Detuvieron a siete personas luego de un allanamiento a la AFIP

Es en el marco de la causa que investiga la filtración que permitió determinar que familiares del presidente Mauricio Macri y de varios de sus funcionarios blanquearon millones de dólares.
El juez federal Rodolfo Canicoba Corral ordenó este viernes la detención de siete funcionarios de la AFIP, un empresario, un supuesto agente de bolsa y dos empleados, en el marco de la causa en la que se intenta esclarecer cómo se filtró información de personas que ingresaron al último blanqueo de capitales, en 2016.

El magistrado, que además ordenó unos 50 allanamientos, tiene previsto indagar mañana en los tribunales federales de Comodoro Py a los siete empleados que ya están detenidos y acusados por la filtración, denunciada por la conducción de la AFIP el año pasado.

Fuentes judiciales sostuvieron que en la causa, que se encuentra en secreto de sumario, se pudo determinar la existencia de una organización con acceso a la base de datos de la la AFIP, que se dedicaría a la acumulación y venta de información secreta.

En tanto, fuentes de la AFIP consideraron que la investigación “podría alcanzar a caso 20 empleados” del organismo, que trabajaban en la Dirección de Informática, en la Sede Central, y en la Regional Sur, en el porteño barrio de Constitución.

Las fuentes con acceso al expediente le dijeron a la agencia de noticias Télam que “a partir de la investigación, se detectó que una empresa de reportes crediticios conocida como Reportes Online, ofrecía información confidencial a sus clientes”.

“La pesquisa permitió descubrir que los empleados de la AFIP, en su mayoría del área de Informática y Sistemas, habrían desarrollado aplicaciones por las que ingresaban a la base de datos del organismo fiscal de forma remota para después filtrarla sin ser detectados”, agregaron.

Esta agencia pudo confirmar a través de fuentes oficiales que fueron detenidos al menos siete funcionarios de la AFIP; el dueño de Reportes Online, Leandro Rodríguez; un supuesto agente de bolsa y otros dos empleados de la empresa ADS, que brinda el servicio de Reportes Online.

Fuentes cercanas a la investigación confiaron que en las oficinas privadas allanadas se encontraron sumas en efectivo por una cantidad no menor a 5 millones de dólares.

En su página web, la firma ADS se presenta como una empresa “líder en el suministro de información comercial y crediticia” y señala que “Reportes Online es un servicio web que permite acceder a información confiable sobre personas y empresas del país”.

La investigación judicial contó también con la intervención de la Dirección de Auditoría Interna de la AFIP y con la colaboración de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) e implicó la desencriptación de las computadoras, de escuchas telefónicas y entrecruzamientos de datos.

La causa se originó en agosto pasado luego de que el diario Página/12 revelara que familiares del presidente Mauricio Macri se habían acogido al blanqueo de capitales impulsado por el Gobierno.

Sin embargo, desde la Unión del Personal Superior de la AFIP, su secretario General, Julio Estévez, puso en duda que esta banda fuera la responsable de la filtración del blanqueo.

La organización “respondería a otro tipo de posibles ilícitos vinculados a la venta de compensaciones inexistentes y por el sistema, cancelar deudas con la AFIP, pero todo eso lo terminará de definir la justicia”, dijo Estévez.

A partir del trabajo en conjunto del personal Jerárquico de la AFIP y la AFI “se logró encontrar lo que sin duda es solo la punta del iceberg de una práctica repugnante en la repartición: el uso político de la información confidencial”, dijo el dirigente gremial.

Mientras tanto, el titular de la AFIP, Alberto Abad, se encontraba en su despacho analizando los alcances de estos 50 allanamientos, y las posibles personas implicadas.

Por la violación del secreto, a los culpables podrían sufrir pena de 2 años de prisión y 4 de inhabilitación, según lo establece tanto el Código Penal como la ley de Sinceramiento Fiscal en su artículo 87.

Pero en el caso de funcionarios públicos, la pena puede extenderse a 3 años de prisión y hasta 10 de inhabilitación.

En julio del 2013, el entonces jefe del bloque del PRO en Diputados, Federico Pinedo, pidió a la Justicia que se investigue si funcionarios de la AFIP cometieron el delito de “violación del secreto fiscal”. Lo hizo al ampliar su denuncia a raíz de la pesquisa que inició el organismo recaudador sobre el titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y que fue cuestionada por gran parte del arco opositor.