Los puertorriqueños son convocados a las urnas para definir su futuro

El Gobierno de la isla convocó para el 11 de junio a un nuevo referéndum, será la quinta vez que se convoca a los ciudadanos para definir el estatus político institucional desde 1967. Los principales partidos de la oposición llaman al boicot.

Puerto Rico es desde hace 119 años un territorio no incorporado a los Estados Unidos, oficialmente se lo define como un Estado Libre Asociado (ELA), debido a este confuso estatus territorial, la isla de los boricua no es ni un estado de los Estados Unidos, ni un estado soberano.

Fue parte del botín de la guerra hispano-estadounidense de 1898, donde España tras la derrota, firma los acuerdos de paz de París del 10 de diciembre. En dichos acuerdos debió ceder varias de sus posesiones de ultramar: las islas Filipinas en el Sudeste Asiático, la isla de Guam en Oceanía y la islas caribeñas de Cuba y Puerto Rico.

Yendo más atrás en el tiempo, Puerto Rico fue durante más de cuatro siglos una colonia española, Cristóbal Colón llegó en 1493 y el dominio se mantuvo sin interrupciones hasta la citada guerra de 1898.

De la administración española han quedado como legado la religión Católica y la lengua castellana que al día de hoy siguen siendo hegemónicas en la isla, así también como los puertos, faros y fuertes militares, hoy devenidos en las principales atracciones turísticas del lugar, además de sus hermosas playas bañadas por el mar turquesa.

Bajo la administración estadounidense se les permitió la redacción de una constitución local, pero muy limitada ya que su soberanía recaería siempre sobre los Estados Unidos.

Los puertorriqueños eligen a su máxima autoridad política el “gobernador” y sus parlamentarios locales, pero no pueden votar a las autoridades de Estados Unidos ni elegir representantes ante su Congreso, salvo que tengan residencia oficial en alguno de los 50 estados miembros de la Unión, gracias a una ley de 1917.

Dada la situación colonial en la que se encuentra la isla, se han efectuado varios intentos a lo largo de las últimas décadas de modificar el estatus político institucional, realizándose a tal efecto referéndums en los años 1967, 1993, 1998 y 2012.

Las opciones que se han barajado históricamente son la independencia soberana, la estadidad (incorporación plena como estado 51) y la actual de continuar como Estado libre asociado, estas opciones tienen un correlato con las tres principales fuerzas políticas de la isla, únicas que cuentan con representación parlamentaria en las cámaras locales:

*Partido Nuevo Progresista (PNP), es el partido del actual gobernador, Ricardo Roselló, la formación ganó las elecciones el año pasado y desde enero de 2017 está al frente del ejecutivo, siempre ha defendido la estadidad, quiere que Puerto Rico pase a ser el estado número 51.

Este partido ha sido el convocante de los últimos cuatro referéndums siempre pidiendo estadidad e incorporarse plenamente a los Estados Unidos.

Actualmente, además de controlar el ejecutivo, el partido cuenta con una holgada mayoría en la Cámara de representantes y el Senado locales. El Partido atribuye una relación directa a la condición irregular del estatus político con los problemas económicos graves que padece la isla y promete que con la estadidad habrá más fondos del Gobierno Federal y mejores condiciones para sus habitantes.

*Partido Popular Democrático (PPD), fundado en 1938, es un rival histórico del PNP y el que más tiempo ha gobernado, inicialmente independentista viró rápidamente hasta posiciones moderadas y desde 1952 ha defendido el estatus actual, mantiene importantes lazos con el Partido Demócrata de Estados Unidos.

Para este referéndum 2017 si bien hubo posiciones divergentes entre sus líderes, en el reciente congreso partidario del 23 de abril ha llamado al boicot y a no participar en el referéndum, con la campaña “El 11 de junio la pava va pa’la playa”.

El presidente del PPD, Héctor Ferrer, ha solicitado formalmente la cancelación del referéndum.

*Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) aboga desde su creación en 1946 por la independencia sin medias tintas, buscan que la isla sea una nación soberana, con su moneda nacional, su Ejército y relaciones exteriores independientes plenas, nunca ha tenido posibilidad de gobernar hasta la fecha, los empresarios y grupos de poder siempre han apoyado financiera y mediaticamente al PPD y al PNP.

El partido soberanista denuncia la política colonial practicada sobre la isla, la intromisión imperialista y la política de sometimiento que han llevado los gobiernos “populares” y “progresistas” a lo largo de las últimas siete décadas, en connivencia con el Gobierno Federal.

Su portavoz en el Senado local, Juan Dalmau, ha llamado al boicot en señal de protesta ante el referéndum convocado por el oficialismo.

El referéndum de 2017 tras una reformulación solicitada por la administración Trump, ofrecerá tres opciones: “Estadidad”, “Independencia / Libre Asociación” y el actual “Estado Libre Asociado”.

En caso que ganara la segunda opción “Independencia / Libre Asociación”, se llevará a cabo una segunda votación el 8 de octubre. La Libre asociación implicaría un acuerdo político libre y voluntario entre Puerto Rico y Estados Unidos, con una menor injerencia de Washington en los asuntos de San Juan, en cambio la independencia implica la soberanía plena como Estado-Nación.

Ninguno de los actores involucrados puede aseverar qué pasaría si alguna de las opciones que implican no mantener el status quo triunfara, ya que por ejemplo el Congreso estadounidense no está obligado a adoptar a Puerto Rico como estado 51 en caso de que se vote mayoritariamente por la estadidad.

Los referéndums anteriores han arrojado resultados muy parejos y con escaso margen entre las opciones de Estado Libre Asociado y la Estadidad, la opción de la independencia ha ido perdiendo fuerza con el paso del tiempo, muchos locales consideran que serían más pobres siendo independientes. También resultará decisivo el número de votantes, más teniendo en cuenta que el PPD y el PIP llaman a la abstención.

Las políticas migratorias restrictivas de Trump hacen difícil prever de que sea favorable a una integración completa de 3,7 millones de ciudadanos, máxime tomando en cuenta que si bien la educación en la isla se imparte en lengua castellana y en inglés, el idioma español es la lengua materna y de su uso habitual del 95% de la población boricua.