La Justicia bonaerense suspendió por 60 días el nuevo Régimen Penal Juvenil
La medida fue dictada por una jueza de Lomas de Zamora, apenas dos días después de la entrada en vigencia de la Ley 27.801. Advirtió que la Provincia no cuenta con las condiciones necesarias para afrontar un eventual aumento de adolescentes privados de libertad.
La Justicia de la provincia de Buenos Aires ordenó suspender preventivamente durante 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en todo el territorio bonaerense. La resolución fue dictada este lunes por la jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, a partir de un hábeas corpus preventivo colectivo presentado en representación de adolescentes privados de su libertad.
La decisión se conoció apenas dos días después de la entrada en vigencia de la Ley 27.801, que modificó el régimen de responsabilidad penal juvenil a nivel nacional. Entre sus principales cambios, la normativa incorpora al sistema penal a adolescentes de 14 y 15 años y amplía los supuestos alcanzados por el nuevo esquema.
El planteo que derivó en la suspensión fue presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo mediante un hábeas corpus preventivo colectivo. La organización cuestionó las condiciones en las que se encuentran alojados actualmente los adolescentes privados de su libertad y alertó sobre el impacto que podría tener la implementación del nuevo régimen sobre un sistema que ya presenta dificultades.
El argumento de la jueza
Uno de los principales fundamentos de Pascual fue que la nueva legislación podría provocar un incremento en la cantidad de adolescentes detenidos, tanto por nuevos ingresos al sistema como por una mayor permanencia de quienes ya se encuentran privados de su libertad.
La magistrada sostuvo que la Provincia no dispone actualmente de la infraestructura, los recursos institucionales y el personal necesarios para afrontar ese escenario sin poner en riesgo los derechos fundamentales de los adolescentes. Para fundamentar su decisión, tomó especialmente en cuenta la situación que viene observando desde hace años en los centros de alojamiento bonaerenses.
En particular, recordó que su propio juzgado había establecido anteriormente un cupo máximo de 60 adolescentes para el Centro Socioeducativo para la Privación de la Libertad Ambulatoria de Lomas de Zamora, debido a que el establecimiento no reunía las condiciones mínimas de alojamiento. Si bien reconoció mejoras recientes en infraestructura, alimentación y provisión de agua potable, señaló que todavía persisten problemas vinculados con educación, formación laboral y los períodos de aislamiento.
La jueza también advirtió que un eventual escenario de hacinamiento podría generar consecuencias no solo sobre los derechos de los adolescentes sino también sobre la seguridad pública. Según el fallo, las condiciones de encierro tienen un impacto directo sobre las posibilidades de reinserción y sobre la violencia con la que quienes atraviesan esas instituciones pueden regresar posteriormente a la sociedad.
Habrá una audiencia el 16 de septiembre
La suspensión es preventiva y por 60 días y no implica, por sí misma, que la jueza haya declarado inconstitucional la Ley 27.801. La resolución se concentra en las condiciones actuales del sistema bonaerense y en el riesgo que podría representar una implementación inmediata del nuevo régimen.
Además, Pascual convocó para el 16 de septiembre a las 10 a funcionarios de distintas áreas del Gobierno bonaerense para que informen qué medidas fueron adoptadas y cuáles están previstas para garantizar la implementación del nuevo régimen. Deberán participar representantes vinculados al Ministerio de Seguridad, el Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
La resolución abre así un nuevo capítulo en la discusión por el Régimen Penal Juvenil, que comenzó a regir a nivel nacional el 5 de septiembre. Mientras el Gobierno nacional sostiene la necesidad de un sistema penal específico para adolescentes que cometen delitos, la Justicia bonaerense puso el foco en una cuestión concreta: si la Provincia está preparada para aplicar el nuevo esquema sin vulnerar derechos fundamentales.