Báez apuntó contra Casanello y advirtió que “no probó ningún hecho” en su contra

El empresario Lázaro Báez presentó el lunes un escrito en la causa por lavado de dinero que lo mantiene detenido, en el que advirtió que el juez federal Sebastián Casanello “no probó ningún hecho” en su contra y pidió una audiencia con la Cámara Federal, que lo convocó para el 6 junio.

En el documento, Baéz afirmó que el magistrado tiene “una visión sesgada” de los hechos y reclamó que también se investiguen a los otros empresarios que fueron contratistas del Estado, particularmente Angelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri. “Primero se decidió encarcelarme y sólo luego de ello se intentó justificar -hasta el momento infructuosamente- motivo que sirviera de justificante para proceder de tal manera”, arremetió Báez, quien lleva casi dos meses en el penal de Ezeiza.

El dueño de Austral Construcciones rechazó las que consideró “falsas imputaciones” en su contra y negó que su empresa insignia haya sido la mayor beneficiada con la obra pública durante el kirchnerismo. En ese sentido, recordó que según informaciones aportadas por el gobierno nacional, “todas las empresas que integran el grupo Austral se encuentran en el puesto 36” de las compañías que recibieron obras, mientras que Calcaterra, primo del presidente Macri, figura en el tercer lugar de esa lista.

Por ello, el empresario detenido consideró que la “impropia virulencia jurisdiccional desplegada” sobre su persona y sus “empresas debería desplegarse también sobre” los otros contratistas del Estado. “¿Cómo debe analizarse la actuación de funcionarios públicos, empresarios, diputados y senadores en el tiempo que Vuestra Señoría pone en sospecha bajo el inadmisible ethos al cual se viene haciendo referencia?”, cuestionó.

En ese sentido, su hijo, Leandro Báez, recusó la semana pasada a Casanello por direccionar la investigación hacia su familia y no sobre exfuncionarios imputados, entre ellos, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, lo que debe resolver ahora la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal.

“Las referencias de los funcionarios tendientes a justificar mi arbitraria detención debe implicar el sinceramiento del objeto procesal de esta causa, o bien Vuestra Señoría debe aceptar que está incurriendo en una inaceptable excursión de pesca cuyo único objetivo, reitero, es mantenerme preso a como dé lugar”, agregó Lázaro Báez.

Agregó, al respecto, que el Gobierno, “al seleccionar a sus contratistas, lo hace según un procedimiento preestablecido en las leyes y reglamentos administrativos” y que esas operaciones se inscriben “en el marco de las políticas de Estado fijadas por los representantes del Poder Ejecutivo Nacional en los últimos períodos”. “En el contexto aludido, parecería que el procesamiento en esta causa y la prisión preventiva dictada a mi respecto responde a fines vindicativos o propenden a cuestionar las políticas de Estado y/o de control adoptadas por los últimos gobiernos”, evaluó.

Y agregó: “Los actores centrales de ello no somos nosotros sino los máximos responsables del Poder Ejecutivo Nacional, los funcionarios de las carteras más importantes, los distintos actores del Congreso (Diputados y Senadores, nacionales y provinciales), y los demás funcionarios de la Administración Pública de todos los partidos políticos sobre quienes reposaba el deber de control”.

En el escrito, reclamó además una audiencia a la Sala II de la Cámara Federal, tribunal que debe resolver no sólo la recusación de Leandro Báez contra Casanello, sino los procesamientos por lavado de dinero contra el empresario y demás implicados en el caso por lavado de dinero. Poco después de efectuar ese pedido, la Cámara lo convocó para el próximo 6 de junio a las 11.15.

Al fijar la audiencia, el tribunal suspendió la reunión a la que había citado a la defensa de Báez para ampliar su apelación contra el procesamiento por lavado de dinero y su prisión preventiva. La audiencia tendrá lugar en momentos en que Leandro Báez reclama al Tribunal el apartamiento de Casanello por prejuzgamiento y falta de imparcialidad: lo acusa de investigar sólo a su familia y no a exfuncionarios.

Además, el mismo Tribunal tiene pendiente resolver el procesamiento por lavado de dinero en contra del empresario y su hijo Martín, así como de otros implicados, a raíz del video en la financiera “La Rosadita” en donde se los vio contando millones de pesos.

 

Nuevos allanamientos en Río Gallegos

El fiscal federal Guillermo Marijuan desembarcó el lunes a Río Gallegos, Santa Cruz, para encabezar una nueva serie de allanamientos en el marco de la causa por lavado de dinero que tiene detenido al empresario Lázaro Báez. Tras haber permanecido en la provincia durante varios días semanas atrás, el fiscal retomó las tareas para identificar otras propiedades que podrían pertenecer al dueño de Austral Construcciones, detenido en el penal de Ezeiza desde hace casi dos meses.

Marijuan arribó este lunes en horas de la mañana a la capital santacruceña y, tras pasar por el Juzgado Federal de Río Gallegos, se puso al frente por la tarde de un operativo en una propiedad que había pertenecido a Néstor y Cristina Kirchner y que Báez compró en 2007.

“Hay estancias, empresas, hay de todo”, afirmó el fiscal federal en un breve contacto con la prensa, al ser consultado sobre los allanamientos que tenía previsto realizar.

Para las tareas judiciales, el Ministerio de Seguridad envió a la provincia patagónica 50 efectivos de la PSA (Policía Aeroportuaria), 100 de Gendarmería, 50 de Prefectura, 40 federales y personal de Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Además, participarán unos 200 efectivos locales de los operativos, aunque en la primera jornada estuvo a cargo de la Policía Federal, que mientras el fiscal se centró en la antigua propiedad de los Kirchner, llevó a cabo otra decena de allanamientos.

Según trascendió, Marijuan podría realizar allanamientos en otras ciudades de la provincia, para continuar con la tarea de identificar las propiedades que serían de Báez.

En la primera visita del fiscal federal a Santa Cruz, a fines de abril pasado, se constataron unas 150 propiedades de Báez en la provincia que la Justicia no tenía registradas, además de 90.000 dólares en efectivo y 15 automóviles de alta gama.

 

Fuente: Noticias Argentinas