Asumieron nuevos jueces tras los concursos
Ayer se concretó la ceremonia de asunción de las juezas de primera instancia especializadas en Violencia de Género, Isabel Cruz Martínez y Liliana Francisca Pellegrini, juzgados que fueron concebidos para dar la batalla cultural contra este flagelo que enluta a todo el país.
En este marco, el gobernador Gerardo Morales ponderó el valioso progreso que experimenta la transformación judicial iniciada en 2015 en la provincia, proceso que se sustenta en la constitución de nuevos juzgados especializados y la designación de magistrados y funcionarios por concurso y oposición.
“Los juzgados de Violencia de Género van a ser un gran aporte en esta lucha, y la manera con la que han trabajado desde el Superior Tribunal de Justicia para su implementación, hablan a las claras de cuál es el camino a seguir en este sentido”, ponderó el mandatario
A su turno, las flamantes juezas especializadas en Violencia de Género de San Salvador y de San Pedro, Isabel Cruz Martínez y Liliana Francisca Pellegrini respectivamente, destacaron la importancia de que Jujuy implemente esta política, afirmando que desde sus respectivas áreas “vamos a trabajar para darle una solución con una perspectiva de género”.
En la oportunidad, también fueron posesionados Esteban Javier Arias Cau, Elba Rita Cabezas y Ana María del Huerto Sapag, flamantes jueces de la Cámara Civil y Comercial.
La cobertura de los juzgados especializados creados por Ley Nº 5897, acentúa la iniciativa del Poder Ejecutivo para atender eficazmente la crítica situación instalada en la provincia a partir de los reiterados casos de violencia de género, que plantean la necesidad de instituir órganos institucionales que garanticen no sólo acceso a la justicia, sino también la tutela jurisdiccional de las víctimas.
Por otra parte, de acuerdo a la reglamentación definida por el Superior Tribunal de Justicia, los juzgados especializados además de nuclear en un fuero único el tratamiento de aspectos penales, civiles y de familia, están facultados para ordenar el proceso. En este escenario, pueden disponer las medidas que resulten pertinentes a fin de resguardar a quienes corran el riesgo de padecer actos de violencia, esclarecer hechos denunciados y establecer el paradero del presunto agresor.