“No vamos a darles asado”: el gobernador de Chubut desafió la orden judicial sobre la comida de los presos
Ignacio Torres cuestionó duramente una resolución del juez Marcelo Nieto Di Biase, que ordenó al Gobierno provincial comprar carne roja para reforzar las viandas de los detenidos. La medida surgió tras reclamos por la calidad y el contenido nutricional de los alimentos.
El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, anunció este lunes que su Gobierno no acatará una orden judicial que obliga a la provincia a comprar carne roja para reforzar las viandas de los presos alojados en el Instituto Penitenciario Provincial y la Alcaidía de Trelew. El juez Marcelo Nieto Di Biase había fijado un plazo inferior a 72 horas para cumplir con la medida, dictada en el marco de un habeas corpus colectivo presentado por personas detenidas.
La polémica escaló cuando Torres resumió su postura con una frase que rápidamente generó repercusión: “No vamos a acatar la medida de tener que darle asado a los presos todos los días. Eso es una locura”, afirmó en declaraciones a Radio Rivadavia.
Sin embargo, la resolución judicial no establece literalmente que los detenidos deban recibir “asado todos los días”, sino que ordena reforzar las viandas con carne roja ante los reclamos por la alimentación.
Por qué la Justicia ordenó comprar carne
La decisión del juez Nieto Di Biase surgió a partir de un habeas corpus colectivo presentado en representación de los internos.
Los detenidos habían reclamado por la calidad de las comidas que reciben y por una reducción en la cantidad de proteínas de las viandas. El conflicto se profundizó durante las últimas semanas y derivó en protestas dentro de los establecimientos penitenciarios.
Según información publicada durante la audiencia judicial, el propio subsecretario de Justicia de Chubut, Rodrigo Miquelarena, reconoció que la empresa encargada de las viandas había reducido de manera inconsulta la cantidad de proteínas.
El funcionario también señaló que ya existía un expediente administrativo para adquirir carne, aunque el trámite había sufrido demoras.
La orden judicial busca que esa incorporación de carne roja se concrete en un plazo de 72 horas.
El reclamo por las viandas
El conflicto alimentario no comenzó con la resolución judicial.
Los internos vienen reclamando desde marzo una mejora en las comidas y una mayor incorporación de proteínas. La situación tuvo uno de sus momentos más tensos el 7 de agosto, cuando se produjo una protesta en la Alcaidía de Trelew que incluyó la quema de colchones. Los detenidos denunciaban que las comidas estaban compuestas principalmente por fideos y polenta.
La discusión también alcanzó a Cook Master, la empresa encargada de la provisión de las viandas.
Desde la Defensa Pública cuestionaron el servicio y plantearon que la calidad de los alimentos se había deteriorado de manera sostenida. El defensor público Sergio Rey llegó a señalar durante una audiencia que “la situación de Cook Master no da para más”.
La fuerte respuesta de Ignacio Torres
Torres no solamente rechazó la medida, sino que cuestionó públicamente al juez.
“Falta que tengamos que preguntarles a los presos qué quieren comer todos los días, es una locura. Si está preso, es un delincuente”, sostuvo el gobernador.
El mandatario también acusó al magistrado de formar parte de un sector de la Justicia al que calificó de “garantista” y cuestionó distintas decisiones judiciales adoptadas por Nieto Di Biase.
En sus redes sociales, Torres volvió a elevar el tono y habló de “garantismo berreta”, al sostener que determinados sectores judiciales estarían más preocupados por los derechos de los detenidos que por la seguridad de los ciudadanos.
El gobernador también cuestionó otros fallos
Durante sus declaraciones, Torres enumeró otros antecedentes que, según su interpretación, muestran una actuación cuestionable del juez Nieto Di Biase.
Entre ellos mencionó una demora en un allanamiento por un caso de robo de ganado en Dolavon y una resolución relacionada con el traslado de un detenido considerado peligroso para realizar una terapia de manera presencial. Según el gobernador, ese procedimiento terminó en un intento de fuga.
También cuestionó decisiones vinculadas con el uso de teléfonos celulares por parte de personas detenidas.
Torres sostuvo que existen magistrados que “ofician más de sindicato de presos que de jueces” y afirmó que su Gobierno analiza nuevas acciones institucionales frente a este tipo de resoluciones.
La discusión de fondo: derechos de los presos y cumplimiento de las órdenes judiciales
Más allá de la frase sobre el asado, el conflicto plantea una discusión institucional.
La Justicia sostiene que las personas privadas de su libertad continúan teniendo derechos básicos, entre ellos condiciones adecuadas de alimentación y atención médica. El Gobierno provincial, en cambio, cuestiona el alcance de la orden y considera que el Poder Judicial está avanzando sobre decisiones que corresponden al Ejecutivo.
La controversia ahora podría trasladarse a una instancia de apelación, mientras la Justicia deberá evaluar el cumplimiento de la medida.
El caso también expone una tensión que excede la cuestión alimentaria: qué ocurre cuando un Gobierno provincial considera que una orden judicial es incorrecta y anuncia públicamente que no la cumplirá.