Diputados del FPV cuestionaron al fiscal Lello Sánchez sobre varios temas
La visita del fiscal general del Ministerio Público de la Acusación, Sergio Lello Sánchez, a la Legislatura de Jujuy para brindar su informe anual respecto a las actuaciones del organismo a su cargo, disparó varios interrogantes de los diputados que conforman el Bloque del Frente para la Victoria.
Algunos de los planteos realizados por los legisladores opositores al fiscal fueron la publicación o difusión de novedades de causas penales en algunos medios de comunicación antes que llegue la notificación oficial a las personas involucradas en la investigación; la sobreactuación de los fiscales en algunos casos puntuales; y las acciones poco claras de la Justicia en un operativo de allanamiento al domicilio del rector de la UNJu.
Lello Sánchez reconoció que muchas veces se filtran novedades relativas a las investigaciones que están en progreso y aclaró que en los sumarios trabajan fiscales y policías, afirmando que este tema es justamente lo que se pretende resolver a través de la inmediata remisión de sumarios a la Mesa de Registración y Estadísticas del Ministerio Público que se encuentra en pleno desarrollo y que estará funcionando a pleno a partir de este mes.
“Es posible que desde ese ámbito –por la Policía- se filtre información y que se vulneren los derechos de ciudadanos. Esta es una variable muy difícil de controlar. Sin embargo, desde el Ministerio Público se están haciendo los esfuerzos en ese sentido para cambiar esa situación”, puntualizó.
Otro interrogante que surgió durante el informe se relacionó a la actuación que tuvo el fiscal en relación al expediente que se formó en la Justicia en contra del exdefensor del Pueblo, Ricardo Pierazzolli. “Hubo una denuncia, se iniciaron las acciones y lo que nos llamó la atención fue el contacto directo que tuvo el fiscal general con el expediente en cuestión”, refirió el jefe de la bancada, Javier Hinojo.
“La Ley de creación del Ministerio Público, dentro de sus atribuciones, fija criterios generales y libera el ejercicio de la acción a los fiscales, pero este expediente fue requerido por el fiscal en cinco oportunidades en menos de un mes”, explicó con asombro.
Ante esta requisitoria, Lello Sánchez aclaró que no hay un seguimiento personal, pero sostuvo que “es probable que haya ocurrido si se trata de un expediente con cierta trascendencia institucional”. Pero remarcó que puntualmente no recordaba de qué se trataba la cuestión.
También le preguntaron sobre el allanamiento al domicilio particular del rector de la Universidad Nacional de Jujuy, procedimiento confirmado por la Justicia y luego desmentido por el propio Ministerio Público. “Es una investigación que se encuentra en curso, donde se investiga un fraude a la administración pública y la sustracción de un instrumento público, y donde están imputadas cinco personas. Hubo un procedimiento de allanamiento el 28 de abril y hubo otro procedimiento donde no se allanó, es decir se concurrió al domicilio pero no hubo allanamiento”, comentó.
“Nosotros nos enteramos de muchas de las situaciones judiciales a través de los medios de comunicación y en la mayoría de los casos suelen corresponder con la realidad”, precisó por su parte la diputada Alejandra Cejas, quien a la vez le pidió al fiscal que apuntara el criterio de su avocamiento a distintas causas que se sustancian bajo la órbita fiscal, a lo que el funcionario respondió que se ajustan a un plan de auditorías permanentes en todas las fiscalías.
El jefe de la bancada justicialista expuso además ante el fiscal la sobreactuación que se vio, según su criterio, por parte de la Justicia en determinados casos, donde hubo allanamientos, detenciones e incluso la actuación de un fiscal que de oficio bajó de internet una sentencia del foro civil y dictó allanamiento y emitió orden de captura nacional e internacional contra una persona.
Al finalizar el encuentro, los legisladores kirchneristas señalaron “el fiscal reconoció que hubo un crecimiento de la violencia institucional, que los criterios para priorizar las investigaciones penales se ajustan a la trascendencia institucional que se desprenden de valoraciones subjetivas, y que en Jujuy existe un exceso en el uso del instituto de la prisión preventiva”.