucesor de esa empresa.
En caso de rebeldía, es decir que la empresa no designe un representante legal ante la justicia, el juez podrá pedir la suspensión de la personería jurídica y del CUIT para poder seguir con su actividad, y el Ministerio público designará un defensor público para que ejerza su defensa en juicio.
Las sanciones previstas en esta iniciativa podrán atenuarse en el caso de que haya colaboración con la justicia para esclarecer el acto de corrupción.