Causa AMIA: Gabriela Michetti exigió protección para un exfiscal acusado de encubrimiento
El extitular de la Unidad Especial AMIA entre 2016 y 2018, el radical Mario Cimadevilla, grabó un particular pedido de la por entonces Vicepresidenta de la Nación.
Cuando aún era Vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti fue grabada mientras le exigía al titular de la Unidad Especial AMIA, Mario Cimadevilla, protección para el exfiscal José Barbaccia, acusado en el juicio por el encubrimiento del atentado contra la mutual israelita.
“Escuchame una cosa. Estoy acá enterándome de que fue muy mal la indagatoria de José, y que, diríamos, el tema pasó por vos pero que no estás actuando como nos dijiste. ¿Me podés explicar?”, se puede escuchar a Michetti en el audio que hizo público Horacio Verbitsky en “El Cohete a La Luna”.
Cimadevilla grabó a la ex vicepresidenta Michetti cuando le pidió protección para el exfiscal Barbaccia. El exsenador radical no aceptó el reclamo. De hecho, terminó siendo corrido de la unidad.
El pasado 12 de mayo, Cimadevilla volvió a denunciar al exministro de Justicia Germán Garavano de “presionar y hostigar” a jueces y otros funcionarios para “salvar” a los imputados en ese juicio por encubrimiento. Además de Barbaccia, también estaban apuntados el exfiscal Eamon Mullen, el expresidente de la DAIA José Beraja y el comisario Fino Palacios, el primer jefe de la Policía Metropolitana que nombró Mauricio Macri cuando era jefe de gobierno porteño.
El viernes, las declaraciones de Cimadevilla se sumaron a la ampliación de la denuncia que se realizó contra la Mesa Judicial PRO por presiones judiciales. Se pidió que se lo cite como testigo. En la nueva presentación contra el gobierno de Mauricio Macri y su equipo jurídico se cita al exsenador de Chubut y su acusación pública contra el exministro de Justicia a quien le achacó querer impedir el esclarecimiento del encubrimiento: “Querían mantener sospechas sobre posibles autores para, a través de esas suspicacias instaladas y nunca esclarecidas, operar en otras causas contra sus adversarios políticos”.
Tal como se recuerda en la denuncia, Cimadevilla afirmó que cuando estuvo al frente de la Unidad Especial AMIA “pudo comprobar, en persona, que el gobierno de Macri a través del ministro de Justicia Garavano, pretendió que los jueces no actuaran de acuerdo a la ley sino a los deseos de ese gobierno, y eso es, lisa y llanamente, una presión”. El audio de Michetti es un elemento más que confirma sus dichos.
A pesar de las presiones, Mullen y Barbaccia fueron condenados a dos años de cárcel por no haber cumplido con sus deberes funcionales, un delito menor. Los que se beneficiaron con la absolución fueron Beraja y Palacios. Como recuerda Verbtisky en El Cohete a la Luna, “el segundo de Garavano en el Ministerio de Justicia, Claudio Avruj, fue el más próximo colaborador de Beraja en la DAIA. El banquero presidía la organización y Avruj era su director ejecutivo”.
El rol de Garavano
“En marzo de 2017, el gobierno decidió sumarse a la estrategia de la DAIA, por medio del abogado de la UCR Miguel Inchausti, y no buscar la verdad sino la conveniencia política”, explicó Verbitsky en “El Cohete a la Luna”.
Los dos abogados de la querella del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Mariana Stilman y Ezequiel Strajman, terminaron presentando su renuncia. Stilman dirigió una carta a Garavano en la que remarca que fue designada a pedido de la entonces diputada y cofundadora de Cambiemos, Elisa Carrió. También dice que trabajó sin inconvenientes hasta que Garavano dispuso que Inchausti “oficiara de enlace con el señor ministro y sea quien lleve adelante la querella”.
Stilman sotuvo, como publicó El Cohete a la Luna, que tanto las directivas impartidas por el ministro y sus colaboradores como las diferencias de criterios con Inchausti “dificultan seriamente el desarrollo de mi labor como letrada representante de una de las partes acusadoras del juicio, con el debido apego a las normas éticas profesionales, así como afectan mi conciencia jurídica”.
El 11 de abril de 2017, Garavano resolvió instruir un sumario para investigar la renuncia de los abogados y su propio desempeño. Como el ministro también había dado parte a la Oficina Anticorrupción, el 28 de abril, Carrió se dirigió a Laura Alonso para que determinase si existía un conflicto de interés. “No seré cómplice de un intento de obstruir la Justicia en dicho proceso de enorme gravedad institucional”, enfatizó “Lilita”, quien le terminó declarando la guerra a Garavano.
De hecho fue Carrió quien le indicó a Stilman que renunciara, “en tanto se podría ver comprometida en un posible intento de encubrimiento y de una obstrucción de justicia”. El fin de Cimadevilla en la Unidad Especial AMIA quedó sellada cuando decidió no ser complaciente con las exigencias del gobierno y el 31 de enero de 2018 hizo saber al ministro de Justicia que el alegato de la Unidad que dirigía seguiría la línea de la fiscalía con la que debía coadyuvar en la causa.
Al día siguiente, Garavano se hizo cargo de las competencias de la Unidad AMIA y relevó “de hecho” a Cimadevilla. “El 6 de febrero, Carrió acusó a Garavano y a Daniel Angelici de manipular la causa AMIA para encubrir a los encubridores Mullen y Barbaccia”, escribió Verbitsky en El Cohete.
En lugar de los abogados de la querella, Garavano designó un día antes de los alegatos al abogado José Console, miembro del tribunal de disciplina de Boca Juniors. Console pidió la absolución de los ex fiscales. Según Carrió, tenía vínculos de amistad con “funcionarios del ministerio de Garavano”.
La acusación aprobada por Cimadevilla pedía condenas para ambos por todos los cargos. Stilman renunció entonces también a la Unidad AMIA. Y Carrió pidió el juicio político de Garavano.
El 13 de marzo de 2018, Garavano desarticuló la Unidad AMIA alegando que ya había cumplido con su finalidad. Esto provocó que Cimadevilla lo denunciara penalmente una semana después. Lo acusó por encubrimiento, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas. En su presentación apuntó también contra Inchausti, Console y otros funcionarios del ministerio de Justicia. La denuncia fue desestimada en los tribunales de Comodoro Py en julio de 2018.