Preocupación por “obstáculos” en la investigación sobre los 43 desaparecidos en México
El Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) está preocupado por denuncias sobre los “obstáculos” que puso el gobierno mexicano a un grupo de expertos que durante un año investigó el paradero de 43 estudiantes desaparecidos en 2014, dijo el martes su portavoz.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció en su último informe presentado el domingo “obstrucciones” de las autoridades para realizar su trabajo. Estos expertos también denunciaron supuestos casos de tortura a los detenidos por el caso y cuestionó la actuación de fuerzas federales en Iguala, estado de Guerrero, donde desaparecieron los estudiantes el 26 de septiembre de 2014.
Rupert Colville, portavoz del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Zeid Raad Al Hussein, saludó la voluntad expresada por el presidente Enrique Peña Nieto de considerar las recomendaciones del GIEI. “Sin embargo, estamos preocupados por los muchos retos y obstáculos reportados por los expertos y que pudieran haber prevenido que ciertas líneas de investigación fueran exploradas, incluyendo el papel y responsabilidad de militares y otras autoridades oficiales en el caso”, señaló Colville en un mensaje emitido en Ginebra.
El vocero hizo también “un llamado al gobierno para asegurar el seguimiento efectivo del informe y para afrontar los retos estructurales más amplios que éste ha expuesto”.
Indignados por la actuación de las autoridades mexicanas, los padres de los estudiantes encabezaron el martes una protesta en Ciudad de México a la que acudieron cerca de mil personas. “El GIEI hizo el trabajo que la PGR (fiscalía general) no pudo hacer”, decía una de las pancartas de la marcha, en la que también circulaban las fotos de los 43 jóvenes.
Para Vidulfo Rosales, abogado de los padres, la declaración de la ONU es una muestra de la preocupación de la comunidad internacional. “Ya no sólo de ONG de derechos humanos, sino ya son los propios gobiernos que están expresando la inconformidad. El gobierno de México ha venido impulsando una investigación desaseada, turbia, que lejos de ofrecer certeza ofrece incertidumbre”, dijo a la prensa.
La misión del GIEI concluye el 30 de abril ante la negativa del gobierno a autorizar la continuación de sus investigaciones, que hasta ahora no alcanzaron a determinar cuál fue el destino de los estudiantes de la escuela rural para maestros de Ayotzinapa.
Según la fiscalía, los estudiantes fueron atacados por policías municipales de Iguala y la vecina Cocula, quienes los habrían entregado al cártel Guerreros Unidos. Al confundirlos con integrantes de una banda enemiga, los narcotraficantes asesinaron a los estudiantes, incineraron sus cuerpos en un basurero aledaño, para luego arrojar sus restos a un río, según la versión oficial.
De su lado, el GIEI alega que no hay pruebas científicas de que los estudiantes hayan sido incinerados en el basurero.
Fuente: Noticias Argentinas