EL FPV cuestionó las modificaciones a la Ley de la Ética Pública
El diputado provincial Luis Cabana, perteneciente al bloque del FPV, cuestionó “el avance del Estado sobre el control que pretende ejercer en la vida de las instituciones sindicales”.
La crítica fue expuesta por el legislador durante el último encuentro parlamentario, donde fue aprobada una modificatoria de la Ley de Ética Pública que establece la obligatoriedad para los dirigentes gremiales de presentar sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción.
“Los dirigentes sindicales conducen entidades que son privadas y que no tienen vinculación con el Estado, que solo actúa como agente de retención de los porcentajes que cada empleado decide libremente otorgarle a su respectiva agrupación gremial”, comenzó diciendo.
“De ninguna manera una ley puede establecer esa obligatoriedad, porque las entidades sindicales gozan de autonomía para funcionar en representación de los intereses de sus afiliados. A estas instituciones las rige la Ley de Asociaciones Sindicales y el organismo de contralor que es el Ministerio de Trabajo”, completó.
Más adelante, aseveró que esta polémica norma no es la vía para que los sindicalistas presenten sus declaraciones juradas, porque los dirigentes gremiales no son funcionarios públicos, pertenecen a la actividad privada y administran un patrimonio que les entregan los afiliados de cada entidad gremial.
Cabana aclaró que si bien a los empleados estatales les pagan con fondos públicos, el cobro de sus haberes responde a una contraprestación de servicio, y recalcó que ese acto “de ninguna manera es un favor que les hace el empleador a su empleados.
Argumentó luego que con este criterio los empresarios de la construcción que ejecutan obras públicas con fondos públicos también deberían presentar sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción. Lo mismo, dijo, deber pasar con las organizaciones intermedias y todas aquellas instituciones no gubernamentales que reciben fondos públicos.
Cabe mencionar que la Ley 5153 – de Ética Pública- es de aplicación para aquellos que cumplen una función pública. En tanto, el empleado estatal tiene una relación laboral y aunque forme parte del Estado, trabaja y cobra por una contraprestación de servicio. Además, las asociaciones sindicales cuentan con una ley aprobada en 1988 y que en su articulado contempla la libertad sindical.
En este sentido, mencionó que uno de los artículos – el 6º- de la Ley de Asociaciones Sindicales hace alusión a los Poderes públicos, aclarando que los empleadores y sus asociaciones y toda persona física deberán abstenerse de limitar la autonomía de las asociaciones sindicales.
“Esta ley fue un hecho político superador, mientras que esta modificación a la Ley de Ética Pública que realizó la Legislatura es un verdadero retroceso y además es violatorio de normas a nivel nacional y de resoluciones internacionales”, acotó.
“La cuota sindical o aporte sindical es determinado por el trabajador en caso de afiliación a una agrupación gremial. Pero el debate en este proyecto tiene que ver con que son fondos privados y no públicos. Estos aportes son fondos privados, porque a la organización ingresan recursos provenientes de las cuotas sociales de los afiliados y no del Estado provincial.
Cabana y el resto de sus pares de bloque parlamentario no acompañaron esta iniciativa por entender que no se puede establecer una misma ley para lo público y lo privado. “Para nosotros esto no es posible, porque el descuento se practica sobre el salario que es el pago por una contraprestación del trabajo realizado para el empleador”, insistió tras dejar abierta la posibilidad de recurrir a la Justicia y a organismos nacionales e internacionales competentes en la materia.