Aportantes truchos: la Cámara envió la causa a la Justicia electoral
El juez Martín Irurzun determinó que se la Justicia electoral y no la federal la que investigue los supuestos delitos detectados en la campaña de Cambiemos. Casanello había dado por probado que se falsificaron documentos, realizaron afiliaciones compulsivas al PRO y se realizaron aportes apócrifos a nombre de beneficiarios de planes sociales,
La Cámara Federal anuló este viernes una decisión del juez Sebastián Casanello para que siga en la justicia federal una parte de la investigación por los aportantes truchos de Cambiemos, relacionada con posibles delitos de falsificación de documentos públicos, lavado, entre otras figuras.
El caso llegó a la Sala II de la Cámara, que actualmente integra solo el camarista Martín Irurzun, por la apelación que interpuso el fiscal Carlos Stornelli, contra la decisión adoptada por Casanello a través de la cual dispuso que, previa remisión de la causa de los aportantes truchos al Juzgado con competencia electoral de la ciudad de La Plata, se obtengan testimonios de interés para su incorporación a dichas investigaciones.
En octubre, el juez Irurzun había dispuesto que Casanello debía remitir toda su causa sobre supuestos aportantes falsos de Cambiemos a las campañas 2015 y 2017 a la justicia electoral de la provincia de Buenos Aires.
Casanello, antes de enviar la causa, entendió que había que realizar medidas para incorporar a la investigación.
Pero el fiscal entendió que la decisión de Casanello debía ser revocada, toda vez que, a su criterio, los objetos procesales sobre los que giran dichas investigaciones se encuentran “tan íntimamente vinculados con el presente, que su indagación debe realizarse de manera conjunta e integral, evitando con ello el examen fragmentado de los hechos y el eventual dictado de resoluciones contradictorias en torno a un mismo tópico”.
Para el camarista Irurzun, hay “inconsistencias” y “contradicciones” de carácter técnico en la resolución de Casanello, por lo que anuló su decisión.
En el juzgado de Casanello declararon numerosos testigos, aportantes falsos, quienes, en su mayoría, confirmaron ser beneficiarios de planes sociales y corroboraron que fueron afiliados compulsivamente al PRO en la provincia de Buenos Aires.
En sus declaraciones dijeron que dichas afiliaciones nunca fueron realizadas por ellos mismos, por lo que el magistrado decidió enviar a peritar las firmas mediante expertos de la Corte Suprema. La casi totalidad de las fichas de afiliación fueron falsificadas, por lo que el juez entendía que debía investigar una posible falsedad ideológica y falsificación de documento público.
También otros delitos federales en juego ya que algunos de los damnificados son empleados de empresas privadas proveedoras del Estado, en especial de la Ciudad de Buenos Aires.
Casanello también investigaba la hipótesis de que los nombres de estas personas fueros utilizados para camuflar aportes de las empresas.