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Ampliaron la imputación a Cristina por cohecho en el caso “Los Sauces”

El fiscal federal Carlos Rívolo amplió el jueves la imputación por presunto cohecho a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a raíz del alquiler de inmuebles de la firma “Los Sauces” a los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López. Fuentes judiciales informaron que el fiscal, haciendo lugar a un planteo de la denunciante Margarita Stolbizer, también imputó a los empresarios López y Báez, este último detenido en la causa por presunto lavado de dinero a cargo de Sebastián Casanello.

Inicialmente, la diputada del GEN había denunciado por enriquecimiento ilícito y falsificación de documento público a la exmandataria y a su hijo Máximo, acusaciones por las que el fiscal los había imputado. Ahora, Stolbizer sumó el supuesto cohecho contra Cristina y Máximo Kirchner, pero por el momento Rívolo sólo amplió la imputación por ese delito a la exmandataria nacional.

En el caso del líder de La Cámpora, el fiscal ordenó medidas para determinar si las operaciones denunciadas tuvieron lugar luego de que el hijo de la expresidenta asumiera como diputado nacional, el 10 de diciembre de 2015, ya que si se hubiesen producido cuando no era legislador no le cabría ese delito.

En su nueva presentación, Stolbizer sostuvo que a través de los alquileres los empresarios vinculados al kirchnerismo pagaban “sumas millonarias” como sobornos, a cambio de la adjudicación de obras estatales o la evasión de impuestos. “Vengo por el presente a acompañar documentación que da cuenta del modo irregular en el que se adjudicaba la obra pública a las empresas de Lázaro Báez y como en forma paralela Cristina Kirchner recibía dinero mediante un acuerdo que tenía la apariencia de un vínculo comercial, pero encubría una promesa, en su condición de funcionario público, para otorgar más obra pública y omitir todo tipo de controles por parte del Estado. Lisa y llanamente el delito de cohecho en su expresión más burda”, señaló la diputada.

Remarcó, al respecto, que “a la par que resultaba beneficiado con contratos del Estado y desaparecían los controles del Estado, aumentaban los vínculos comerciales con la familia Kirchner, existiendo un intercambio de favores existente entre Lázaro Báez (contratistas de obra pública) y Cristina Kirchner como Presidenta, utilizándose la pantalla de alquileres de propiedades, entre otras operaciones comerciales”. Respecto a Báez, la denuncia sostiene que fueron un total de 51 obras que representan un valor de más de 16 mil millones de pesos (16.386 millones)”, y que “sólo se han finalizado 24”. Una de ellas fue la construcción de la ruta provincial 47 que une la ruta 3 con Puerto Deseado, y “la cual es la más cara del mundo”, según Stolbizer.

En tanto, López está acusado de retener 8 mil millones de pesos que debía pagar de Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC) por cada litro de combustible que vendía a través de su red de estaciones de servicio de la marca Oil. Se sospecha que los alquileres que pagaba a los Kirchner por departamentos que supuestamente no usaba eran un modo de retribuirle sus servicios por no demandarle el cobro de deudas impositivas.

La diputada acusó, a la vez, que la empresa M&S de Cristóbal López abonó la locación de varias cocheras, la 054/055/056/057 y 058 del Edificio Madero Center ubicado en Juana Manso entre T. Guevara y Macacha Güemes en 2014 por 27.500 dólares.

Esta semana Cristina Kirchner pidió que el juez federal Claudio Bonadio deje de investigarla en este caso y que dicho expediente quede en poder de su par Julián Ercolini, que tiene a su cargo la causa Hotesur. Bonadio ya investiga a la expresidenta en la causa por la venta de dólar a futuro, por la cual fue indagada, y fue incluso denunciado por la exmandataria ante el Consejo de la Magistratura por presunto mal desempeño en sus funciones, por lo cual pidió su destitución.

En la causa Los Sauces se investiga una maniobra similar a la de Hotesur, pero en lugar de habitaciones de hotel, lo que se indaga es el alquiler de departamentos pertenecientes a la firma que rentaban los empresarios Báez y López. En este expediente y por orden de Bonadio se allanó días atrás el consorcio de varios inmuebles que integran la empresa, de la cual son parte Cristina y Máximo Kirchner, así como su otra hija, Florencia, con un porcentaje menor de acciones.

 

Fuente: Noticias Argentinas

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